La primera casa comunitaria autogestionada por personas que estuvieron en situación de calle y atravesaron padecimientos de salud mental, inaugurada en 2023, atraviesa un momento crítico: su continuidad quedó en manos de quienes militan el proyecto desde sus inicios.
El dispositivo no es ajeno a los atrasos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en los pagos de salarios y en la renovación de convenios con organizaciones civiles. En este caso, el ministerio financia el alquiler de la casa, alimentos y la contratación de dos psicólogos y otras dos personas, que pueden ser usuarios del Mides o de dispositivos de salud mental.
Radio Vilardevoz y La nave de los loques —el espacio cultural que funciona en la planta baja de la casa— difundieron un comunicado en el que señalan que la asociación civil sostuvo el convenio con el Mides desde 2023 “hasta donde se ha podido”.
Agregan que en los últimos años recurrieron a préstamos personales e institucionales para cumplir con las obligaciones del proyecto, “dadas las insuficientes respuestas del ministerio para ver cómo seguir sin cobrar las partidas correspondientes”.
También señalaron que llegaron “al límite” y que, por ese motivo, desde mayo cinco trabajadores fueron enviados al seguro de paro, a la espera de novedades sobre el pago de las partidas.
El impacto sobre residentes y usuarios
En la casa viven diez personas y, para evitar que vuelvan a una situación de calle, quienes sostienen el proyecto elaboran “un plan de contingencia” basado en la experiencia acumulada desde la apertura del espacio.
Además, la falta de recursos implica el cierre momentáneo de La nave. Eso supone que unas 150 personas por semana dejarán de acceder a acompañamiento psicológico, espacios artísticos, comunicacionales y sociolaborales, además de un espacio “seguro y cuidado” durante el día.
Comisión de Salud Mental denuncia situación “devastadora y repudiable”
A raíz de esta situación, la Comisión Nacional por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental emitió un comunicado en el que calificó como “devastadora y repudiable” la falta de pago de las partidas de convenios del Mides con organizaciones civiles, porque afecta “la implementación de la ley y el funcionamiento de dispositivos que ya están abiertos”.
Además, manifestó “preocupación y decepción” por la “tan divulgada convocatoria Acción País”, las recientes renuncias de autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), que “dilatan acciones”, y la falta de “cambios reales e inversión presupuestal” para sostener dispositivos como casas de medio camino y espacios de atención y prevención.
“Necesitamos salir de diagnósticos y promesas para dar acción al cambio que hace años la ley exige y no se cumple”, señalaron.
Los planes del MSP en salud mental para este año, según Lustemberg
En su última comparecencia ante la Comisión de Salud Pública del Senado, a principios de este mes, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, fue consultada sobre las políticas de salud mental impulsadas por el gobierno.
La jerarca sostuvo que el Ejecutivo trabaja para “dejar atrás el modelo asilar hospitalocéntrico” y avanzar hacia “un modelo de atención comunitario, basado en derechos humanos, donde la salud mental es entendida como un bien colectivo y un motor del desarrollo humano”.
Según explicó, el “corazón” de la reforma es la desinstitucionalización y, en ese marco, el gobierno trabaja en la creación de dispositivos alternativos como casas de medio camino, centros diurnos de rehabilitación psicosocial y residencias asistidas.
El objetivo, agregó, es “crear y consolidar una red que promueva la autonomía y la inclusión social” mediante una serie de metas previstas hasta 2027, entre ellas la capacitación de equipos de atención primaria, la conformación de “equipos de proximidad y cercanía” y la creación de centros comunitarios de rehabilitación.
Lustemberg afirmó que estas políticas se desarrollan en coordinación entre ministerios, intendencias y el Instituto Nacional de la Juventud (INJU). “Se trata de un abordaje dual, tratando simultáneamente los trastornos mentales y el consumo problemático de drogas”, detalló.
Sobre Acción País, dijo que en los encuentros realizados en el MSP se recogieron 275 propuestas para las que hay “consensos y financiamiento”, con el objetivo de fortalecer la política pública de salud mental y avanzar en la implementación de la ley de presupuesto.
Por último, anunció que en 2026 se implementarán dos hospitales de día, dos casas de medio camino, un centro de rehabilitación, una unidad de corta estadía para adolescentes en el Hospital Saint Bois, una unidad de atención domiciliaria en el Hospital Vilardebó, nueve equipos comunitarios de salud mental “con impacto en todo el territorio nacional” y 50 recursos humanos dedicados específicamente para salud mental.