La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibió ayer al Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para hablar de diferentes temas, pero uno de los que tuvieron mayor repercusión fue el llamado a concurso para ocupar los cargos de dirección de 16 hospitales. El directorio de ASSE presentó las bases del llamado el 25 de abril, en una conferencia de prensa, y luego las publicó en su sitio web. Según informó el jueves el semanario Búsqueda, “varios médicos” analizan impugnar el llamado porque encuentran “vicios legales”, y anunciaron que la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo podrían impugnar los llamados por entender que “el cargo de director de hospital no es concursable”.
A partir de la exposición del directorio, el diputado nacionalista Martín Lema solicitó más información. El legislador, que pidió asesoramiento a las cátedras de Derecho Administrativo de las facultades de Derecho, es partidario de que los concursos sean abiertos, es decir que no sólo estén dirigidos a los funcionarios presupuestados de ASSE (a 7.223 profesionales, según publicó Presidencia de la República la semana pasada).
A Lema no le conformaron las explicaciones, entre otros motivos, porque el escribano Julio Martínez, director de ASSE, le respondió que estaban dispuestos a consultar algunos detalles y a modificarlos, dando a entender que las bases publicadas no son las definitivas. En diálogo con la diaria, Lema resumió: “En el tema de los concursos se está improvisando, porque lo que se pone como bases no son bases, son un borrador. La ONSC todavía no dio un informe definitivo, y a su vez no hay un plazo para hacer los llamados”. El llamado a concurso dice que el plazo para presentarse es de mayo a octubre pero, considerando los tiempos del Estado, las autoridades no están en condiciones de responder cuándo podrían ser ocupados los puestos.
Consultado por la diaria, Miguel Fernández Galeano, adjunto al directorio de ASSE, respondió que “lo sustantivo del llamado y de las bases está absolutamente firme y chequeado desde el punto de vista jurídico y de la viabilidad institucional”. Alegó que apunta a los funcionarios de ASSE porque, con el marco legal actual, quien no sea funcionario no puede ser ordenador de gasto. Dijo que la ONSC fue consultada desde que comenzaron a redactarse las bases –recordó que Martínez presidió la ONSC– y que ahora, luego de escuchar algunos cuestionamientos, se le volvió a pedir opinión. Fernández Galeano dijo que ASSE también está interesada en conocer el punto de vista de las cátedras de Derecho.
El jerarca comentó que se mantendrá más de 95% de las bases. Entre los aspectos que podrían modificarse está el de detallar taxativamente las profesiones de “ciencias sociales de la salud” que pueden tener los postulantes –médicos, odontólogos, psicólogos, licenciados en enfermería, egresados de algunas carreras de Tecnología Médica y de Nutrición–, y que no lo hicieron anteriormente debido a las diferentes denominaciones que existen, incluso, dentro de cada profesión. Otro detalle que modificarán es el que habla de la antigüedad de los postulantes: las bases piden dos años, y debería decir “más de dos años”, reconoció Fernández Galeano. El jerarca insistió en la necesidad de profesionalizar la gestión y reprobó la intención de “trancar los proyectos de gobierno”.