Este martes concurrieron a la Comisión de Salud del Senado integrada con Hacienda las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Casmu para responder a los legisladores las dudas sobre el proyecto de ley que el presidente, Luis Lacalle Pou, remitió al Parlamento para otorgarle a la empresa, “por única vez y en forma provisoria”, el acceso al Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.
Si bien entre los legisladores prima la intención de que la empresa acceda a la garantía, en la sesión algunos representantes, principalmente de la oposición, manifestaron que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo debe ser la base de una propuesta que contemple algunas otras cosas referidas a las potestades que tendrá cada uno de los actores, entre ellos el MSP, en el futuro del Casmu.
Una de las interrogantes que comparten varios legisladores es por qué el Poder Ejecutivo remitió un proyecto al Parlamento y no le dio a la mutualista acceso a la garantía a través de la Ley 18.439, promulgada en 2008, la cual estableció la garantía “como un patrimonio de afectación independiente, destinado a garantizar el repago del financiamiento que obtengan aquellas instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud” que se encuentren “en situación de insolvencia o de grave dificultad económica”.
Tras la comparecencia, en diálogo con la prensa, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, manifestó que ni el MSP ni el MEF “pueden darle el dinero por sí mismos porque no están dadas las condiciones normativas para ello”. “La norma exige determinados requisitos que la institución no cumple para que sea el Poder Ejecutivo el que se lo pueda dar”, agregó. Según indicaron fuentes del MSP a la diaria, lo que la mutualista no tiene es una garantía.
Rando agregó que los senadores, por lo menos los que se expresaron en la comisión, están “a favor de dar apoyo económico a la institución”, aunque con “determinados matices”. “No todos opinan exactamente lo mismo de cada uno de los aspectos de esta iniciativa, pero con la propuesta en general están de acuerdo”, reiteró.
La ministra agregó que es fundamental que la ley se apruebe a la brevedad porque, si bien la intervención se planificó para un año, “sin el dinero no se puede revertir la situación” de la empresa. Sobre la intervención, la ministra dijo que este jueves hará una semana que los interventores están trabajando “muy estrechamente” con el MSP y con los gremios. Además, ya tienen pautadas reuniones con los trabajadores médicos y no médicos, los pacientes y los prestadores.
Sobre el cambio que generará el fideicomiso en la empresa, la ministra expresó que “difícilmente quede en foja cero”, porque el endeudamiento que tiene la institución es “bastante más de lo que se pide, o sea que las deudas van a seguir”. Pero, en principio, “lo que se espera es que se llegue a un equilibrio, en el cual se pague a los proveedores y pueda seguir funcionando”.
Las diferencias con el proyecto base
La senadora del Frente Amplio Sandra Lazo expresó que el partido “no quiere que haya un corrimiento de responsabilidades” y, por lo tanto, se va a trabajar sobre el proyecto propuesto, tomándolo como base. “Algo falló en el contralor y en la rectoría que debió ejercer el ministerio para que estas cosas sucedan”, acotó.
Para la senadora, el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de las normativas ya existentes, “podría tomar una decisión”, pero “al trasladerle la responsabilidad al Poder Legislativo” la oposición hará hincapié en que el proyecto debe ser “compartido”.
Según Lazo, el FA considera que se deben incorporar al proyecto de ley recaudos para “no entregar un cheque en blanco”, pero además se debe tener en cuenta a los usuarios y a los trabajadores, que no deben tener la duda de “si se van a cumplir las metas asistenciales o no”. “El Frente Amplio está trabajando en una propuesta para poder votarlo”, señaló.
Por su parte, el senador nacionalista Sergio Botana valoró que la situación “mejoró bastante” porque pasó “de una amenaza de cierre a una esperanza de salida”. A su vez, valoró que no se hayan desplazado las autoridades de la mutualista, pero mencionó que discrepa con algunos aspectos del proyecto de ley.
Por ejemplo, para Botana no es “justo” que la institución deba abonar lo que percibirán los interventores, que mensualmente es más de un millón de pesos. El senador agregó que, en lugar de una intervención, le hubiera gustado un sistema que generara desembolsos tras el cumplimiento de las metas pautadas.
El rol de los interventores
Una de las eventuales modificaciones al proyecto que se analiza es una posible ampliación de las potestades de los veedores. Al respecto, Botana sostuvo que, a su entender, eso podría trancar “pagos o inversiones” de la empresa.
En la misma línea, el presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, dijo en diálogo con la prensa que las autoridades actuales fueron las elegidas y son quienes tienen “voz y voto para conducir a la empresa”. Sobre el eventual aumento de potestades a los veedores, agregó que “cuando existe doble mando, siempre es un problema”, y reiteró que el mando actual “es democrático” y “son los que tienen que llevar adelante a la empresa”.
A su vez, valoró el aporte que están haciendo los interventores. “Creemos que es importante, da tranquilidad a todos, ya estuvieron [durante más de un año] los veedores con nosotros, no hubo ninguna dificultad en ese sentido. El camino que está hecho es adecuado y no creo que haya necesidad de seguir avanzando en otras potestades”, dijo Rodríguez.