Las agresiones a los equipos de salud que asisten en domicilio –emergencias móviles, médicos de radio, enfermería domiciliaria– son un motivo de preocupación de los trabajadores de la salud, que en 2011 impulsaron la creación de la Comisión Multinstitucional por la Seguridad del Personal de Atención Extrahospitalaria (Comsepae), que nuclea a los gremios de la salud y a los ministerios del Interior (MI), de Trabajo y Seguridad Social y de Salud Pública. El viernes, una delegación encabezada por el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, recibió a integrantes de la Comsepae, quienes le transmitieron el trabajo hecho con las anteriores administraciones del MI, y que pretenden continuar.
“Los temas de seguridad no terminan con el cambio de gobierno y para nosotros es esencial un fluido relacionamiento con el MI, con la Policía, con los patrulleros, con todos los que nos dan seguridad en un escenario complejo como es cualquier lugar de la ciudad”, explicó al salir de la reunión Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, en una conferencia de prensa que dio junto con Martín Pereira (Federación de Funcionarios de Salud Pública), Marcos del Pino (Federación Uruguaya de la Salud) y Jorge Díaz, representante de la Cámara de Emergencias Móviles. Según Grecco, les transmitieron a las autoridades ministeriales los lineamientos para “poder mantener una asistencia a la población, a pesar de los escenarios de inseguridad, sin arriesgarnos”. Dijo que el ministro “fue muy receptivo” y tanto él como Pereira y Díaz remarcaron la voluntad política para continuar buscándole soluciones al tema.
Tras la conferencia de los integrantes de la Comsepae, Larrañaga, el director general de Secretaría, Luis Calabria, y el director del Departamento de Planificación y Estrategia Policial, Jorge Berriel, dieron otra conferencia de prensa. “El MI va a asegurar la entrada de ambulancias y de servicios médicos en cada centímetro cuadrado del territorio nacional; no hay lugar en donde no pueda verse con respeto y con aceptación la presencia de servicios de enfermería, de las ambulancias, de los equipos móviles de atención de salud”, afirmó Larrañaga. “Hemos librado las órdenes correspondientes para la coordinación” de la asistencia, y adelantó que se harán campañas de comunicación “tendientes a ese respeto imprescindible que tiene que existir por parte de todos en todos los barrios, porque de ello puede depender la vida de los vecinos”.
Los miembros de la comisión también hablaron de llegar a todos los puntos del territorio y de no estigmatizar a barrios de la ciudad porque la violencia es “un fenómeno dinámico, que hoy está en un lugar y mañana está en otro”, señaló Grecco, que remarcó que es fundamental “no ceder a que por hechos de violencia la población abdique de derechos”.
Asistencia concreta
En 2014 la Comsepae creó un protocolo de seguridad que se aplica cuando un integrante del equipo de salud ve la posibilidad de riesgo y, para resguardarse, solicita el acompañamiento policial. Lo que ocurre, según denunciaron los integrantes de la comisión en agosto de 2019, es que eso no siempre sucede, porque no siempre hay móviles disponibles para responder a la demanda, que muchas veces tiene que darse en forma inmediata.
Grecco adelantó que el MI participará esta semana de la primera reunión de coordinación del grupo para mejorar el protocolo de seguridad. “Tener un acceso rápido, directo y fluido a la Policía ante cualquier situación en la calle que requiera de la asistencia de un móvil policial”, afirmó, y agregó que el protocolo “en el papel es muy lindo, pero cuando vamos a la realidad tenemos problemas de los fluidos de la comunicación, de la disponibilidad de móviles policiales, de la situación que se está viviendo, de que el MI entienda que no es lo mismo para nosotros el apoyo policial para un llamado no urgente que para una emergencia real; hay muchos aspectos que hay que profundizar para mejorar”.
Consultado por la prensa, Larrañaga respondió que está dispuesto a perfeccionar algunos aspectos, como “tener un teléfono abierto, tener un teléfono del centro de comando unificado para rápidamente ser advertidos de esa necesidad de concurrir a determinados barrios”.
Penas dispuestas en la LUC
El artículo 17 del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) establece que quien hostigue, insulte, ataque física o verbalmente, maltrate, menosprecie o perturbe “emocional e intelectualmente” a trabajadores de la educación y de la salud “será pasible de una multa de hasta 80 unidades reajustables” y de medidas previstas en la ley de faltas. Consultado al respecto, Calabria respondió que esto “va en la línea de recuperar el respeto hacia funciones esenciales en la sociedad: salud, transporte [que se incluirá también en el artículo] y obviamente a la Policía”. En la Comisión Especial que estudia la LUC, Grecco planteó, el 15 de mayo, que el SMU no se opone a esa medida, porque “es una señal” para los trabajadores de la salud, pero dijo que “los aspectos punitivos no resuelven este tema” y que debe hacerse un abordaje multidisciplinario.