La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) ratificó este miércoles en su congreso una sanción de cinco años al representante de los trabajadores en el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Pablo Cabrera. La votación fue de 388 votos por la afirmativa, 23 por la negativa y 9 abstenciones, según informó a la diaria el presidente de la FFSP, Martín Pereira. La medida implica varias cosas, entre ellas, que Cabrera, quien es expresidente de la FFSP, no pueda presentarse a la próxima elección. A su vez, suspende sus derechos como afiliado por cinco años.
Según informaron fuentes de la federación a la diaria, la raíz del asunto surgió en 2019, cuando Cabrera “violó una resolución del último congreso”, que dictaba no acompañar el cierre del hospital Vilardebó y de los centros de rehabilitación médico ocupacional y sicosocial (Ceres), al votar de forma positiva en el directorio de ASSE la contratación de una empresa española para asesorar al prestador público en el cierre de estos centros.
La comisión interna del Vilardebó pasó el asunto al comité de disciplina de la federación, luego se derivaron tres informes al directivo nacional y, a partir de allí, “se decidió” la sanción. En la federación los sancionados pueden recurrir la decisión en el próximo congreso y así lo hizo Cabrera.
En diálogo con la diaria el representante de los trabajadores dijo que lo que él “apoyó”, en 2019, fue el comienzo del accionar de ASSE en cuanto a la aplicación de la Ley de Salud Mental, la normativa que pauta el cierre de estos centros. Agregó que considera que la sanción es injusta y que, además, el proceso no ha sido claro y no le permitió defenderse de forma adecuada, entre otras cosas, porque si bien la federación debería tener congresos cada dos años, “recién ahora se realizó el siguiente a la instancia en la que surgió este asunto”.
Agregó que durante los años anteriores justificó una y otra vez que la sanción no se adecúa a su accionar y que “recientemente, sobre la fecha”, se le notificó que su caso iba a ser tratado en el congreso de la federación y por eso se presentó ante el MEC para que evalúe el proceso, ya que es el ministerio el que avala los estatutos de los sindicatos.
Fuentes del MEC indicaron a la diaria que el caso llegó hace pocos días a la Dirección de Asuntos Constitucionales y Legales, luego “se concedió vista” a la FFSP por correo electrónico y se envió una carta certificada a la sede. Ahora resta sustanciar el procedimiento. Por el momento, el ministerio no sabe si hubo incumplimiento o no, ahora debe esperar que la federación plantee sus descargos y luego se comenzará a analizar el caso.
Por último, aunque el MEC entienda que el proceso no presentó garantías tal y como afirma Cabrera, de todas maneras, “no anula lo que resuelva la asamblea”, lo que hace es notificarle a la federación que el procedimiento “fue nulo por diferentes motivos” e intimar a que esa resolución sea anulada por la propia entidad. En último caso, si no lo hace, el ministerio eventualmente puede determinar la intervención en el proceso.