El capítulo sobre el cierre de Casa de Galicia aún no concluyó. Este lunes, en la columna “La tapadita” de Nada que perder, el periodista Eduardo Preve informó que Martín Reyes, un testigo calificado de la causa, declaró que los veedores designados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en 2021 fueron presionados por el Poder Ejecutivo para modificar uno de sus informes, que señalaba que la mutualista podía seguir funcionando por sus medios. En este marco, Alberto Iglesias, el último presidente de la exmutualista, respaldó la declaración de Reyes y adelantó a la diaria que este jueves apelará la sentencia en su contra.
Preve compartió fragmentos de la declaración de Reyes, abogado que representó a la mutualista en el primer concurso al que se presentó. El abogado declaró uno de los últimos días de diciembre de 2023 y recordó que en 2021, “cuando Casa de Galicia ya estaba con dificultades”, el MSP designó a dos veedores, Lucas Pereira y Luis Fraschini, para que supervisaran el estado financiero de la empresa. Su informe “era clave” para que tanto el MSP como la Junta Nacional de Salud (Junasa) avalaran que Casa de Galicia accediera a un préstamo del banco Santander por 12 millones de dólares, dinero que le permitiría seguir funcionando. Para acceder a ese monto, la exmutualista necesitaba la autorización de los organismos sanitarios a los efectos de poner “como garantía” las cápitas que recibía por medio del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Según declaró Reyes, Fraschini fue presionado por el Poder Ejecutivo, específicamente por Luis González Machado, en aquel entonces presidente de la Junasa, para que el informe, que en principio consideraba que la mutualista podía seguir funcionando por sus medios, se modificara y expresara lo contrario. En 2021, Fraschini le transmitió a Reyes, en palabras del abogado, que Casa de Galicia tenía “salida”, por eso su informe “fue favorable a que le dieran ese préstamo”, agregó en su declaración.
En principio, el informe de los veedores detalló que “el escenario actual de Casa de Galicia en el aspecto económico-financiero es muy delicado” y que, a pesar de los esfuerzos “que se vienen realizando por la empresa para mejorar ingresos y reestructurar gastos, se requiere una rápida inyección de fondos que aporte un mínimo de capital de trabajo para posibilitar el funcionamiento”, con referencia a la importancia de que la exmutualista accediera a los 12 millones de dólares.
En otro tramo de la declaración, Reyes afirmó que, a su entender, el Poder Ejecutivo, los síndicos designados y la Junasa tenían intención de que la mutualista cerrara. Finalmente, la intervención de la mutualista se decretó el 26 de octubre de 2021, 15 días después de que la empresa se presentara a concurso, porque sabían que no iban a poder acceder al préstamo.
Las dos interventoras, Alicia Rossi y Nuria Santana, hoy se desempeñan como presidenta de la Junasa y como directora técnica del sanatorio ex Casa de Galicia, adquirido por el Círculo Católico, respectivamente.
“Fue un plan”
Consultado por la diaria, Iglesias, a quien hace un mes la Justicia sentenció a cubrir con su patrimonio lo adeudado por la institución médica y lo inhabilitó por 20 años a administrar bienes propios o ajenos, así como a representar a terceros, manifestó que Reyes confirmó “lo que ya se sabía”. “Si lo decíamos nosotros, parece que lo queríamos inventar”, sostuvo, y agregó que si bien “no era imaginable que el presidente de la Junasa pudiese tener la voluntad de querer cambiar los informes para justificar lo que después terminó provocando, finalmente quedó expresa”. A su vez, sustanció que “los técnicos estaban sometidos a la jerarquía”.
Para el expresidente de Casa de Galicia, con la declaración de Reyes “quedó en evidencia que el cierre fue un plan” que comenzó con el ingreso de la actual administración de gobierno, es decir, desde marzo de 2020. “Nunca pude hacer que [el exministro de Salud Pública] Daniel Salinas recibiera a la directiva” y tampoco lo hicieron las autoridades de la Junasa, aseguró.
Iglesias consideró que cuando la exmutualista comenzó a gestionar el crédito, “en la prensa se instaló un relato que afirmaba que peligraba la atención de salud de los socios”; sin embargo, afirmó que “eso no era así” porque los pagos estaban al día y no había “ninguna denuncia en el Ministerio de Trabajo”. Sobre las declaraciones de Reyes, Iglesias expresó su deseo de que “las personas que tienen más información sobre el plan de cierre hablen”.
Sobre su sentencia, Iglesias lamentó que la Justicia “nunca” le dio el espacio suficiente para declarar y contradecir las acusaciones en su contra sobre mala gestión y, en esa línea, adelantó que este jueves apelará la decisión con una “gran cantidad” de pruebas que espera poder hacer públicas. Para Iglesias, la intervención del Poder Ejecutivo y la consiguiente distribución de los socios en cinco prestadores privados, entre ellos, el Círculo Católico, que se quedó con buena parte de los afiliados, “no fueron una cadena de casualidades”.
Extrabajadores a la Justicia
Tras el intento fallido de levantar el veto parcial del presidente Luis Lacalle Pou a la ley para cubrir parte de los adeudos a los extrabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia, los exfuncionarios decidieron apelar a los juicios individuales contra el Estado. Según informaron los extrabajadores no médicos a la diaria, el grupo comenzó con los procesos individuales en diciembre de 2023, y ahora esperan que “sigan adelante los juicios y que termine en buen puerto, con el pago de los adeudos”.