Esta semana, bajo el cumplimiento de los plazos estipulados para este tipo de procedimientos, el Colegio Médico del Uruguay hizo público el fallo –emitido en setiembre– del Tribunal de Ética Médica, sobre la denuncia que realizaron los miembros del consejo directivo pertenecientes a Médicos Unidos, es decir, de Raúl Rodríguez –presidente–, Andrea Zumar –vicepresidenta– y Juan José Areosa –secretario general–, contra [Álvaro Niggemeyer, exconsejero de la empresa y actual presidente del colegio, expulsado en enero por alertar sobre la situación económico-financiera de la mutualista.
En el documento, al que accedió la diaria consta que lo que denunciaron Rodríguez, Zumar y Arocena fue una “posible falta ética profesional” de Niggemeyer, a raíz de sus manifestaciones sobre la mutualista. Para los directivos, el médico sembró el pánico en funcionarios y afiliados tras la difusión de procedimientos internos que, a su entender, requerían reserva.
Antes de que el tribunal se expresara ante la denuncia, en marzo, el exconsejero respondió a las acusaciones con varios fundamentos. Entre ellos, alegó que sus expresiones “refieren a hechos que pueden ser acreditados ya que, efectivamente, existió ocultamiento, opacidad y apropiación indebida respecto de los fondos de la institución” y que al preguntar por varias de las situaciones se encontró con “una política sistemática de silencio, como si el miembro de la minoría careciera de derecho a preguntar y, de hecho, como si no hubiera preguntado”.
Meses después, Niggemeyer agregó otros documentos referidos a hechos que fueron sucediendo tras la denuncia, entre ellos, la ordenanza por la cual el 12 de junio el Ministerio de Salud Pública intimó a la mutualista a que en un plazo de diez días comprobara haber subsanado su desequilibrio económico-financiero, “bajo apercibimiento de su intervención u otras consecuencias que disponga la normativa”.
En la valoración de toda la denuncia, con los elementos que presentaron ambas partes y varios testigos, el tribunal entendió, según detalla en el fallo, que muchas de las pruebas o alegatos presentados refieren a aspectos internos de la mutualista. Por lo tanto, a fin de cuentas, “lo único que habrá de atravesar el tamiz de la competencia del tribunal es aquello que atenta contra la buena relación humana entre colegas, en tanto pasible de repercutir en los ámbitos de trabajo y, en consecuencia, en la calidad de la asistencia”.
Tras la aclaración, el tribunal valoró varios aspectos del vínculo entre los directivos y el exconsejero, por ejemplo, las publicaciones de Niggemeyer en la red social X, el proceso de expulsión, “la campaña de desprestigio”, entre otros.
La resolución y los motivos que sobrepasan a Niggemeyer
En términos generales, el tribunal resolvió desestimar la denuncia contra Niggemeyer e imponer a los tres directivos denunciantes la sanción de advertencia, conforme a lo establecido en la ley del Colegio Médico, porque “se apartaron del correcto proceder ético médico de forma reprochable”. La advertencia es la sanción más leve de las tres que integran el artículo 28 de la normativa, seguida por la sanción educativa y la suspensión temporal.
Uno de los elementos que el organismo tuvo en cuenta para la resolución fue un librillo que el Casmu difundió por mail, en el que se acusa a Niggemeyer de “caballo de Troya” y “germen del mal”. Según los testigos del caso, los calificativos se difundieron por el correo electrónico institucional tras la desvinculación del exconsejero.
El tribunal consideró otros elementos, más allá de la situación de Niggemeyer. Por ejemplo, sobre el contexto general del consejo directivo, evaluó que había un clima de “disidencia” que “no funcionaba con fluidez y armonía” y, lejos de esto, las actas de sus sesiones y una multiplicidad de testigos dieron cuenta de que, a criterio de la minoría, era muy difícil ejercer el control sobre el funcionamiento debido a la falta de información, por ejemplo, para designar cargos relevantes como el titular de la gerencia general.
¿Cuál es la situación actual del Casmu?
Pasaron varios meses desde la intimación del MSP a la mutualista. Luego de ese episodio, la empresa entregó a la cartera dos planes de reestructuración sobre los cuales también surgió la polémica. Al ser entregados, la empresa afirmó que tanto los funcionarios como el Sindicato Médico del Uruguay avalan los contenidos. Sin embargo, los dos grupos desmintieron el apoyo.
Semanas después, el ministerio alertó al Parlamento sobre presuntas irregularidades detectadas por los tres interventores que desde hace meses trabajan en la empresa. Por último, los titulares del MSP entregaron (luego de que la empresa le diera vista) a los legisladores y a la Fiscalía el informe para que se comprueben o descarten infidencias vinculadas a compras, contratos y distintos manejos administrativos y financieros.
Durante los últimos días, gremios médicos y no médicos se reunieron con la ministra de Salud Pública, Karina Rando, para pedirle que siga de cerca la situación. A su vez, Rando se reunió con su sucesora, Cristina Lustemberg, para comenzar una transición sobre el tema y evaluar cuáles serán las acciones que deberá tomar el próximo gobierno.
Por su parte, a través de distintos comunicados oficiales el Casmu afirma una y otra vez que goza de buena salud y que lo que hay es una campaña en contra de la institución, apoyada por distintos grupos.