La Comisión de Salud integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados sesionó este miércoles y recibió a la dirección técnica del Casmu, en el marco del tratamiento del proyecto de ley que permite el acceso de la mutualista al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, que ya obtuvo media sanción en el Senado.
Si bien la iniciativa, que establece que la mutualista podrá acceder a un fondo de alrededor de 120 millones de dólares –que en los hechos es una reestructuración de fideicomisos ya otorgados, pero ampliada en un 20%–, no encontró problemas para su aprobación en la cámara alta, el panorama no es el mismo en Diputados, ya que el oficialismo no cuenta con las mayorías necesarias y eso lo obliga a negociar. En ese sentido, en filas opositoras existen reparos con respecto al tercer artículo, que establece que la designación de integrantes de órganos de dirección y gerencia de instituciones que accedan a garantías deberá ser condonada por los ministerios de Salud Pública (MSP) y de Economía y Finanzas (MEF) mediante un mecanismo de no objeción previa.
A pesar de eso, el diputado frenteamplista Federico Preve, que integra la comisión, dijo en una rueda de prensa que la idea es “tener pronta la aprobación del proyecto” hacia el martes o el miércoles de la semana próxima, y destacó el hecho de que la iniciativa incluye no solo “un plan de reestructuras”, sino también un “control de gobernanza”, que permite que “financieramente la institución pueda salir adelante”.
Preve recordó que el Casmu atiende a más de 170.000 usuarios y emplea alrededor de 6.500 trabajadores. Asimismo, sostuvo que, de acuerdo con lo expresado por el equipo técnico de la institución médica durante su comparecencia, el plan de reestructura vigente “está cambiando el eje de un balance que fue negativo el año pasado hacia un balance equilibrado en el correr de este año”, al tiempo que la perspectiva de futuro es positiva, algo que “le daría solvencia a la institución hacia adelante”.
Consultado al respecto, el legislador oficialista reconoció que “puede haber cambios” en el articulado, pero advirtió que, de suceder, la iniciativa debería volver al Senado, cuando el Casmu “tiene que tener aprobada la ley” hacia setiembre, de manera que la institución pueda comenzar con el “reperfilamiento de la deuda”. Esto, remarcó, resulta “necesario para que la institución tenga un funcionamiento razonable en el mediano plazo”.
De igual forma, destacó la importancia del artículo tercero, ya que controla “la forma de gobierno en una institución que, además de recibir fondos públicos a través del Fonasa, también accede a garantías para los fideicomisos”. “En ese sentido nos parece que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía [y Finanzas] tienen que tener un mayor contralor sobre esta institución mientras esté con la garantía soberana del pueblo”, remarcó.
Por su parte, la diputada colorada Nibia Reisch, que también integra la comisión, sostuvo que la situación del Casmu preocupa a todos los legisladores, por lo que “el espíritu es buscar una solución”. La legisladora consideró que esto es algo que requiere “mucha responsabilidad”, y dijo que la información disponible “es muy insuficiente”, algo que se hizo saber a los integrantes del equipo técnico de la mutualista, que se ofrecieron a complementarla.
“Estamos hablando de 122 millones de dólares que son de todo el pueblo uruguayo”, recordó, y, en ese sentido, dijo que se trasladó al Casmu la posibilidad de que “los propios médicos capitalizadores de la institución” acompañen en el financiamiento. Así, planteó que un posible camino es que estos últimos asuman un 20% del aporte mensual al fondo. “No es que estemos poniendo un palo en la rueda, pero tenemos que actuar con responsabilidad, porque estamos hablando de recursos de todos”, reiteró.
Igualmente, y luego de que se le preguntara por la viabilidad del proyecto en este momento, Reisch expresó su reparo con el artículo tercero, ya que otorga “injerencia directa sobre quienes pueden estar a cargo de las instituciones” al MSP y al MEF, algo que “no corresponde”. La diputada colorada acotó que como solo dos mutualistas acceden al fondo en la actualidad, eso genera “la sospecha de que [el artículo] puede tener nombre y apellido”, por lo que la intención es llegar a un acuerdo que permita desglosarlo.
“Acá entendemos que los 120 millones de dólares tienen que ser puestos por todo el pueblo uruguayo, pero también por los médicos”, remarcó Reisch, quien reconoció que la situación “se viene dando desde hace muchos años” y “no es del gobierno actual”.