El presidente Yamandú Orsi resolvió este martes revocar la decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) que había reducido de cinco a tres años la inhabilitación para ejercer a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culpable por la muerte de Soledad Barrera. De esta forma, restableció la sanción original de cinco años, según informó El Observador y confirmó la diaria.
La resolución, firmada por el presidente y por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, a la que accedió este medio, hizo lugar al recurso de revocación presentado por Iris Rosario Barrera, madre de Soledad, contra la decisión del MSP del 1° de octubre de 2025. En ese momento, la cartera había confirmado la sanción dispuesta por la Comisión de Salud Pública, pero había reducido de cinco a tres años el plazo de inhabilitación.
En los considerandos, Orsi señala que la Comisión de Salud Pública había dado por probados cuatro apartamientos graves de las reglas de buena práctica médica por parte de Miralles durante el procedimiento quirúrgico realizado el 26 de octubre de 2023. En esa intervención, Barrera sufrió un paro cardíaco y un daño neurológico severo e irreversible, que se mantuvo hasta su fallecimiento, en agosto de 2024.
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Sobre la reducción de la sanción, el presidente señaló que la resolución del MSP no hacía referencia a sanciones anteriores dispuestas para situaciones similares ni identificaba circunstancias atenuantes en la conducta de la anestesista. También indicó que tampoco desarrollaba explícitamente los fundamentos para apartarse de los principios de discrecionalidad, proporcionalidad y gradualidad que había invocado.
Sin embargo, uno de los fundamentos centrales de la decisión fue la aparición de nuevos elementos probatorios que ameritaban reconsiderar la sanción. En ese sentido, Orsi expresó que compartía lo informado por la División Jurídica del Ministerio de Salud Pública y destacó especialmente la sentencia del 18 de diciembre de 2025, que homologó un acuerdo abreviado promovido por la Fiscalía de Flagrancia de 9° turno y condenó a Miralles como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable.
En particular, la resolución presidencial establece que se comparten los argumentos de Jurídica “en cuanto a la invocación de hechos nuevos que ameritan reconsiderar la sanción oportunamente dispuesta”, y destaca la condena penal de la anestesista. Miralles fue condenada a 24 meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba. En el proceso abreviado reconoció su responsabilidad en los hechos.
Los nuevos elementos incorporados al expediente
El informe de la División Jurídica del MSP, al que también accedió la diaria y que Orsi consideró para restituir la sanción, analiza los elementos que no estaban disponibles cuando se resolvió reducir la inhabilitación. Además de la condena penal, menciona una pericia del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, un acuerdo transaccional y una investigación realizada por la Sociedad Médica Universal.
La pericia médico-forense fue elaborada por una junta integrada por especialistas en medicina intensiva, medicina legal y anestesiología. Para su realización se analizaron la historia clínica de Barrera, la documentación intraoperatoria y archivos de audio del personal de salud que trabajaba en el block quirúrgico.
Entre sus conclusiones, los especialistas señalaron que “la extubación posterior a un PCR de causa inexplicada fue un acto médico inapropiado”. La pericia también indicó que “no queda claro que la anestesióloga hubiera notificado al equipo médico quirúrgico en la sala de block de operaciones, ni que haya asignado un responsable de continuar con el control anestésico durante su ausencia”.
El informe médico también advirtió que existían contradicciones entre los testimonios y la documentación sobre el tiempo que Miralles estuvo ausente. Además, señaló que no era posible asegurar cuáles habían sido los parámetros de oxigenación y ventilación de la paciente durante ese lapso. En una ampliación, los especialistas concluyeron que existió “un apartamiento de la conducta esperada para la media de un especialista en anestesiología enfrentando esta situación”.
Otro de los elementos considerados fue el acuerdo transaccional celebrado en junio de 2026 entre la madre de Soledad, el Servicio Médico Integral (SMI) y Miralles. En ese marco, la mutualista se comprometió a pagar 20.000 dólares y la anestesista otros 50.000 dólares. El informe jurídico señala que los montos superaban ampliamente los parámetros establecidos por la jurisprudencia nacional para casos similares, aunque aclara que el acuerdo fue resultado de concesiones recíprocas entre las partes.
Por último, se incorporó una investigación interna de la Sociedad Médica Universal. Según la documentación remitida por esa mutualista a Fiscalía, la anestesista trabajaba como profesional independiente bajo un régimen de convocatoria libre y dejó de ser convocada para procedimientos anestésicos de afiliados de la mutualista desde abril de 2024 por “supuestas actitudes irregulares” que motivaron una investigación interna.
En sus consideraciones finales, Jurídica sostuvo que la resolución ministerial de octubre de 2025 había sido dictada conforme a derecho, teniendo en cuenta los elementos disponibles en ese momento. No obstante, entendió que la incorporación de nuevas pruebas imponía reconsiderar lo resuelto.
A partir de una valoración conjunta de la prueba, el documento concluyó que los elementos posteriores agravaron los hechos denunciados originalmente. Por eso, recomendó hacer lugar al recurso presentado por Rosario Barrera y elevar nuevamente la inhabilitación a cinco años, sujeta a una revaluación por parte de la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República antes de que venza el plazo.
La resolución de Orsi dispuso finalmente revocar la decisión del MSP del año pasado y confirmar en todos sus términos la resolución de la Comisión de Salud Pública del 3 de diciembre de 2024.
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Lustemberg “queda muy mal parada”
El diputado nacionalista Federico Casaretto, quien ha sido crítico del proceso, se pronunció en rueda de prensa tras la resolución de Presidencia y dijo que está absolutamente de acuerdo con la decisión de Orsi, a quien le habían enviado una nota para que intercediera en la situación.
Lustemberg “queda muy mal parada”, dijo, y se preguntó qué va a pasar con la ministra, que “acaba de ser desautorizada por el presidente de la República” y con la asesoría jurídica “en la que la ministra dice que se basó” para reducir la inhabilitación.
Dijo que queda “en muy mala situación” y que hace tiempo piensa que “no debe seguir al frente” de la cartera, porque “no da garantías”. Los elementos “nuevos los dimos cada vez que la convocamos al Parlamento”, sostuvo.
En tanto, el actual diputado del Partido Nacional y exsubsecretario de Salud Pública José Luis Satdjian publicó en X: “Un año después. La ministra tendría que haberse dado cuenta de su error hace mucho tiempo, y arreglarlo ella. Seguimos sin saber los verdaderos motivos por los que actuó fuera de todo criterio”.