La Esperanza Sabalera cumplirá 30 años en agosto; se ubica a un kilómetro de la ciudad de Juan Lacaze, en el departamento de Colonia. En el predio, de 22 hectáreas, hay un tambo, una quesería, una huerta, invernáculos y un área parquizada que sirven para que adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad hagan prácticas laborales. Allí concurren de lunes a viernes y de 9.00 a 15.00; se les da desayuno y almuerzo, y hay espacios pedagógicos, deportivos y de recreación, de intercambio y reflexión, talleres de tambores, cocina, expresión plástica e higiene personal.
La asociación civil que gestiona la institución dio una conferencia de prensa el martes 9 para comunicar la situación deficitaria del centro, y ayer hubo una marcha de apoyo, que fue desde la granja hasta la plaza principal de Juan Lacaze. Según los datos proporcionados por esa asociación en la conferencia, el centro atiende a 38 personas: 16 adolescentes y jóvenes, y 22 adultos. La mayor parte de su financiamiento surge de un convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y también recibe aportes del Banco de Previsión Social (BPS). Los voceros de La Esperanza Sabalera informaron que el déficit económico se debe a que no reciben ingresos por 12 de las 38 personas. Detallaron que no cuentan con cobertura siete adultos que, si bien son personas con discapacidad, carecen de pensión del BPS, y cuatro chiquilines que concurrían por convenio con el INAU; según la asociación civil, ese organismo les comunicó que, como ya cumplieron la mayoría de edad, no habrá más prórrogas de su asistencia. De acuerdo con los datos presentados, el BPS aportó 59.147 pesos mensuales por la atención de 11 usuarios, y el INAU, 175.984 pesos al mes por la asistencia a 16 adolescentes. Eso suma un ingreso mensual de 235.131 pesos, que está 100.000 pesos por debajo afrontados cada mes por la institución, que comprenden el pago del salario de 13 trabajadores (una cocinera, una limpiadora, tres educadores, una maestra, una trabajadora social, una psicóloga, una administrativa, una coordinadora, un sereno y dos peones rurales), la compra de insumos para el tambo, materiales para los talleres, el pago de UTE, OSE y Antel, y el mantenimiento de las instalaciones.
En diálogo con la diaria, el presidente de la asociación civil, Luis Cabrera, afirmó que la complicación surgió luego de que el INAU anunció que no prorrogaría más la atención de los mayores de 18 años (a quienes, mientras se mantiene ese aporte, se les tramita ante el BPS la posibilidad de acceder a una pensión), y que, de hecho, en los últimos tres meses tuvieron que irse cuatro o cinco usuarios por ese motivo. La asociación pide que se mantenga una cantidad de usuarios –por ejemplo, 20– que permite contar con un ingreso fijo seguro. Por otra parte, Cabrera señaló que es necesario solucionar la cobertura de adultos, porque hay siete que no tienen pensión, y que en eso discrepan con el baremo manejado por el BPS, que excluye a quienes tienen una discapacidad leve.
La directora departamental del INAU de Colonia, Karina Pezzutti, tiene otra visión del tema. En diálogo con la diaria, sostuvo que “siempre se han autorizado las prórrogas”, y que “hay cinco chiquilines con 19 años, o sea que es la segunda vez que se les otorga la prórroga por un año, y dos con 18, pero nosotros les transferimos igualmente el dinero, 10,2 Unidades Reajustables por cada uno”.
El INAU comparte la propuesta de que haya un cupo para 20 adolescentes, pero tanto para eso como para otorgar las prórrogas, el organismo le ha propuesto a la asociación civil profundizar en un proyecto de atención socioeducativa para adolescentes, explicó Pezzutti. Añadió que su institución financia a técnicos que atienden a las 38 personas, y no sólo a las que provienen del INAU, y mencionó la intención de que Esperanza Sabalera atienda a más adolescentes y desarrolle proyectos de autonomía para los mayores de 18. La jerarca aclaró que INAU tiene “el mejor concepto” de ese centro, con el que mantiene, junto con el BPS, un convenio desde 1997. Reconoció también que la atención brindada “es una responsabilidad de varias instituciones”, y señaló que el INAU intentó coordinar con otras, pero que “cada una tiene sus normativas y hay que respetarlas”. En ese proceso, la Dirección Departamental del INAU está en comunicación con su homóloga del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene a su cargo el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis).
La asociación civil, por su parte, mantiene reuniones desde enero para buscar soluciones. En enero se entrevistaron con diputados de Colonia –Nibia Reisch, del Partido Colorado; Mercedes Santalla, del Frente Amplio; y Juan Bonjour, suplente del Partido Nacional–, con Pezzutti y con autoridades del BPS y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, y después de Turismo se reunirán con la directora de Pronadis, Begoña Grau.
Cabrera valoró el apoyo de la comunidad en los últimos días, después de que se dio a conocer la problemática del centro: detalló que, pese a la “recesión total” que vive Juan Lacaze, se triplicó el número de afiliados a la asociación y se hicieron donaciones y actividades a beneficio. De todos modos, acotó que todo eso es sólo un paliativo, y que espera que luego de Turismo, se encaminen soluciones más duraderas.