El Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Universidad de la República (Udelar), integrado por la Facultad de Derecho (Fder) y la Escuela de Nutrición, comenzó una investigación sobre la situación de alimentación de las mujeres privadas de libertad con niños a cargo en la unidad 9 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en colaboración con el Comisionado Parlamentario Penitenciario. El objetivo es evaluar el grado de cumplimiento del derecho a la alimentación en esa población, informó a la diaria Gloria Canclini, coordinadora por la Fder y miembro de la Secretaría Técnica del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC).
En este momento, integrantes del observatorio por parte de la Escuela de Nutrición se encuentran recabando los últimos datos, que luego deberán procesar. Canclini afirmó que se enviará un informe con los resultados a las autoridades entre febrero y marzo de 2019 y luego será publicado. “Estamos investigando para incidir en las políticas públicas. Los primeros que tienen que saberlo son las autoridades”, sostuvo. No obstante, también dijo que el objetivo de la investigación es visibilizar un sector olvidado por la sociedad: “La población carcelaria está prácticamente invisibilizada, porque la sociedad no quiere saber de ella. Nosotros, como academia, tenemos la responsabilidad de mirar para ese lado y ver si los derechos humanos funcionan o no”.
Otro de los objetivos del estudio es internalizar en las mujeres privadas de libertad la protección de la alimentación de sus hijos, conocer la influencia que tienen sobre los niños en lo que respecta a la nutrición y describir el estado de situación para la toma de decisiones. “El que ejecuta las políticas públicas no tiene tiempo de plantearse estos temas”, reflexionó Canclini. Los académicos no descartan extender el estudio a otras unidades penitenciarias si los hallazgos son interesantes.
Este observatorio forma parte, a su vez, del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe creado en 2011 con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), e integrado por 60 universidades. La FAO es la agencia de ONU que lidera el esfuerzo internacional en la lucha contra el hambre.
Uruguay: “desempeño excepcional”
En América Latina el índice de subalimentación es de 5%, pero con diferencias sustanciales entre los países: el caso más crítico es Haití, que tiene alrededor de 47%. Uruguay “ha demostrado un desempeño excepcional”, según dijo a la diaria el representante de la FAO en Uruguay, Jorge Meza: menos de 2,5% de la población está en situación de subalimentación, por lo que el hambre ya no es un problema endémico del país. Además, Uruguay mostró un buen desempeño en la reducción de la pobreza: solamente 7,9% de la población está en situación de pobreza, lo que significa uno de los mejores desempeños en América Latina y el Caribe.
Sin embargo, Uruguay tiene un desafío que abordar: uno de cada cuatro uruguayos es obeso y dos de cada tres está en situación de sobrepeso. En cuanto a la alimentación ese es el problema más grande para Uruguay. Por eso, la FAO se enfocará en ese aspecto los próximos años.
No obstante, para Meza ya es positivo que la temática esté en la agenda pública nacional y menciona políticas públicas como la regulación de la alimentación en los centros educativos y en la publicidad, el acuerdo con la industria de alimentos en reducir las cantidades de sal y el etiquetado de alimentos. “Uruguay está reaccionando, tomando medidas y generando capacidad de comprensión en el consumidor”, afirmó.
Hambre: problema endémico en América Latina
En América Latina hay 39 millones de personas en situación de hambre, lo que corresponde a 6,5% de la población. “A pesar del esfuerzo en reducir el hambre, entre 2016 y 2017 la cantidad de personas en situación de subalimentación se incrementó en 400.000 personas”, sostuvo Meza, quien agregó que existe una relación entre inmigración y alimentación: alrededor de 1.000 millones de personas migraron en todo el mundo entre 1990 y 2000 y 80% de estas tenían relación con el medio rural. “El área rural es un área de exclusión por la rudeza del cambio climático, la situación económica y la afectación de la agricultura”, explicó.
Asimismo, la pobreza en la población rural, que entre 1990 y 2014 se había reducido casi 20%, pasando de 65% a 46%, aumentó 2% entre 2015 y 2016, llegando en 2017 a 48,6%. “El dato es muy fuerte porque muestra que en la región casi 50% de la población está en situación de pobreza”, indicó Meza.
Desde la FAO se hizo un balance de la cooperación de la organización en el contexto nacional y una proyección de la cooperación para los próximos años. El hincapié está puesto en la consigna de que reducir el hambre no es suficiente: “Hay que ir más allá y lograr la seguridad alimentaria y nutricional para toda la población”, afirmó Meza. También se reflexionó sobre la necesidad de una cooperación más activa con periodistas y medios, para visibilizar los temas sobre los que trabaja la FAO.