Mientras en Salto circulan apenas 72 taxis habilitados, el intendente Carlos Albisu aseguró a la diaria, a mediados de mayo, que alrededor de 400 vehículos prestan servicios de transporte de pasajeros de forma irregular. La afirmación reavivó el debate sobre la regulación de las plataformas digitales y el futuro del sector.
En ese contexto, la diaria conversó con el exdirigente sindical y trabajador del taxi Antonio de Souza, quien repasó la situación actual del rubro. Recordó que el intendente remitió a la Junta Departamental un proyecto de decreto integrado por 33 artículos que propone regular el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify.
No obstante, De Souza subrayó que la iniciativa no habilitaría más de 120 vehículos para operar mediante plataformas. De aprobarse el proyecto, Salto pasaría a contar con un máximo de 240 unidades de transporte de pasajeros entre taxis y aplicaciones, una cifra que Albisu ha definido como razonable para las necesidades de una ciudad de las dimensiones de la capital salteña.
De Souza sostuvo que entre los trabajadores del taxi predomina la sensación de que las autoridades departamentales han hecho poco para combatir el transporte irregular. Si bien reconoció que se realizaron algunos operativos (en uno de ellos fue detenido un vehículo que prestaba el servicio de forma ilegal), consideró que las acciones no tuvieron continuidad.
En contraste, señaló que los controles sí se han intensificado sobre algunos taxis habilitados, mientras que, según afirmó, “los que sabemos que cobran caro y trabajan por fuera de la legalidad siguen funcionando como siempre”. A su juicio, ese escenario alimenta la percepción de que “no hay demasiada voluntad de revertir la situación”.
Por su parte, el edil del Frente Amplio Juan Pablo Rocca informó a este medio que el proyecto de decreto para regular el transporte oneroso de pasajeros entre particulares mediante aplicaciones o plataformas tecnológicas, tal como había anunciado el intendente Carlos Albisu, fue remitido a la Junta Departamental, analizado por la comisión correspondiente y aprobado días atrás.
Durante su tratamiento, la comisión recibió a representantes del sector del taxi, quienes expusieron su posición sobre la iniciativa ante los ediles. Rocca señaló que, una vez promulgada la normativa, la primera plataforma con posibilidades de operar en Salto sería Cabify.
El decreto establece que el servicio de transporte oneroso de pasajeros gestionado mediante plataformas tecnológicas tendrá como objetivo brindar una prestación “eficiente, optimizada, segura y oportuna”, en concordancia con lo dispuesto por la Ley de Tránsito y Seguridad Vial en el Territorio Nacional.
La normativa dispone, además, que solo podrán operar aquellas plataformas y empresas que cumplan con los requisitos previstos en el decreto y obtengan la autorización de la Intendencia de Salto. Las habilitaciones serán otorgadas por el Ejecutivo departamental con carácter personal, precario y revocable, una decisión que luego deberá ser comunicada a la Junta Departamental.
Entre las obligaciones previstas en el decreto, las plataformas deberán garantizar la disponibilidad del servicio las 24 horas del día durante todo el año y asignar viajes exclusivamente a conductores habilitados por la Intendencia de Salto, que será la encargada de comunicar cuáles cuentan con la autorización correspondiente.
Asimismo, estarán obligadas a bloquear de la aplicación a todo vehículo que no disponga del permiso municipal (denominado Oblea Digital). En caso de constatarse que una unidad prestó servicios sin esa habilitación, la plataforma podrá ser objeto de las sanciones previstas en la normativa.
El texto también establece que las empresas deberán proporcionar a la intendencia toda la información que les sea requerida para garantizar el cumplimiento y la fiscalización del decreto.
Los permisarios de taximetros, vehículos habilitados para transporte turístico de pasajeros y similares, podrán ofrecer también sus servicios a través de las plataformas, sin más trámite que su autorización vigente para el permiso que ejercen normalmente, indica la normativa.
