El debate sobre la necesidad o no de crear un hospital penitenciario lleva varios años en Uruguay. Uno de los episodios más concretos sobre el plan de construcción de una infraestructura de este tipo fue en 2013 cuando el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en conjunto, crearon un proyecto que el Ministerio del Interior (MI) comunicó públicamente en 2015 y respecto del cual anunció que se pondría en marcha al año siguiente.
El plan se comenzó a desarrollar un tiempo después en el predio de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar), pero luego la obra se detuvo y no se retomó. Al momento, hay mayores avances y el proyecto está lejos de concretarse.
Uno de los motivos por los cuales se creó el proyecto fueron las situaciones de inseguridad que los funcionarios de la salud padecían y que habían denunciado en varias oportunidades, reiteradas año tras año. El panorama no cambió demasiado; algunos centros, entre ellos, los hospitales Maciel, Pasteur y Saint Bois, acondicionaron algunos sectores para atender a personas privadas de libertad, pero aún hay varios centros que no cuentan con un área diferencial, por lo tanto, aún son atendidos e internados en los mismos sectores que el resto de los usuarios.
Lo cierto es que los traslados desde las cárceles a los hospitales generan movimientos y algunos inconvenientes en los centros de salud, al igual que la internación de los reclusos, que lógicamente deben permanecer custodiados. Evidentemente, es un tema que no está resuelto, y eso lleva a que haya algunos inconvenientes.
Uno de tantos
En junio de 2022, la hermana de un hombre privado de libertad en la Unidad 4 viajó a Uruguay desde Miami para visitar a su hermano, que estaba internado en el Hospital de Clínicas (HC), tras una intervención quirúrgica cardíaca, pero no pudo acceder al centro de salud porque, tanto el personal del hospital como la custodia, le impidieron ingresar.
Tras el hecho, la mujer hizo una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). En el reclamo, declaró que hizo los trámites correspondientes para poder efectuar la visita y que consiguió la autorización del INR. Al no poder ingresar, presentó la documentación correspondiente en el hospital y aguardó una respuesta, al igual que sus sobrinas, quienes tampoco pudieron ingresar.
Meses después, en setiembre de 2022, una vez iniciada la investigación, la INDDHH se comunicó con la dirección del hospital “con el fin de obtener el protocolo referido por los funcionarios”, pero no hubo respuesta. Un tiempo después, la dirección comunicó que “no contaban con protocolo específico” y que “la asistencia a personas privadas de libertad y visitas por parte de sus familiares” genera frecuentemente “problemas en el funcionamiento de los servicios hospitalarios”. En ese caso específico, “se había autorizado la visita por parte de la reclamante”.
Finalmente, hace una semana, el Consejo Directivo de la INDDHH emitió una resolución sobre el caso. En primer lugar, consideró que restringir el derecho a recibir visitas de pacientes, fundado en el hecho de que estas son personas privadas de libertad, “implica un trato discriminatorio”. Por otra parte, recomienda al hospital “crear lineamientos” que a futuro establezcan cómo actuar ante este tipo de situaciones y le brindó al HC un plazo de diez días para comunicarle a la institución si acepta las sugerencias y, en el caso de que la respuesta sea afirmativa, adjuntar cuáles medidas serán las adoptadas.
“Otras prioridades”
Consultado por la diaria sobre el hecho en el HC, Álvaro Villar, director del hospital, dijo que al ser uno de los tantos hospitales públicos que deben atender a las personas privadas de libertad, “sobre todo en situaciones urgentes”, en varias oportunidades el equipo directivo del hospital, en reunión con las autoridades del INR, del MI y con Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, planteó “que el Clínicas no tiene las condiciones de seguridad necesarias como para recibir a familiares y acompañantes de los privados de libertad”, porque “no tiene los sistemas que hay en los centros carcelarios” y que permiten establecer “una serie de controles” que no se pueden efectuar en el hospital.
Según Villar, lo único que puede hacer la institución, por el momento, es brindarle el parte médico a la familia del paciente e indicar cualquier dato sobre diagnósticos o tratamientos. El director entiende que los familiares consiguen el acceso en el INR, pero, aun así, el personal del centro hospitalario no los deja ingresar porque “entiende que no está garantizada la seguridad del resto de los pacientes” y tampoco de los funcionarios.
“La respuesta del INR es que, desde el punto de vista económico, no tienen los medios necesarios para garantizar” las mismas medidas que se aplican en los centros penitenciarios, según el director.
Villar recordó que, en 2017, cuando se desempeñaba como director del Hospital Maciel, los propios privados de libertad, tras un convenio entre ASSE y el MI, reacondicionaron algunos sectores que estaban en desuso, y uno de ellos se destinó para atender a los propios privados de libertad, y “cuenta con la seguridad necesaria”. La reforma “fue por cuenta del Hospital Maciel” y se adecua al modelo que se utiliza en “otros centros de la región y del mundo”.
En cuanto al HC, dijo que en este momento “el hospital tiene otras prioridades”, por ejemplo, la construcción de un hospital de día para realizar quimioterapia y “otros arreglos” que son “más urgentes”, por lo tanto, no está en condiciones de hacer una obra similar a la del Maciel. De todos modos, no lo descartó como “un proyecto a futuro”.