En los últimos años hubo un incremento sostenido de los juicios por medicamentos de alto costo, sobre todo, contra el Ministerio de Salud Pública (MSP). Gran parte de los usuarios del sistema de salud acceden a los medicamentos a través de la judicialización. Según un estudio reciente del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), en el primer cuatrimestre del 2023 hubo 362 juicios por medicamentos y tratamientos de alto costo, con “un alto porcentaje de las solicitudes concedidas”.
Según datos del MSP en los que se basó el informe de Ceres, entre 2016 y 2017 la solicitud por recursos de amparo aumentó más de 100%, ya que mientras en 2016 se registraron 100 casos, en 2017 fueron 248. En 2019 el incremento anual respecto de 2018 fue de 92%, al llegar a 634 solicitudes. En 2022, en tanto, la cantidad de solicitudes fue récord: con 1.436, los recursos judiciales se multiplicaron por 14 en comparación a 2016.
Del total de solicitudes de medicamentos de alto costo el porcentaje de las que fueron admitidas es “superior al 80%”, alcanzando 90% en 2021. El MSP es el organismo que contabiliza el monto más significativo, y el informe destaca que son costos que “no están contemplados dentro del presupuesto” del ministerio, por lo que si la tendencia “al alza” persiste podría “amenazar la sostenibilidad financiera” del sistema de salud.
La provisión de los medicamentos y los tratamientos costosos son competencia del Fondo Nacional de Recursos (FNR), el cual también tiene el rol de analizar e incluir nuevas prestaciones en el Formulario Terapéutico de Medicamentos. El motivo por el cual los pacientes acuden a la Justicia es porque muchos de los medicamentos no están dentro de ese formulario, o están, pero no para la patología que esa persona padece, y recurren de forma “directa” al MSP, al FNR y, en algunos casos, al Banco de Previsión Social.
Lo cierto es que ante la creciente demanda la situación se volvió un problema. Por ejemplo, en 2017, cuando recién comenzaba a notarse el incremento de los recursos judiciales, un equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Fmed) elaboró el libro Múltiples miradas a los medicamentos de alto costo: hacia una comprensión integral del tema, en el que, entre otras cosas, planteó algunas “soluciones”. Una de ellas fue propuesta para mejorar las políticas de acceso, y se planteó la necesidad de la existencia de una agencia evaluadora de medicamentos y tecnologías.
Este punto se concretó a través de la ley de urgente consideración, con la creación de la Agencia de Evaluación, Regulación y Vigilancia de Tecnologías Sanitarias, que cuenta con un presupuesto asignado desde 2021. Si bien todavía se encuentra en la etapa de formar recursos humanos, ya presentó algunas investigaciones.
“Un problema de acceso”
Además de agrupar y analizar los datos más recientes, Ceres generó espacios de intercambio y estadísticas adyacentes vinculadas a posibles soluciones. Una de ellas fue una encuesta que se realizó a los diputados y senadores de todos los partidos que actualmente integran la Asamblea General, entre octubre de 2020 y abril de 2022. En la revisión se comprobó que “existe el consenso de apoyar el acceso gratuito a los medicamentos de alto costo”.
En respuesta a la pregunta sobre si las personas deberían acceder gratuitamente a medicamentos de alto costo, 85% estuvo de acuerdo, “sin diferencias significativas entre el oficialismo y la oposición”, mientras que 6% se mostró en desacuerdo y 9% optó por no responder.
Por otra parte, Ceres reunió a las autoridades del MSP, FNR, BPS y el sistema judicial para intercambiar sobre los principales motivos de la judicialización del asunto. De allí surgió que “muchos usuarios” recurren a la judicialización para acceder a fármacos que “ya deberían estar incorporados en el sistema, en la medida que representan altos beneficios con menor impacto presupuestario”. Por lo tanto, son casos que deberían resolverse “sin mayores inconvenientes”.
A esto se suma que el sistema de salud “no cuenta con recursos que permitan acompañar razonablemente los avances globales en la industria farmacológica”, dado que el MSP “no ha desarrollado la capacidad de gestión y proactividad” para evaluar y pronunciarse a tiempo con respecto a las nuevas tecnologías que surgen.
En la presentación del estudio de Ceres, el subsecretario del MSP, José Luis Satdjian, sostuvo que se comprobó que cuando un medicamento de alto costo se incorpora al FNR permite ahorrar alrededor de “100 millones de pesos anuales”. De todas maneras, consideró que se trata de “un problema de acceso y no de judicialización”, y agregó que hasta el momento el avance científico tuvo mayor velocidad que el administrativo, por lo que el principal desafío es “acompasar los dos procesos”.
En cuanto a la Agencia de Evaluación, que depende del MSP, dijo que si bien tiene “un rol fundamental en el tema” y ya se dio “el paso de crearla”, en este momento está en desarrollo. “Es difícil retener los recursos humanos técnicos”, apuntó. Por último, resumió que como está planteada ahora la situación de los medicamentos de alto costo “no es beneficiosa para ninguna de las partes”, y que para el MSP, más allá de lo económico, también plantea otras dificultades, por ejemplo, tener que entregar el medicamento en un margen de 24 horas para no caer en “desacato”.