En setiembre de 2017 el Poder Ejecutivo elevó al Parlamento un proyecto de ley sobre el consumo problemático de alcohol. El texto fue el resultado de los acuerdos alcanzados en una comisión intersectorial encabezada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, que trabajó desde 2015. Fue discutido en la Comisión de Salud del Senado y a comienzos de julio de este año obtuvo media sanción. La intención del gobierno es votarlo antes de que comience el receso parlamentario que se levantará después de las elecciones nacionales.
El texto está siendo tratado en la Comisión Especial de Adicciones de Diputados y el Frente Amplio (FA) espera que este lunes se pueda aprobar, con modificaciones, para que esta semana vuelva al Senado y quede pronto para ser promulgado.
Luis Enrique Gallo, diputado del FA y presidente de la comisión, informó a la diaria que la bancada de su partido había resuelto aprobar el proyecto después de las elecciones nacionales “a los efectos de no politizar el tema”, pero que debido a su “importancia”, “amerita que intentemos aprobarlo rápidamente”.
“Tenemos un problema grave de salud pública, porque 260.000 personas tienen consumo problemático de alcohol: ocho de cada diez gurises menores de 18 años van y compran bebidas alcohólicas en cualquier almacén o supermercado sin control; cinco de cada diez jóvenes tienen un segundo accidente: estando alcoholizados, tienen relaciones sexuales sin preservativo, o conducen bajo los efectos del alcohol. Todos esos problemas bajarían enormemente con la aprobación de esta norma”, valoró Gallo.
El proyecto no tiene el visto bueno de los productores. El mes pasado, cuando se empezó a discutir, la comisión recibió a la Organización Nacional de Vinicultores y a la Asociación de Microcervecerías Artesanales del Uruguay (AMAU). Nicolás Monforte, presidente de la Asociación Nacional de Bodegueros, declaró a la prensa que el sector ya cuenta con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, creado por ley hace 32 años, que es el encargado de regular y fiscalizar, y opinó que el proyecto se “sobrepone” a la regulación existente. Además, Carlos Lamarca, secretario de la AMAU, sostuvo que hay algunas festividades, como la Semana de la Cerveza de Paysandú, que “no está tan relacionada con el alcohol sino con la cultura”, que no podrían seguir adelante tal como está redactada la ley. Añadió que su sector, el de las cervezas artesanales, promueve el consumo responsable y que en las fiestas hay puntos de hidratación. “Somos un sector incipiente, joven, y esta ley empieza a generar trabas que no son buenas y deja liberado un mercado que ya es tradicional. El mercado del alcohol está dominado por corporaciones grandes, que de una forma u otra siempre salen mejor paradas que nuestro sector”, aseguró.
Gallo adelantó a la diaria que se modificará el artículo 15, que dice: “Prohíbese la realización de concursos, torneos o espectáculos públicos, con o sin fines de lucro, que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas, con excepción de las modalidades de cata o degustación”. Según Gallo, de la manera en la que está redactado este artículo prohíbe fiestas como la de la vendimia o la de la cerveza, cuando en realidad la intención es prohibir “los concursos de quién toma más alcohol”. “A ese artículo lo vamos a volver a redactar para que no queden dudas”, dijo, y acotó que, a pesar de que los productores defienden sus intereses, “todos hacen hincapié en que es un buen proyecto”.
Consultados por la diaria, los representantes de la oposición en la comisión aseguraron que recién se empezó a discutir el articulado y afirmaron que el acuerdo era seguir trabajando para aprobarlo en diciembre, en una sesión extraordinaria. Susana Montaner, diputada del Partido Colorado, dijo a la diaria que es partidaria de “sacar la ley” pero “escuchando a los actores”, porque “nos están haciendo planteos para que se dañe lo menos posible los sectores en los que hay mano de obra y producción”, y además valoró que “las cosas buenas no pueden salir con urgencias y sin un estudio profundo”. Álvaro Dastugue y Daniel Radío, diputados del Partido Nacional y del Partido Independiente, respectivamente, coincidieron en que tienen algunos reparos con el texto y se mostraron favorables a seguir trabajando.
Problema de salud pública
En la exposición de motivos que redactó el Poder Ejecutivos se destaca que “existe suficiente evidencia científica a nivel mundial, respecto a considerar el uso problemático de alcohol como un problema mayor de salud pública por su incidencia en la carga global de enfermedad y mortalidad”. En eso coinciden tanto diputados del oficialismo como de la oposición, en especial porque, según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media publicada en 2014, “el consumo per cápita anual es de 6,8 litros de alcohol puro por habitante mayor de 15 años de edad –algo superior al promedio calificado por estándares internacionales como medio–”, lo que hace que Uruguay esté “entre los países con alto nivel de riesgo y daño derivado de este consumo”. “Esto es especialmente grave entre los jóvenes, donde siete de cada diez de los que consumieron alcohol tuvieron al menos un episodio de intoxicación en los últimos 15 días”, dice el texto.
El 12 de agosto, la Comisión de Adicciones recibió a Juan Andrés Roballo y a Diego Olivera, de la Junta Nacional de Drogas. Roballo afirmó que “la norma no establece ninguna prohibición extra al consumo o al uso de alcohol”. Olivera expresó que según la Organización Panamericana de la Salud el consumo de bebidas alcohólicas está en el séptimo lugar del ranking de factores de riesgo que ocasionan pérdida de calidad de vida, discapacidad y muerte temprana, y que en Uruguay y en la región hay “una cierta tradición de escasa regulación o de amplio libre mercado para la comercialización de bebidas alcohólicas”. “No creemos que sea adecuado un régimen prohibicionista, porque ya quedó demostrado, a través de distintas experiencias históricas, que no es efectivo y sí contraproducente”, concluyó.
Cambios propuestos
- El Estado desarrollará acciones para prevenir el consumo problemático y para retrasar la edad de inicio en el consumo.
- Se creará un registro obligatorio de vendedores de bebidas alcohólicas en la órbita del Ministerio de Salud Pública.
- Se mantendrá la prohibición de vender u ofrecer alcohol a los menores de 18 años, así como cualquier forma de publicidad y la promoción de estas bebidas en centros educativos.
- Se prohibirán los torneos que promueven la ingesta de alcohol.
- Los establecimientos con una superficie mayor a 100 m2 que vendan bebidas alcohólicas deberán destinar un sector específico para ellas.
- Los espectáculos públicos que vendan u ofrezcan alcohol deberán tener dispensadores gratuitos de agua potable y vender agua embotellada. Se dará mayor visibilidad y homogeneidad a los mensajes de advertencia.
- La publicidad dirigida a mayores de 18 años no podrá transmitir virtudes o ventajas para la salud ni significados que expresen una mejora del rendimiento físico, intelectual o laboral ni de éxito social, así como tampoco usar argumentos ni diseños asociados con la cultura infantil o adolescente ni promover el consumo irresponsable, y tampoco usar figuras públicas que asocien su éxito al consumo de alcohol.
- Se creará una Mesa Coordinadora de Fiscalización del Mercado de Bebidas Alcohólicas, que será interinstitucional y estará presidida por la Junta Nacional de Drogas.
- Habrá distintos tipos de sanciones, que van desde la observación, el apercibimiento y multas de 1.000 a 100.000 unidades indexadas a la suspensión temporal o definitiva de los permisos otorgados, la clausura temporal o definitiva de los establecimientos, el cese de la publicidad y la realización de contrapublicidad a costo del infractor. Lo recaudado se destinará a políticas de prevención.