El proyecto de ley del diputado Federico Preve para que más especialistas se radiquen en el interior sigue generando repercusiones.
Varios días después de haber recibido a Preve para intercambiar sobre la propuesta, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) emitió un comunicado al respecto. El sindicato propone sustituir la obligatoriedad por un sistema voluntario con estímulos en la ley “Servicio de Atención Médica Especializada en los Prestadores Públicos de Salud”.
El SMU “reconoce que la inequidad territorial y la brecha público-privada en el acceso a especialidades médicas es un problema grave que exige soluciones. Que un paciente del interior deba esperar meses o trasladarse cientos de kilómetros para ver a un especialista es inaceptable”, por lo que también “valora que el tema esté en el ámbito parlamentario”.
Sin embargo, rechaza la obligatoriedad sobre la base de dos informes jurídicos “independientes” que el comité ejecutivo encargó y que identifican objeciones desde el punto de vista legal. “Por otro lado, la evidencia internacional también es clara: los sistemas de obligatoriedad no generan radicación. Los médicos cumplen el período y se van. El problema estructural sigue intacto”, agrega la declaración del sindicato.
En tanto, plantea una alternativa: implementar una remuneración equivalente al valor horario de la función de alta dedicación de la especialidad, con cómputo de las horas de traslado de ida y vuelta como horas trabajadas, y reemplazar la obligatoriedad por un sistema con incentivos reales como, por ejemplo, exoneraciones fiscales proporcionales al tiempo y la distancia; puntaje especial en concursos académicos y laborales; y acceso a funciones de alta dedicación al egreso de la pasantía.
Por último, el SMU solicitará a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados una instancia para presentar esta contrapropuesta en el marco del debate parlamentario.
Estudiantes cuestionan la obligatoriedad y reclaman “soluciones reales”
Desde Medicina con Libertad, uno de los dos grupos que entregaron una carta y firmas al diputado nacionalista Rodrigo Goñi en contra del proyecto, fundamentaron por qué no acompañan la iniciativa y también rechazaron la obligatoriedad que plantea.
En diálogo con la diaria, Martina Cambre, integrante de Medicina con Libertad, sostuvo que organismos como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han señalado “en múltiples informes que la falta de personal de salud en zonas rurales y alejadas es un problema global”, pero también advirtieron que “las medidas coercitivas por sí solas no generan soluciones sostenibles”.
Según ambos organismos, para lograr una distribución equitativa de profesionales se necesitan “incentivos reales, buenas condiciones laborales, oportunidades de desarrollo y sistemas de salud fortalecidos”.
Cambre agregó que “el problema del interior existe” y que “nadie serio lo niega”, pero que este proyecto “intenta resolver décadas de mala planificación descargando el peso sobre quienes recién terminan la carrera: los profesionales jóvenes”.
A su entender, lo “más preocupante es que la evidencia internacional ya mostró muchas veces que este tipo de medidas, por sí solas, no solucionan el problema de fondo”.
“Los profesionales no se retienen por obligación; se quedan cuando existen condiciones dignas para vivir, crecer y trabajar”, reafirmó.
Movimientos sociales respaldaron el proyecto tras conversatorio
El pasado sábado, en el paraninfo de la Universidad de la República, se realizó un conversatorio sobre el proyecto en el que participaron estudiantes tanto de Medicina con Libertad como de la Asociación de Estudiantes de Medicina, asociaciones de pacientes, distintos actores universitarios y también Preve.
Tras el encuentro, el Frente Social de la Salud (FSS) emitió un posicionamiento a favor del proyecto, que fue respaldado por movimientos sociales vinculados a la salud. El FSS consideró “positiva y necesaria” la propuesta recogida en el proyecto de ley como un “paso para avanzar en un proceso de fortalecimiento y equidad en la distribución de recursos humanos” del sistema de salud.
El posicionamiento se basa en que “la desigual distribución del personal de salud y, en particular, de las especialidades en distintas profesiones, es un motivo de deterioro grave de la atención sanitaria y una violación del derecho a la salud que sufren sectores importantes de la población en nuestro país”.
Además, el FSS sostuvo que las instituciones terciarias de formación de profesionales, y en particular la Universidad de la República, tienen “un compromiso ético con la sociedad para aportar a la calidad de vida colectiva a través de la formación, la investigación y la extensión”. En un marco de respeto a la autonomía universitaria, ese valor ético requiere “aportar, participar y comprometerse en la planificación estratégica que la sociedad realiza respecto a las cantidades y calidades de profesionales necesarios, corrigiendo desigualdades e injusticias existentes”.