A dos semanas de que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDHH) advirtiera sobre cambios sustantivos en el artículo 38 de la Ley de Salud Mental –introducidos a través del artículo 381 de la ley de presupuesto– con respecto a la internación de personas en establecimientos asilares, este miércoles ingresó al Senado un proyecto de ley al que accedió la diaria a través del cual se solicita que prácticamente todos los cambios sean revocados.
La iniciativa está firmada por coordinadores de bancada de la cámara alta de todos los partidos que la integran: Graciela Bianchi, Robert Silva, Carlos Camy, Óscar Andrade y Tabaré Viera.
Puntualmente, el proyecto propone sustituir el artículo 38 de la Ley 19.529, del 24 de agosto de 2017, en la redacción dada por el artículo 381 de la Ley 20.446, del 16 de diciembre de 2025, por el siguiente: “Artículo 38: Queda prohibida la creación de nuevos establecimientos asilares y monovalentes, públicos y privados, desde la entrada en vigencia de la presente ley. Los ya existentes deberán adaptar su funcionamiento a las prescripciones de esta ley, hasta su sustitución definitiva por dispositivos alternativos, de acuerdo a los que establezca la reglamentación”.
Agrega que “queda igualmente prohibida, a partir de la vigencia de la presente ley, la internación de personas en los establecimientos asilares existentes. Se establecerán acciones para el cierre definitivo de los mismos y la transformación de las estructuras monovalentes. El desarrollo de la red de estructuras alternativas se debe iniciar desde la entrada en vigencia de esta ley”.
Por último, establece que el Poder Ejecutivo fijará el cronograma de cierre de estos establecimientos, cuyo cumplimiento “no podrá exceder temporalmente el año 2029”. Es decir, este es el único cambio que se había introducido a través del presupuesto y que se mantiene.
La exposición de motivos del proyecto señala que la Ley de Salud Mental “estableció un cambio de paradigma en la atención en salud mental en Uruguay orientado a la superación progresiva del modelo asilar y al desarrollo de dispositivos comunitarios, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos”.
En esa línea, recuerda que el artículo 38 original prohibía tanto la creación de nuevos establecimientos asilares como la internación en los existentes, además de establecer un proceso de cierre progresivo.
Asimismo, destaca que la ley “está estructurada en un paradigma claro de atención comunitaria, hospitalización restrictiva, desinstitucionalización y sustitución del modelo manicomial. Diversos artículos establecen la hospitalización como recurso terapéutico restringido con un tiempo mínimo indispensable, la priorización de dispositivos comunitarios y la limitación estricta de la internación involuntaria”.
Sin embargo, el artículo 381 de la ley de presupuesto “eliminó la referencia expresa a la prohibición de internación con el fin de ordenar la transición y garantizar la calidad de asistencia”, lo que motivó observaciones de la INDDHH y críticas de organizaciones sociales que no fueron consultadas.
Por todo lo anterior, el proyecto de ley “tiene por objeto reafirmar el rumbo de la política pública de salud mental y el compromiso de construirla en acuerdo con todos los actores sociales, académicos, técnicos, de usuarios, familiares y políticos involucrados”.
“Primó la necesidad de recomponer la confianza de que no hubo una voluntad de ir contra el sentido de la ley”
Este miércoles, en diálogo con la diaria, la senadora del Frente Amplio y presidenta de la comisión bicameral de salud mental, Patricia Kramer, quien además trabajó en el proyecto, dijo que “hay cosas en las que desdecirse; es incómodo, pero también es honesto revisar y volver sobre una decisión”.
Sostuvo que, ante las observaciones de la INDDHH, las organizaciones sociales y colectivos de profesionales, se optó por restituir el artículo 38 para priorizar que “si algo es importante para llevar adelante el cronograma de cierre y un verdadero cambio de paradigma que plantea la ley, la confianza es insustituible porque no es posible hacer esto sin todos los actores”.
Agregó que “sobre todo primó la necesidad de recomponer y construir la confianza de que no hubo en ningún caso una voluntad de ir contra el sentido de la ley, hay justificaciones técnicas y jurídicas respecto a asumir que el Estado aún no fue capaz de construir la infraestructura necesaria para realmente cumplir con la ley de salud mental”.
En ese sentido, explicó que la modificación del artículo se entendió “técnicamente responsable” para generar una “flexibilidad operativa mayor para llevar el plan de cambio pautado hacia 2029”. “No se podía presumir con la ausencia del artículo como un permiso de la afectación de derechos fundamentales, pero, si genera esa sensación o que el sistema político no estaba alineado con la ley, vuelvo al párrafo”.
Al hacer un balance, señaló que el proceso demostró que el sistema democrático “funcionó bien: el [Poder] Ejecutivo entendió que requería ciertas garantías, el Parlamento lo aprobó, pero la INDDHH observó y las organizaciones expresaron disconformidad e incertidumbre”. Y agregó: “Escuchamos, entendemos y vamos restituir el artículo para después sentarnos a conversar”. También valoró que el proyecto cuente con la firma de los coordinadores de las bancadas del Senado.
Por último, consultada sobre el cronograma de cierre hacia 2029 –que se mantiene–, afirmó que desde el año pasado “se vienen haciendo cosas, no es que no se avanzó”. Para Kramer, “señales hubo”, aunque el plan en sí corresponde al Ministerio de Salud Pública y a los organismos que integran la comisión intersectorial prevista en la Ley de Salud Mental.
Sobre el ministerio, agregó que aún evalúa las propuestas recibidas en el marco de Acción País y que, aunque el plan no llegó al Parlamento como documento terminado, le consta que “ya se avanzó muchísimo en la escritura, hay un borrador que también puede ser modificado e incluir nuevos aportes”.