“Solidaridad con los pediatras venezolanos y sus pacientes”. Ese fue el tema por el que la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados recibió ayer a la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP). La cita se había solicitado antes de que terminara 2018 y buscaba encauzar soluciones a las problemáticas planteadas por Huníades Urbina-Medina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, y secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, en una carta que le envió a fines de noviembre al Foro de Sociedades Pediátricas del Cono Sur, integrado por las sociedades de pediatría de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay. En la carta Urbina-Medina hacía referencia a “un deterioro progresivo” de la salud en Venezuela y planteaba que epidemias como la malaria, el sarampión y la difteria, controladas y erradicadas en Venezuela, en las Américas “están desbordadas y activas”, y que “lo más grave es que con la emigración masiva de venezolanos se han exportado las mismas a países vecinos”. Alertó por la falta de medicinas y vacunas, y por el colapso del programa de inmunizaciones, que apenas cubre entre 48% y 50% de la población, así como por el “ocultamiento de la información epidemiológica” y las carencias de médicos, debido a la emigración y a la falta de formación médica continua.
“No podíamos quedarnos con esa carta”, explicó a la diaria Alicia Fernández, presidenta de la SUP, y por eso pidieron una reunión con legisladores. La pediatra aclaró que los inmigrantes son bien recibidos pero que preocupa la baja cobertura de vacunación, especialmente de sarampión y difteria, con que llegan los venezolanos. Recordó que en mayo de 2018 Uruguay dispuso, mediante un decreto, que quien solicite la ciudadanía debe tener vigentes las vacunas que integran el certificado esquema de vacunación (CEV) uruguayo. La SUP plantea la necesidad de que también sean vacunados quienes no solicitan la ciudadanía. Preocupa especialmente el sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa y potencialmente mortal; Fernández acotó que Uruguay no tiene casos de esta enfermedad desde 1999, pero ya está presente en Brasil y Argentina. Dijo que si bien los centros educativos exigen el CEV, en los hechos, no es un requisito obligatorio, porque se sopesa el derecho del niño a acceder al sistema educativo.
Para que las enfermedades que se previenen con vacunas no se propaguen, la cobertura de inmunización tiene que ser al menos de 95%, algo que hasta ahora se cumple en Uruguay. Sin embargo, la SUP, así como las autoridades sanitarias, está preocupada por los padres antivacunas, que pueden incrementar el porcentaje de población que no está vacunada. Fernández reafirmó que “las vacunas son una estrategia fundamental de prevención, tal vez la mejor estrategia que haya surgido en la historia de la humanidad”. “Evitamos enfermedades que causaron epidemias de muerte en otras épocas. No podemos estar ajenos a eso, no podemos condenar a nuestros pueblos a que padezcan enfermedades que están erradicadas”, expresó.
Quintín Olano, diputado del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, expresó en diálogo con la diaria que “Uruguay tiene que tomar ciertos recaudos”, como exigir el carné de salud a los adultos para ingresar al mercado laboral, y el CEV en los centros educativos. Además, Olano le propondrá al Ministerio de Salud Pública que en el ingreso fronterizo, cuadros médicos uruguayos examinen a los inmigrantes, “por el bien de ellos, por si tienen alguna enfermedad y, ahí mismo, vacunarlos”.
Para contribuir a la formación de pediatras venezolanos, la SUP les ofrece cursos gratuitos a distancia y cubrirá los gastos que implique su participación en el congreso de la SUP que tendrá lugar en octubre en Uruguay.