El Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió un comunicado este miércoles en el que expresa su “profunda preocupación” por los fallecimientos de dos personas con padecimientos de salud mental, uno en Durazno y otro en el Hospital de Clínicas, en el marco de intervenciones policiales que “derivaron en situaciones de violencia letal”.
En la misiva, el Consejo Directivo señala que la INDDHH “ha venido desarrollando instancias de formación dirigida a personal policial en materia de derechos humanos y atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad”, pero aun así “estos hechos evidencian la necesidad de profundizar y revisar las prácticas institucionales, en particular aquellas vinculadas a la intervención policial frente a personas con sufrimiento psíquico”.
Hace unos días, fuentes del Ministerio del Interior consultadas por la diaria reconocieron que no hay un protocolo específico para este tipo de situaciones y que la formación “es integral”. Por su parte, los negociadores del Grupo Especial de Operaciones de la Guardia Republicana sí cuentan con un protocolo para situaciones de atrincheramiento, por ejemplo. Sin embargo, cuando hay llamados por descompensación, concurre al lugar el equipo policial más cercano.
Por lo tanto, la INDDHH entiende que “es vital abordar la persistencia de prejuicios y estigmas hacia las personas con trastornos de salud mental para asegurar sus derechos y su integridad en todo procedimiento que involucre el uso de la fuerza”.
Además, reafirma la importancia de “fortalecer la coordinación interinstitucional y promover la participación activa de organizaciones sociales” para “avanzar hacia un abordaje integral y respetuoso de la salud mental conforme a los principios establecidos en la ley N° 19.529 [de salud mental]”.
“Desde todas las áreas de la INDDHH, y en particular desde el Área de Salud Mental y el Mecanismo de Vigilancia y Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se continuará trabajando de forma sostenida para promover el respeto y la protección de los derechos humanos”, apuntan.
Por último, hacen un llamado “a todos los actores con responsabilidad institucional a asumir con firmeza el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado uruguayo, tanto en el marco de la normativa nacional como de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.