“Somos patrimonio vivo, no enfermedad”, “Respeto”, “Paciencia”, “Jubilación digna, no a la limosna de $ 250”, “No más violencia patrimonial de organizaciones ni de las familias”, decían algunos carteles que mostraban ayer en la plaza Independencia integrantes de varias organizaciones sociales que conmemoraron el Día Internacional de las Personas Mayores.
Después de mucho tiempo de encierro y de virtualidad, fue una instancia en la que se encontraron, conversaron, algunos bailaron, pero también reclamaron, a partir de una convocatoria del Consejo Asesor de Personas Mayores de Montevideo, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y la Red de Personas Mayores.
La salud y el confinamiento
En la proclama dieron cuenta de algunos de los problemas que les trabajo la pandemia, como el perjuicio del “aislamiento preventivo y la soledad sobrevenida”, el incremento de la depresión y el deterioro cognitivo por haber dejado de hacer terapias y actividades de estimulación cognitiva.
“Se nos destruyeron los hábitos. Hace cinco o seis años peleábamos por establecer vínculos, por agrandar las redes, por tener diferentes actividades, lúdicas, de trabajo, de interrelacionamiento. La pandemia nos generó unos miedos tremendos, nos cortó los accesos a la información, por la brecha digital que se generó, se creó un problema de aislamiento, de soledad bastante importante, todos elementos que afectan enormemente la salud mental”, dijo a la diaria Jorge Tourón, integrante del Consejo Asesor de Personas Mayores de Montevideo y participante de la actividad.
Expresaron que “la falta de atención sanitaria” de los problemas que no tuvieran que ver con la covid-19 “agudizó enfermedades psicosomáticas, artrosis, enfermedades cardiovasculares, musculares, respiratorias, obesidad, diabetes y enfermedades autoinmunes”. Señalaron la necesidad de “abordar la situación de estrés” que padecieron, así como la incidencia de la soledad y de los “duelos pendientes”. Pidieron “controlar debidamente los riesgos específicos que enfrentan las personas mayores para acceder a la atención sanitaria, como motivos de edad, el descuido, los malos tratos y la violencia en instituciones residenciales”.
Plantearon que el confinamiento en esas instituciones ha tenido “un efecto devastador”. Reafirmaron que los establecimientos de larga estadía para las personas adultas mayores (elepem) “deberían ser considerados como instituciones de cuidado y no sanitarias, y que permitan a las personas continuar creciendo”.
El psicólogo Robert Pérez, profesor de Facultad de Psicología y co-coordinador del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (CIEN) de la Universidad de la República, criticó días atrás en diálogo con la diaria el enfoque sanitario de los elepem y la falta de interdisciplina: “Hay una perspectiva médica, una concepción del establecimiento como una extensión del hospital”, comentó. Lamentó, además, que las medidas que se tomaron durante la pandemia “se han focalizado en proteger la vida física, pero desde una perspectiva de resignar la salud mental y la dignidad”, y que durante este período se manifestó de manera más explícita la concepción “paternalista” que hay sobre los adultos mayores.
Las condiciones de vida en los elepem son motivo de preocupación desde hace varios años. Martín Lema, titular del Ministerio de Desarrollo Social, anunció el viernes que se intimará a 470 residenciales a regularizar su situación para cumplir con los requisitos de habilitación, y que 50 personas que están “en condiciones sumamente negativas” serán trasladadas a otros centros.
Brecha digital y otras carencias
Pidieron reforzar la inclusión social y compensar el “distanciamiento social” con la mejora del acceso a las tecnologías digitales. La falta de dominio de esas tecnologías no sólo les ha impedido participar de instancias de comunicación, sino que ha supuesto una barrera para el acceso a servicios de telemedicina, compras y operaciones bancarias, detallaron.
En diálogo con la diaria durante la actividad en la plaza, Mónica Lladó, psicóloga integrante del CIEN, señaló también la necesidad de trabajar en pro de la accesibilidad digital. “El Plan Ibirapitá es una muy buena idea, pero hay que seguir desarrollándola, no hay inversión sobre ese programa”, dijo. Recordó que es insuficiente la oferta de educación permanente para adultos mayores y que es necesario que el Sistema Nacional de Cuidados “se acerque en la amplitud que tienen las necesidades de cuidado, que no es sólo el cuidado físico o el cuidado de estar ahí sino lo que tiene que ver con el acercamiento a la sociedad”.
La proclama pidió, además, mayor protección social para mejorar la situación de quienes viven en situación de pobreza, y protección jurídica para “prevenir la discriminación, la exclusión, la marginación, la violencia y el maltrato”.
Sin etiquetas
“Somos ciudadanos y ciudadanas con derechos y obligaciones”, afirmaron en la proclama, y lamentaron la “perspectiva homogeneizadora” que oculta las múltiples diferencias que tienen las personas mayores, que son señaladas “como un colectivo pasivo y despolitizado, que sólo debe esperar la asistencia de los demás”. Dieron cuenta de que bajo “una situación de supuesto ‘cuidado’” se les ha quitado el derecho a decidir y recordaron que el deterioro cognitivo que pueden tener algunas personas “no puede ser excusa para no informarles y solicitar su consentimiento” sobre acciones que las involucren.
Pérez recomendó “generar una campaña de bien público para combatir el estigma y desandar la concepción que se ha instalado de las personas mayores como personas con discapacidad o como personas tuteladas”, y dijo que esto beneficiará a los actuales niños y jóvenes, para que “vayan construyendo desde ahora la significación de lo que es la vejez”, no como sinónimo de homogeneidad, tutelaje y pasividad, sino reforzando lo mucho que tienen para aportar.
Lladó planteó que la situación de vulnerabilidad que sufren muchos adultos mayores es responsabilidad de la sociedad y que “cuando sucede una situación agraviante todo el mundo se horroriza pero después todo el mundo se olvida”. “El envejecimiento sigue siendo un tema que no termina de hacer agenda”, lamentó, y mencionó como ejemplo, que el Primer Festival Internacional de Cine sobre Envejecimiento que se hizo en Montevideo la semana pasada, en el que participó, logró convocar a muy poca gente por fuera de quienes trabajan esos temas. “Las producciones que hubo eran magníficas, alucinantes, y sin embargo, la gente se perdió un trabajo extraordinario, porque como tenía la palabra ‘envejecimiento’ decían ‘ah, no me interesa, no tiene nada que ver conmigo’. Eso es un reflejo de lo que significa la vejez para nosotros y el lugar que les damos a nuestros viejos en la sociedad, en términos sociales, colectivos, de políticas públicas”, expresó.
Vejez y enfermedad
Muchos carteles manifestaban que la vejez no es una enfermedad. El mensaje iba dirigido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que a partir de 2022 incluirá a la vejez en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE, por sus siglas en inglés). Eso motivó, en julio, que organizaciones sociales y sociedades de gerontología de varios países, incluido Uruguay, le plantearan a la OMS su rechazo por esa resolución, en el entendido de que la vejez es una etapa que se puede vivir de manera saludable, y alegaron que su inclusión en la CIE contribuía a reforzar la discriminación. La OMS aclaró que la CIE “no cataloga a la vejez como una enfermedad”, sino que reconoce que “las personas pueden morir de vejez”, como antes se hablaba de “senilidad”, y que se buscó quitarle esa connotación negativa. A juzgar por los carteles, la explicación no pareció conformar a los manifestantes.