El presidente del Colegio Médico del Uruguay, Álvaro Niggemeyer, estuvo en Panorama informativo de la diaria Radio y profundizó en la agenda que se discutió durante el conversatorio “Accesibilidad y equidad en la salud en el Uruguay”, una actividad que la institución organizó el jueves en el Palacio Legislativo, con el objetivo de “poner sobre la mesa las brechas que tienen los usuarios para poder acceder a una salud equitativa”.
Uno de los temas en debate fueron los servicios diferenciales o “socios VIP”. El profesional explicó que cuando se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), por “presiones del lobby”, el gobierno “admitió que los seguros integrales se beneficiaran de la cápita Fonasa, pero manteniéndose la reserva de admisión del paciente”.
En ese sentido, le permite al grupo empresarial “quedarse” con los pacientes sanos y rechazar a los enfermos, aunque aun así se beneficia de la cápita Fonasa: “No habría nada en contra de que los seguros integrales se beneficien de la cápita Fonasa, pero con las mismas reglas de juego que el resto del mercado. No aceptan embarazadas, tenés que firmar a veces que no lo vas a estar por tantos meses, pero incluso algunos no han aceptado a una chica adolescente porque es obesa”, listó.
Trabajan como “una empresa con perfil de riesgo” y, si el usuario presenta el riesgo de gastar más de lo que va a aportar, aplican “economía pura y dura”. Opinó que aunque es un criterio empresarial válido, la “espina irritativa” radica en que “el mismo que se reserva el derecho de admisión y deja afuera a mucha gente –que tampoco es que lo vaya a fundir, sino que simplemente le genera más costo– se beneficie de la cápita Fonasa, que surge del aporte de todos los trabajadores activos y pasivos –también de las empresas y de Rentas Generales– para tener un sistema equitativo”.
Por otro lado, los prestadores deben “competir” con este tipo de seguros integrales y generan “un servicio VIP en el cual cobran a veces una cuota única –de 5.000 u 8.000 dólares y después una sobrecuota, o no– pero con los recursos también del Fonasa”, puesto que las instalaciones y el personal que utilizan “básicamente viene del Fonasa”. Aunque “es admisible que una mutualista cobre un servicio diferencial” para ofrecer mejores instalaciones, “no es admisible que lo haga para las prestaciones del SNIS”.
Aportó un ejemplo personal. Contó que uno de sus allegados desarrolló un cáncer complejo y, al buscar turno con un oncólogo, le ofrecieron una consulta en tres meses o afiliarse al servicio VIP y adelantarla para la semana siguiente: “Eso ocurre. Las autoridades lo saben y no han podido hacer nada”.
Sobre la actividad en la que participó, dijo que cada conversatorio concluye en un documento, que posteriormente funciona como un insumo, y agregó que parlamentarios como los frenteamplistas Luis Gallo y Federico Preve “tomaron la posta en algunos temas para trabajar en ellos”.
Copagos en enfermedades crónicas y tiempos de espera para acceder a especialistas
En el conversatorio también se debatieron los copagos, ya que “es razonable que actúen como tasas moderadoras para que los usuarios no abusen del sistema”, pero, en el caso de algunas enfermedades crónicas, son “una sobrecuota” por estar enfermo: “Aportás toda la vida a un seguro y el día que te enfermás tenés que pagar el doble o el triple”, apuntó. En su razonamiento, dado que si no se cumplen los pagos “vas a tener más reingresos y le vas a generar más costos al sistema”, parecería “razonable” liberar o facilitar los tratamientos en esas afecciones.
Consultado sobre los tiempos de espera para acceder a especialistas a la luz del decreto que presentó el Ministerio de Salud Pública (MSP) para regularlos, Niggemeyer evaluó que es “un tema complejo que difícilmente se pueda arreglar por decreto”. Lo analizó desde dos dimensiones: por un lado está el usuario, que a veces “no cuenta con un médico tratante” y, ante una patología, “recurre al especialista que a él se le ocurre”. Por otro, indicó que es necesario “mejorar la gobernanza en la salud”, ya que “una institución que tiene 100.000 usuarios no puede tener más gerentes que cardiólogos o médicos generales”.
En esa línea, exhortó a fortalecer el primer nivel de atención y derivar en forma más asertiva: “Lo que es fundamental es que haya un médico tratante y que el especialista sea referencia y contrarreferencia. Que el paciente vaya al especialista y vuelva con la respuesta al médico tratante”. Conectado con la segunda dimensión, dijo que en algunas situaciones “es verdad que hay que aumentar las horas de especialistas para poder disminuir la demora”.
Más allá de los tiempos de espera, se refirió al ritmo de atención y dijo que “muchas instituciones juegan con la sobreagenda”, colocando cuatro pacientes por hora pero luego asignándoles a los médicos personas extra. “Hay un intento permanente de poner más pacientes, pero yo diría que con cuatro por hora –con las exigencias actuales de la historia clínica electrónica– ya no se puede hacer una buena medicina”, apuntó. Consultado sobre si el número tendría que bajar a tres, dijo que “podría ir por ahí”, aunque “no todas las especialidades son lo mismo”.
La ley de eutanasia es “muy garantista”, tiene “pasos muy pautados y un protocolo de actuación bien claro”
Sobre la ley de eutanasia, Niggemeyer dijo que se trata de una legislación “muy garantista”, con “pasos muy pautados y un protocolo de actuación bien claro”, por lo que no debería “dar grandes dificultades”. “Es una herramienta que está a disposición del paciente. Está quien antepone el derecho a la vida –que es un derecho irrenunciable en la Constitución– y hay quienes priorizan el respeto a la autonomía del paciente, en un acto profundamente humanista”, dijo.
“Para poder solicitar la eutanasia el paciente tiene que estar lúcido y poder decidir. Excluye a los que tienen un deterioro cognitivo”, recordó. Sobre la voluntad anticipada, que “quedó por fuera porque no hubo acuerdo” a nivel parlamentario, dijo que “probablemente como sociedad no estemos preparados todavía”, pero que no exista para la eutanasia “no quiere decir que no haya una voluntad anticipada para no recibir tratamientos de determinado tipo”.
El proyecto de ley para que los especialistas trabajen dos años en prestadores públicos
Preve presentó un proyecto para que los profesionales de la salud brinden un servicio obligatorio en el sistema público al finalizar sus estudios de grado o de posgrado. Niggemeyer valoró que los médicos no se quieren trasladar al interior, en primer lugar, “por un tema de laudos y de estabilidad laboral”, pero también porque no cuentan con “las condiciones adecuadas para trabajar”. Finalmente, sumó a la lista la “falta de presencia de la Universidad”, ya que muchas veces “no se quieren ir porque se les corta la carrera académica y dejan de participar en la comunidad científica”.
“Yo creo que el proyecto va por mejorar estos puntos y, sí luego de mejorados hay alguna especialidad en la que no logramos de ninguna manera que vayan, me parece válida la herramienta de Preve”, dijo. Agregó que también se podría lograr con “cargos mixtos” entre la capital y el interior, además de que la carga horaria que planteó el legislador “no es tanta” pero “no estamos de acuerdo en obligar a la gente si no se cumplen primero las otras tres condicionantes”.