Una delegación del Ministerio de Salud Pública (MSP) concurrió a la Comisión de Salud Pública del Senado para informar sobre la perspectiva del gobierno sobre distintos temas vinculados al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), a casi 20 años de su creación.
En el marco de la comparecencia encabezada por la ministra Cristina Lustemberg surgieron varios temas, entre ellos, la renuncia de gran parte de los miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública, en protesta por la reducción del tiempo de inhabilitación por mala praxis a una anestesista. En esta parte, Lustemberg pidió que, como se está llevando adelante un proceso judicial, la sesión se declarara reservada.
Fue una instancia particular por varios motivos. En principio, Lustemberg debió retirarse para participar en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, por lo que no pudo concluirse la reunión y, además, según supo la diaria, varios senadores debieron ausentarse parcialmente en distintos momentos porque, en simultáneo, estaba sesionando el pleno de la cámara.
Por lo anterior, pero sobre todo porque consideraron las respuestas “insuficientes”, los senadores nacionalistas e integrantes de la Comisión de Salud Pública Carlos Camy y Martín Lema plantearán en la sesión del próximo martes volver a convocar a las autoridades de la cartera.
Este miércoles, en diálogo con la diaria, Lema dijo que Lustemberg “sin saber qué preguntas se iban a hacer [sobre el caso de la anestesista] pidió la reserva de la sesión, lo que me pareció extraño”. Explicó que agregar el tema de las renuncias a la Comisión Honoraria al orden del día era para “saber el origen, pero sin saber si se iba a hablar de un caso concreto es que la ministra pide la reserva; no terminó de quedar claro por qué renunciaron y cuáles fueron los criterios que adoptó el ministerio en este caso”, consideró. Esto “me generó más dudas sobre el tema, fue entreverado y las respuestas, confusas”, agregó el senador.
Consultado sobre si las renuncias de la exdirectora general de Salud, Fernanda Nozar, y el exsubdirector general de Salud, Gilberto Ríos, se incluyeron en las preguntas dirigidas al ministerio, dijo que “no se llegó a tratar, parece que fueron situaciones distintas” y que “la catarata de renuncias, que no tiene antecedentes, muestra un grave problema de conducción y por esto vamos a plantear tratar todas las renuncias”, adelantó.
Para Lema, también quedó pendiente ampliar temas fundamentales dentro del SNIS, como la salud mental, la necesidad de terminar o reducir los dispositivos asilares de internación y las listas de espera, puntualmente los de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
La impresión no fue la misma para otros integrantes de la comisión. Consultada por este medio, la senadora por el Frente Amplio Patricia Kramer dijo que para ella “estuvo muy bien la instancia” y “aportó claridad en cosas muy importantes, como todo lo referido a medicamentos” de alto costo.
Por su parte, el senador del mismo partido Daniel Borbonet, uno de los que se ausentó de la comisión en algunos momentos, prefirió no hacer evaluaciones puntuales a la diaria sobre la comparecencia porque no participó de toda la reunión, pero reconoció que “hubo muchas cosas que no se pudieron responder” y que, “por ese motivo, los legisladores van a plantear que vuelva”.
La exposición del ministerio
Según consta en la versión taquigráfica de la reunión, a la que accedió la diaria, la sesión empezó con una extensa exposición de Lustemberg, en la que repasó los objetivos en los que trabaja el ministerio, vinculados a las diez prioridades que planteó al inicio de la gestión y los avances hasta el momento.
Además de mencionar los decretos promulgados en los últimos meses, relacionados a tiempos de espera y otros, la ministra adelantó que está próximo a su publicación un decreto que establece la prescripción por un año de los medicamentos para tratamientos crónicos.
La medida “se basa en la adherencia terapéutica y la continuidad para que los tratamientos crónicos constituyan factores determinantes para la efectividad terapéutica, la prevención de complicaciones y la mejora de calidad de vida de los usuarios”, dijo la ministra.
La resolución “establece la prescripción por un plazo de un año de aquellos medicamentos destinados a tratamientos prolongados, constituyendo este el plazo obligatorio de la prescripción, salvo indicación clínica específica y debidamente fundada en la situación particular del paciente”, agregó.
Sobre salud mental, dijo que el objetivo es crear una red que promueva la “autonomía y la inclusión social”, que incluya capacitación masiva en equipos de atención primaria para una respuesta oportuna del sistema —o lo que se denomina como equipos de proximidad y cercanía—, mediante unidades de territorio y dispositivos de atención móvil, y el fortalecimiento de un primer nivel de atención con un enfoque comunitario y territorial. Espacios que involucran a la salud y a la cultura, creando centros comunitarios de rehabilitación.
La renuncia del 70% de la Comisión Honoraria
Si bien la resolución sobre el caso y parte de explicaciones sobre el tema no quedaron en reserva, Rodrigo Márquez, el director general de Secretaría, explicó a los legisladores que los miembros de la comisión hicieron “la comunicación de posible renuncia hace unos meses; se hizo una reunión con dicha comisión para saber las razones y explicitaron ciertos aspectos” que tienen que ver con el caso de la anestesista.
Luego, “pasaron unos meses y los miembros de la comisión volvieron a enviar la carta, con fecha 29 de abril, planteando la renuncia”. Según Márquez, en este momento, en el procedimiento administrativo corresponde que cada miembro se notifique de la renuncia y, por ende, haga efectiva la renuncia.
Agregó que, cuando sepan oficialmente cuántos renuncian, sabrán también cuántos nuevos integrantes hay que nombrar. “El procedimiento que corresponde en este tipo de comisión es nombrar uno nuevo desde el momento en que hay una renuncia”, añadió.
En tanto, Lustemberg manifestó sorpresa por la renuncia de los miembros de la comisión ya que hace algunas semanas tuvieron una reunión sobre diversos temas en los que no habría estado la renuncia de gran parte de ellos. “No voy a cambiar la decisión que tomé [sobre el caso]. Ese día yo la fundamenté y pensé que habíamos logrado un acuerdo de entendimiento de por qué una decisión y otra”, dijo.
Por su parte, el director de la División de Servicios Jurídicos del MSP, Martín Esposto, respondió a la mayoría de las preguntas de Lema sobre el caso, entre ellas, cuáles fueron los fundamentos jurídicos y técnicos concretos que justificaron la modificación de la sanción, cómo debe interpretarse el rol de la Comisión Honoraria si sus recomendaciones pueden ser cambiadas por el ministerio, y si existieron informes adicionales o de asesoramiento externos que se hayan tenido en cuenta para tomar la decisión final.
Esposto contestó que no hubo asesoramiento externo para tomar la decisión final y que lo que hubo fue un recurso de revocación que la implicada presentó ante la Comisión Honoraria y jerárquico ante la ministra. “Lo único que modificó [el ministerio] fue el quantum de cinco años a tres [años]; todo el procedimiento, la sanción y sobre todo la reevaluación vinculada a la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República quedó igual”, agregó.