Los 900 puestos de salud de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) recibirán el Protocolo para la Atención a Personas en Situación de Violencia basada en Género y Generaciones, que se presentó este jueves en el edificio Libertad. Es una actualización de la versión anterior y comenzó a trabajarse en ella en 2019, según reseñó el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, en el prólogo de la publicación. La principal diferencia con la edición anterior es su practicidad, destacó Wanda Oyola, coordinadora de la Unidad de Violencia Basada en Género y Generaciones. Dijo que está escrito en un “lenguaje claro y preciso que puede ser interpretado por cualquier actor del proceso asistencial que no posea formación específica en la temática” porque la idea es que cualquier integrante del equipo de salud dé una primera respuesta. Este protocolo “es bien de bolsillo, el anterior era más grande”, comparó Oyola, y dijo que además se distribuirán afiches con flujogramas para que los técnicos sólo tengan que mirar “para el costado” a la hora de saber qué hacer ante una consulta sobre un caso de violencia.
El protocolo establece pautas para el abordaje en distintas etapas ‒sospecha, diagnóstico de situación, evaluación del riesgo, primeras acciones, seguimiento y acciones a largo plazo, denuncia‒ y ámbitos de atención ‒detección en policlínica, en atención domiciliaria, en servicios de urgencia y emergencia, y en valoraciones hechas durante hospitalizaciones‒. Enumera los criterios a tener en cuenta para hacer la intervención ‒impacto y tipo de la violencia, riesgo de continuidad de la violencia y riesgo de vida, capacidad de la persona para tomar decisiones, la demanda concreta que plantee la persona que es agredida y las necesidades que tiene, el mapeo de redes familiares y comunitarias‒ y da pautas, también, para el manejo de situaciones de violencia sexual. Los procedimientos son los mismos que contenía el protocolo anterior, pero se actualizaron aspectos de la denuncia (en sintonía con la Ley 19.580, de Violencia basada en género, de 2017, y los últimos cambios del Código de la Niñez y la Adolescencia) y “se hace hincapié en que los informes de los técnicos son sumamente importantes”, expresó Oyola en diálogo con la diaria.
Recursos
Si el nivel de riesgo de violencia es leve, se puede manejar en la policlínica, pero si es moderado o severo, los equipos referentes en violencia basada en género y generaciones territoriales tendrán que guiar al equipo de salud en la atención, planteó Oyola. “Venimos reforzando equipos que están un poco flojos y generando equipos donde no había”, dijo en la conferencia, y mencionó la creación de equipos en la red de atención primaria de Salto y de Treinta y Tres. Los equipos territoriales están integrados por psicólogo, trabajador social y médico ‒de familia, preferentemente, para atender a las distintas generaciones‒. Oyola comentó a la diaria que hay departamentos, como Artigas, en que sólo hay una persona haciéndose cargo, y que es necesario reforzar la dotación por lo “desalentador” que puede resultar trabajar solo.
Oyola se excusó de dar el número de situaciones de violencia que atiende ASSE al año porque no refleja la realidad: “Hay un subregistro”, expresó. En cuanto a la atención, respondió: “No tenemos carencia de no tener a nadie para poder atender, pero sí tenemos situaciones que son complejas y es fundamental que haya equipos”, porque no es el mismo trabajo el que puede hacer un equipo interdisciplinario que una persona sola. Lo más complicado es detectar las situaciones que llegan “enmascaradas”, y la acción de los equipos de salud puede llegar tardíamente, reconoció.
En agosto de 2021 se creó la Unidad de Violencia Basada en Género y Generaciones de ASSE a partir del equipo que había sido constituido en 2014, y en diciembre de 2020 se asignaron horas específicas a sus integrantes. Cipriani resaltó la jerarquización y dijo que responde a un pedido del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien también le encomendó reforzar el área de salud mental, relató.
En el acto participó también Lorena Ponce de León, la esposa de Lacalle Pou, que opinó que “este es un problema que nos acecha desde hace muchos años, y desde siempre, y yo creo que con este gobierno se ha logrado visibilizarlo más de lo que se visibilizaba antes”.
Ponce de León insistió en la necesidad de “ayudar a aquellos violentos o violentas a que no es el camino de poder resolver esos problemas internos que tienen, es donde podemos llegar a construir una sociedad mejor”. Cipriani hizo el mismo énfasis: “Hay que tratar al agresor para entrar a curar el problema”, dijo, y agregó que la persona violenta tiene que poder acceder a una terapia, “puede empezar un tratamiento y se puede controlar”.
A pesar del anuncio, el protocolo no contempla acciones para los agresores. Oyola expresó que se está trabajando para crear en 2022 un dispositivo piloto para personas agresoras en un proyecto que esperan “elevar a mediano plazo” al directorio de ASSE.