Tal y como lo habían anunciado las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y de varias otras instituciones e incluso el presidente Luis Lacalle Pou, el proyecto de la Rendición de Cuentas presentado este viernes priorizó la salud mental y las adicciones.
Se asignaron diversas partidas incrementales destinadas a crear y reforzar programas de las dos áreas. Específicamente en ASSE, para el ejercicio 2023 el proyecto dispone una partida de 60 millones de pesos y una partida de 240 millones de pesos más a partir del ejercicio 2024, destinados a financiar nuevos cargos y “adecuaciones salariales para la conformación de equipos especializados” en el área de adicciones.
Por otra parte, al MSP el proyecto le asigna a la Dirección General de la Salud para la financiación de Rentas Generales una partida anual de 28 millones de pesos, que irán para el programa Atención Integral de la Salud. Asimismo, se otorgó una partida anual de 57 millones de pesos al programa Promoción en Salud para atender los “cometidos en salud mental y adicciones”.
A su vez, al Mides, se le adjunta una partida de 95 millones de pesos para atención de salud mental al “Programa de promoción del bienestar psicoemocional de adolescentes y jóvenes”, y una partida de 145 millones de pesos al programa de promoción de la salud mental y atención de los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas dirigido a “personas con alta vulnerabilidad social”.
En tanto, a la Junta Nacional de Drogas (JND) se le asigna una partida de 80 millones de pesos para el “fortalecimiento” de la Red Nacional de Atención y Tratamiento en Drogas (RENADRO). Además, en las “partidas a duplicar” se agregó una partida anual 120 millones de pesos “con destino a la ampliación de las prestaciones vinculadas a la salud mental”.
Fundamentación del incremento
En la exposición de motivos del proyecto se fundamentó que la pandemia por covid-19 puso de “relieve” la importancia de la atención de la salud mental y las adicciones y sobre la necesidad de proporcionar “nuevos apoyos” a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación.
A su vez, se remarcó que la información sobre estos temas en Uruguay es escasa, ya que “no se cuenta con información sistematizada ni periódica” que permita monitorear, evaluar el estado de salud mental de la población y tomar decisiones, debido a que la estadística existente alcanza “únicamente” los intentos de autoeliminación y los suicidios consumados.
También se plantean como “un desafío para el país” los problemas prevalentes y neurológicos en las personas mayores, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la depresión y otras demencias. Además, “se observa un aumento de depresión, ansiedad y suicidios en las personas a medida que avanza su edad”.
A su vez, en Uruguay las enfermedades no transmisibles alcanzan “casi el 90% del total de los años perdidos por discapacidad” y dentro “los trastornos mentales ocupan el 33%”, se indicó. Específicamente sobre trastornos, la depresión y ansiedad son los que ocupan los mayores porcentajes, 7.6% y 5.2%, respectivamente.
En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, tanto en adolescentes como en adultos, el “alcohol es la sustancia que se consume en mayor medida”. La prevalencia de consumo de marihuana en adolescentes “también es importante”, al igual que el uso indebido de tranquilizantes. Según “un estudio de referencia” que toma el proyecto, “uno de cada diez adolescentes escolarizados en educación media” y en “5,4% de los adolescentes, en el año 2021”, se detectó el consumo de tranquilizantes “sin prescripción médica”. También en las personas de entre 15 y 65 años, “27,2 % declara haber consumido tranquilizantes alguna vez en su vida” y “dos de cada diez lo hicieron sin prescripción médica”. En general, “10% de la población” alguna vez consumió antidepresivos.
A su vez la exposición detalló el Plan Nacional para la Salud Mental y el tratamiento de las adicciones, por ejemplo, las competencias de cada uno de los ministerios y los centros de tratamiento que se abrirán.
Otras propuestas
Fuera de salud mental también se incluyeron otras propuestas que ya se habían adelantado, así como otros incrementos que son habituales. Por ejemplo, en ASSE, en atención de salud se incrementó 15.462.500 millones de pesos para el ejercicio 2023 y 61.850.000 millones adicionales a partir del ejercicio 2024, para todos los gastos de inversión que “resulten necesarios” para el funcionamiento del Hospital del Cerro del prestador público. A su vez, se incrementó 250.000.000 millones de pesos con “destino exclusivo” al financiamiento de cargos.
También se propuso modificar algunas normativas, una de ellas es la redacción que establece la contratación de médicos para que se instalen en las zonas rurales del interior del país. Hasta ahora la contratación es potestad de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República pero el proyecto propone que se cree el “Programa para el fortalecimiento de la atención médica en el ámbito rural” y que ASSE pueda contratar “hasta diez médicos en régimen de trabajo de alta dedicación”.
El documento plantea que se priorice a especialistas en medicina familiar y comunitaria, o médico general con posgrado universitario avanzado, o con experiencia y “capacitación documentada”. La convocatoria corresponderá a la Red de Atención Primaria de cada localidad. Se le reasignan al programa 18 millones de pesos.