A los 11 días de asumir, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, prorrogó por 120 días la aplicación del decreto 272/018, que desde el 1º de marzo obligaba a que los productos envasados que tengan exceso de sodio, azúcares, grasas o grasas saturadas luzcan un octógono negro en la parte frontal con la leyenda “exceso” del nutriente que correspondiera. El decreto 272/018 había sido aprobado a fines de agosto de 2018, tras un proceso de discusión de tres años, y había dado un plazo de 18 meses a la industria para que se adaptara y elaborara las etiquetas que ya pueden verse en varios productos. Mediante el decreto del 11 de marzo, el Poder Ejecutivo creó una comisión de trabajo integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Educación y Cultura, Economía y Finanzas, Energía y Minería y de Salud Pública (MSP) “con el fin de evaluar lo relativo al rotulado de alimentos valorando la armonización en el marco de la normativa del Mercosur”.
El Observador publicó este viernes que la comisión no llegó a un acuerdo y que le elevó al presidente Lacalle un informe con dos propuestas: una del MSP, que propone aplicar el decreto actual, y otra de los otros cuatro ministerios, que propone aprobar una nueva prórroga hasta julio de 2021, mientras se negocia la elaboración de una norma con los otros países del Mercosur, con lo que la aplicación de la advertencia nutricional se podría postergar hasta 2023. Fuentes de cancillería informaron a la diaria que la comisión elevará el lunes el informe al presidente de la República y se excusaron de dar más declaraciones por el momento.
Pérdida de credibilidad
El martes, previendo lo que podía decidir esa comisión, la Alianza ENT Uruguay, que nuclea a más de 30 organizaciones de la sociedad civil –entre ellas gremios médicos, sociedades científicas y organizaciones de pacientes– en la lucha contra las enfermedades no transmisibles (ENT), planteó que aprobar un cambio de normativa contraria a lo establecido por el MSP “implicará una pérdida de credibilidad del MSP como rector de las políticas sanitarias de nuestro país”. Afirmó, además, que el decreto 272/018 “no colide con normas de comercio internacional” y que está alineado con los acuerdos del Mercosur, a la vez que “brinda la posibilidad de que los consumidores ejerzan su derecho a estar informados para una alimentación más saludable”.
En diálogo con la diaria, el cardiólogo Eduardo Bianco, integrante de Alianza ENT Uruguay, recordó que hubo un período de más de tres años de discusión y que se resolvió extender de 12 a 18 meses el plazo de aplicación, pero que “llegado ese punto la industria sigue presionando tratando de retrasar su aplicación: primero fueron cuatro meses y ahora parece que se está hablando de un año más”, lamentó.
“Lo que estamos pidiendo es lo mínimo de lo mínimo: es el derecho a la información de lo que estamos comiendo” dijo, y recordó que el sobrepeso y la obesidad afectan a 60% de la población uruguaya y que más de 80% de las muertes en Uruguay están relacionadas con enfermedades no transmisibles, entre ellas las cardiovasculares, cáncer y diabetes.
Bianco cuestionó, además, que se espere “una supuesta armonización con el Mercosur” cuando “es algo que no se sabe si va a ocurrir”, y dijo que la elaboración de una norma común lleva, en promedio, tres años y que existe una cláusula en el Mercosur que establece un plazo de aplicación de tres años luego de que se acuerda una norma. “Entonces estamos hablando de seis años de retraso para encarar un problema por el que estamos teniendo un crecimiento de sobrepeso y obesidad de 1% por año”, exclamó.
No es un tema de partidos políticos sino de salud, dijo Bianco, y lamentó que la interferencia de los intereses económicos, aunque no de todos. En el documento del martes, la Alianza ENT cita un estudio del economista Guillermo Paraje que debilita el argumento de la industria de que esto traerá pérdidas económicas y muestra que en Chile, donde se aplica desde 2016 un rotulado frontal de alimentos similar al de Uruguay (también son octógonos negros) no ha habido impacto negativo en el empleo ni en el salario real de los sectores industriales de productos afectados por la regulación. La alianza mencionó la población se beneficiará de la aplicación del decreto –por la incidencia de la salud en la economía– y que repercutirá favorablemente en otras áreas de la economía como la agricultura familiar y la pesca artesanal.
Ganar en salud y en experiencia
“El decreto está bien enfocado en los nutrientes que son considerados como críticos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las enfermedades que más matan y quitan años de vida a la población en Uruguay y en la región de las Américas”, explicó a la diaria Fabio Gomes, asesor regional en Nutrición y Actividad Física de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Gomes afirmó que lo deseable es que el decreto 272/018 “entre en efecto lo más pronto posible” por el beneficio que representa para la población. Destacó, además, el proceso de elaboración del decreto 272/018, basado en una amplia consulta y en la evidencia científica. Dijo que la advertencia nutricional de este tipo es la recomendada porque se puede leer “de forma rápida y clara” a diferencia de la propuesta del rotulado de semáforo, que indica con texto o con colores verde, rojo o amarillo los niveles de los componentes y puede llevar a la confusión. En ese sentido, mencionó que Coca Cola adoptó voluntariamente en Inglaterra este sistema, porque le da a esta bebida el color rojo en azúcar, pero uno verde en sodio y otro verde en grasas, y eso puede confundir a la población (dos verdes y uno rojo), en comparación con el sello “exceso azúcares”.
Además, Gomes afirmó que “la entrada en vigencia de un decreto en Uruguay no impide que se armonice el tema en el Mercosur”. Entre el 27 y el 31 de agosto de 2018, se reunió en Uruguay el subgrupo de trabajo 3 del Mercosur, de “Reglamentos técnicos y evaluación de conformidad”, que es quien puede dictar normas vinculantes. En esa sesión Uruguay solicitó la elaboración de un reglamento técnico Mercosur para rotulado nutricional frontal; según consta en el acta de la sesión, la delegación argentina manifestó su preocupación porque Uruguay había aprobado en esos días el decreto 272/18, pero Uruguay alegó que de acuerdo al tratado del Mercosur, ante la falta de regulación armonizada, los países tienen “plena libertad” de regular a nivel nacional. Por eso impulsó el tema y el decreto 272/018 incluyó un artículo que establece que se podrá modificar la legislación nacional si se alcanza una regulación consensuada en el Mercosur.
Gomes dijo que armonizar una norma es mucho más fácil hacerlo a partir de experiencias de los países involucrados porque se puede avanzar a partir de las dificultades y los resultados que presenten. Brasil también está discutiendo su propia norma.
“El tema no es si se va a armonizar o no en el Mercosur”, sino “qué hace Uruguay, qué hacen los otros países mientras se discute una posible armonización en el Mercosur”, dijo, y expresó que esperar a agotar la discusión en el Mercosur “generaría una parálisis en todos los países en la posibilidad de tomar acciones”.
Según Gomes, en Chile y en Perú, que es donde se aplica un rotulado similar al que decretó Uruguay, ya se generaron estudios que indican una reducción de ventas de productos con exceso de estos nutrientes y la industria ha reformulado varios de ellos. Negó, además, el impacto económico negativo de estas medidas: dijo que benefician a toda la población y que para la industria, que suele cambiar etiquetas cada poco tiempo en función de estrategias de marketing, no representa un gasto desproporcionado.