Este jueves, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el acceso del Casmu al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 30 votos en 30, y quedó sancionada con el mismo texto que había aprobado la Cámara de Representantes, donde se alcanzaron los acuerdos a los que la cámara alta no había llegado durante la discusión previa.
Casmu podrá acceder al Fondo de Garantía por hasta 668.289.347 unidades indexadas (UI), más intereses, es decir, un 90% de lo que se solicitó en primera instancia. El acceso quedará condicionado a la aprobación de los planes de reestructuración por el Poder Ejecutivo (PE) a través de los ministerios de Salud Pública y Economía y Finanzas.
La iniciativa prevé además un régimen excepcional para el caso en que la institución no pueda constituir otras garantías a favor del fondo: podrá eximirse temporalmente esa exigencia por el monto previsto, mientras que las garantías que Casmu ya tenga constituidas pasarán automáticamente a respaldar esa suma cuando sean liberadas.
El texto también establece mecanismos de seguimiento parlamentario. Casmu, MSP y el MEF deberán enviar cada tres meses al Parlamento un informe sobre el avance del plan de reestructuración y la situación económico-financiera de la institución. Deberán informar sobre el cumplimiento de las metas y plazos, la evolución del pasivo garantizado y el uso del fondo, la situación patrimonial y los resultados de la institución, así como cualquier modificación relevante que realice el PE al plan.
El monto garantizado podrá ampliarse hasta 742.543.719 UI más intereses, siempre que el MSP apruebe previamente un plan de capitalización de los socios capitalizadores de Casmu. Para acceder a esa ampliación, deberán aportar a la institución un capital equivalente al 8% del monto garantizado —unos diez millones de dólares— en un plazo máximo de 48 meses, destinado a inversiones en infraestructura o tecnología. El proyecto establece que ese plan deberá contemplar el ingreso individual.
Por otra parte, la iniciativa modifica la Ley 18.439 para establecer que los planes de reestructuración deberán incluir medidas sobre la situación económico-financiera de las instituciones, así como sobre sus aspectos administrativos, funcionales y de gobernanza.
Los legisladores coincidieron en que quedó pendiente regular la gobernanza de las mutualistas
Previo a la votación, tres legisladores se refirieron al proyecto. El senador colorado Pedro Bordaberry celebró que en la Cámara de Diputados se haya logrado un acuerdo que permitió que el texto fuera aprobado casi por unanimidad, sin el apoyo de Identidad Soberana.
“No logramos en el Senado caminos de acuerdo; los cambios que trae el proyecto desde la cámara baja son que no incluyen el artículo 3 que refiere a la gobernanza de las mutualistas; no aprobarlo es un paso positivo, pero nos obliga a seguir trabajando sobre el punto; quizás podamos encontrar un camino que no sea solamente el de las cuestiones personales de quienes ocupan los cargos de los directorios” en las mutualistas, sino que “de una vez por todas encaremos el tema de los conflictos de intereses”, expresó.
El artículo del proyecto que no prosperó “no solucionaba el tema” porque le daba la facultad al PE de vetar a la persona, pero “nosotros entendíamos que iba contra tradiciones republicanas del país, pero queda pendiente para Casmu y para otras instituciones, porque no puede ser que los ciudadanos hagamos los aportes que hacemos al Fonasa y que después haya algunos que desde la dirección contraten a empresas con las que están vinculados; es un debe”, concluyó. Bordaberry valoró además el aporte “modesto” de los propietarios del Casmu a la solución financiera.
El artículo referido a la capitalización fue rechazado por varios grupos médicos. Este miércoles, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) emitió un comunicado en el que cuestionó el artículo que condiciona la ampliación del monto garantizado a un aporte de capital por parte de los socios capitalizadores de Casmu. El gremio sostuvo que el salario médico no debe ser utilizado para financiar las instituciones, independientemente de que el mecanismo sea denominado “retención”, “aporte de capital” o que se presente bajo la figura de los “socios” o “capitalizadores”.
Para el SMU, el hecho de que el aporte esté calculado en función del ingreso individual y sea exigido como condición para acceder al fondo público no modifica su naturaleza. Además, señaló que los médicos capitalizadores asumen obligaciones similares a las de un accionista, pero sin contar con el mismo poder de decisión sobre el destino de su capital, por lo que, según el sindicato, “el riesgo se traslada al médico que trabaja”, mientras que la responsabilidad por la gestión que llevó a la institución a esta situación no.
A su turno, el senador por el Partido Nacional Sergio Botana dijo que quedan pendientes dos temas: incorporar los intereses personales de la gobernanza y establecer que, cuando se liquiden instituciones, aquellas que reciban a los socios, en proporción, también se hagan cargo de los trabajadores de la institución que cierra. Además, planteó que estas instituciones deberían asumir parte de la deuda con el Fondo de Garantía, porque, de lo contrario, “reciben las cápitas de los socios, pero la deuda queda para el Estado”.
“No supimos buscar los puntos de encuentro para lograr algo que todos deseábamos”, darle al Casmu el acceso al fondo como lo solicitó el PE el 23 de julio, evaluó por último el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet.
Borbonet sostuvo que se podría haber avanzado “un paso más”, en referencia al artículo sobre la gobernanza de las instituciones. Se buscaba tener cierto “control”, pero “quizá nos faltó un poco de tiempo para ponernos de acuerdo en cómo hacerlo”, porque “todos estábamos de acuerdo” con la base de la propuesta.
