Luego de la última asamblea de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), los trabajadores juntaron 300 firmas y lograron pautar otra asamblea para este lunes, que fue cerrada. La primera resolución fue anular lo votado en la reunión pasada. Con 317 votos positivos, tres negativos y un anulado, se resolvió dejar sin efecto la redistribución de algunos trabajadores no técnicos y la entrada a un seguro de paro especial de otros.
El 27 de diciembre, en una asamblea muy extensa que presentó tensiones entre los trabajadores de Casa de Galicia, se aprobó una idea presentada por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que planteaba que 840 trabajadores fueran redistribuidos en otras instituciones de salud y 460 pasaran a estar en seguro de paro especial.
Ese mismo día en la mañana la discusión política en torno a la mutualista había comenzado en la Comisión de Salud del Parlamento, en la que comparecieron Salinas y el subsecretario, José Luis Satdjian, así como el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alberto Yagoda, junto a otros funcionarios de la cartera y a Fernando Blanco, director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas. Se recibió a varios representantes políticos vinculados al tema y se conversó sobre la situación de Casa de Galicia y las posibles soluciones del caso.
Cuando se retiraron los legisladores, Salinas, Satdjian y Yagoda recibieron a la mesa representativa de Afuncag y luego ingresaron Jorge Bermúdez y Soraya Larrosa, dirigentes de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), con Pablo da Rocha, su economista asesor. A la salida de esa reunión Yagoda planteó que todos estaban de acuerdo en aplicar el documento de la multisectorial del 4 de abril de 2001, para asegurar los puestos de trabajo de los trabajadores de la mutualista.
El documento al que se refiere Yagoda es un acuerdo que firmó la FUS con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el de Economía y Finanzas cuando en 2001 cerraron varias mutualistas. Allí se plantea que las instituciones que reciben afiliados también reciban a los trabajadores cuando una mutualista cierra.
A las 17.00 de ese mismo día, luego de que la mesa directiva se reuniera con el MSP, Afuncag retomó la asamblea. Su presidenta, Flor Constanzo, fue la encargada de transmitir el diálogo mantenido con las autoridades a sus compañeros. Al retomar la asamblea, Constanzo detalló que la relación fijada se basó en que cada 1.000 afiliados de Casa de Galicia que ingresan a una nueva institución, también entran 20 funcionarios; esto permitiría el ingreso directo, entre enero y febrero de 2022, de 840 trabajadores de Casa de Galicia. Agregó que al documento de 2001 se le harían modificaciones y explicó que los otros 460 trabajadores irían a una bolsa de trabajo. Al final, por 130 votos contra 88, ganó la posición de avanzar con el documento de 2001 con modificaciones.
“El día después, el 28 de diciembre, un grupo de compañeros empezamos a visualizar una serie de irregularidades que se habían suscitado en la asamblea, una de las más claras fue que no estuvo en la orden del día votar el plan B”, dice el documento presentado por otros integrantes de Afuncag a la asamblea de este lunes. Al respecto de las irregularidades, agrega que hubo otras, “como no permitir leer las mociones que estaban sobre la mesa”.
Sobre las firmas obtenidas para hacer posible la nueva instancia de diálogo, detalla que “se juntaron 300 firmas en cuatro horas, las cuales fueron presentadas a la mesa sindical”, y que quienes firmaron fueron “compañeros que votaron por el no [en la asamblea anterior], otros que votaron por el sí y algunos que no fueron”.
“Entendimos que, además de las irregularidades comprobadas por el estatuto, se había votado en base a amenazas y al miedo” y es por esto que “el plan B [la distribución de los trabajadores] nunca fue una opción a descartar, no bajo estas condiciones, firmando un cheque en blanco”, concluye el documento.