A seis meses de las elecciones internas, optamos por consultar la propuesta de Bases Programáticas del Frente Amplio (FA) y a algunos precandidatos de la oposición sobre el trabajo en el país, en particular sobre los Consejos de Salarios y una eventual reforma de la seguridad social, y también sobre las prioridades en materia económica. En términos generales, hay acuerdo sobre el mantenimiento de la herramienta de la negociación colectiva, pero hay propuestas de que sea por empresas en vez de por sectores. Sobre la seguridad social, es casi unánime la necesidad de una reforma, pero hay matices en cuanto a los procesos de consenso y generación de las condiciones para darla, así como claras diferencias en cuanto a los contenidos de esta. También hay quiebres en cuanto a la proclividad a mantener un régimen mixto, basado, además de en la solidaridad universal, en el ahorro individual mediante las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). En cuanto a lo económico, se diagnostican problemas de competitividad y se proponen alternativas para enfrentarlos.
Frente Amplio - Bases Programáticas
El partido que podría gobernar el país por cuatro períodos consecutivos establece en su Propuesta de Bases Programáticas que Uruguay “deberá insertarse y transitar” en un mundo “de grandes desafíos e incertidumbres”, porque el modelo de producción “lineal dominante, basado en el uso de recursos finitos, así como el incremento incesante del consumo de bienes de vida útil cada vez menor, está produciendo un agotamiento de los recursos naturales y una creciente degradación del ambiente”. El FA pone como ejemplo de ese agotamiento del modelo de desarrollo el cambio climático generado por los seres humanos. Además destaca que “el incremento de la robotización y de la inteligencia artificial, como elementos centrales de la transformación tecnológica en curso, hará desaparecer cientos de millones de puestos de trabajo en unos pocos años”. A todos esos problemas, se les suma una “creciente concentración de la riqueza y del poder, particularmente el financiero y el tecnológico”, que “agranda la brecha entre los países con mayor y menor desarrollo, provocando entre otras consecuencias, dramáticas olas migratorias”. Para el FA, el desafío para los países “de desarrollo relativo menor” como Uruguay es “encontrar el camino para avanzar hacia un modelo de desarrollo social y ambientalmente sustentable, sin contar con los recursos, particularmente los tecnológicos, de los países centrales, ni tampoco sus mercados”.
“Para avanzar hacia esa nueva economía habrá que impulsar opciones de negocio rentables basadas en la llamada economía circular, centrada en la optimización del rendimiento de los recursos y en el equilibrio de los flujos de recursos renovables; fomentar actividades centradas en la economía colaborativa; impulsar el trabajo basado en actividades creativas, capacitando a los jóvenes y recalificando a los trabajadores en este sentido y, fundamentalmente, promover el desarrollo de conocimiento original para potenciar el agregado de valor a nuestros recursos naturales, disminuyendo el impacto ambiental”, propone la coalición. En definitiva, plantea que el impulso a estas opciones es “relevante en el sector productivo primario”, sobre todo en el sector agropecuario, ya que es posible encontrar nichos de mercado en los que Uruguay puede generar bienes y servicios “demandados por un número creciente de consumidores de países centrales”.
El documento del FA plantea que, si bien la economía del país “ha crecido en forma ininterrumpida”, es necesario “avanzar en la construcción y desarrollo de las bases de un modelo de desarrollo productivo que no sólo se apoye” en las riquezas y potencialidades actuales, sino que “vaya abriendo el camino para los desafíos que enfrentará el país en los tiempos que vendrán y lo protejan de las vulnerabilidades de las commodities”. Se reconoce que no se ha avanzado lo suficiente en el desarrollo de propuestas “basadas en la creación original de conocimientos y en innovación, de modo de ir preparando una progresiva diversificación” de la matriz productiva, para convertir las capacidades de la gente en la “principal riqueza” del país. También propone profundizar las políticas para “dar sustentabilidad económica y social” a la economía social y solidaria, al cooperativismo y a los emprendimientos familiares en el campo y la ciudad, sobre todo en lo que refiere al acceso a mercados y al financiamiento. En cuanto al trabajo y el empleo, el FA destaca que “siguen siendo puntos centrales de la agenda” y propone, teniendo en cuenta los cambios en la matriz productiva, crear “las condiciones para asegurar las transiciones necesarias, generando y promoviendo la creación de nuevos empleos, asegurando el pleno respeto” a los derechos de los trabajadores.
Entre los objetivos para el período 2020-2025, las Bases Programáticas proponen “crecimiento económico sustentable”, “revisando y articulando los instrumentos existentes y creando otros que permitan profundizar el proceso de transformación productiva, fomentando el crecimiento en áreas que se consideren estratégicas para el desarrollo sostenible a largo plazo”, al mismo tiempo que se incrementan la productividad y la competitividad. Además, proponen el aumento del empleo en cantidad y en calidad “promoviendo una política en la materia que tenga como objetivo el pleno empleo y que facilite la adaptación a los desafíos del cambio tecnológico, elevando los niveles de formalización y reduciendo las brechas de género y generacionales existentes”.
En el caso de que logre un cuarto gobierno, el FA propone preservar lo que considera avances de sus tres administraciones, como la estabilidad macroeconómica y la credibilidad, la sostenibilidad del financiamiento de las políticas públicas previstas en el programa, los bajos niveles de inflación, evitando “los desalineamientos del tipo de cambio real”, evitar el deterioro del salario real, conservar la estabilidad del sistema financiero, la negociación colectiva y los Consejos de Salarios, para generar empleo y mejorar las condiciones laborales y los ingresos reales.
En materia de trabajo, el FA prevé “importantes transformaciones” que requerirán “políticas activas y pasivas de empleo adaptadas al tiempo actual”. “La nueva realidad hace necesario revisar algunas instituciones laborales. Entre las políticas activas se promoverá el emprendedurismo para mejorar el desempeño de trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas”, agrega el documento. Para el FA, la formación profesional “tendrá un rol decisivo” porque se requerirán nuevas habilidades “tanto para mantener el trabajo como para recapacitar a los trabajadores que lo cambien y deban reingresar al mercado de trabajo”. Por esto se propone promover “políticas de formación profesional, especialmente a las poblaciones con mayor vulnerabilidad, que les permitan insertarse dentro del mercado laboral en empleos de calidad”.
En materia de seguridad social, el FA propone tres líneas estratégicas: mantener los niveles actuales de cobertura del sistema, “muy cercanos al 100%”, analizar “una reforma integral del sistema” que “repare en la forma de darle mayor sustentabilidad al sistema”, y convocar a un “gran acuerdo nacional sobre los principales desafíos del sistema de seguridad social, tratando este tema como un tema de Estado y convocando a una instancia de diálogo que incluya a todos los partidos políticos, autoridades nacionales en la materia, representantes institucionales y sociales, etc”. Sobre las AFAP, se propone diseñar “formas de sustitución gradual de la capitalización individual lucrativa en manos de los privados avanzando en la construcción de un sistema de Seguridad Social con tres pilares: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) de ahorro (no individual, no lucrativo y de prestación definida)”.
Archivo, julio de 2014.
Foto: Iván Franco
Partido Nacional - Luis Lacalle Pou
En sus líneas programáticas, Lacalle promete “relaciones laborales fundadas en la cooperación”. Dice identificarse con la “tradición” de los Consejos de Salarios y se “compromete” con su “continuidad”. “Los Consejos de Salarios seguirán siendo el ámbito clave y contarán con todo nuestro respaldo”, afirma. Pero sostiene que para que se trate de “un instrumento válido”, “la primera condición es asegurar la legitimidad del sistema de negociación a ojos de todos los involucrados”, lo cual “requiere un funcionamiento razonable y equilibrado” y que “el gobierno, sea del partido que sea, deba actuar como un árbitro imparcial, capaz de generar confianza y reciprocidad entre trabajadores y empleadores”. En este sentido, afirma que “en los últimos años se han acumulado episodios que ponen en cuestión este carácter imparcial y que, en consecuencia, erosionan la legitimidad del sistema”.
Lacalle nombra algunos ejemplos que justificarían esta imparcialidad. Uno: la “no respuesta” al reclamo de los empleadores ante la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a huelga, “pese a que había quedado claro que tenía fundamento”. También la “insensibilidad del gobierno” ante el “reclamo de numerosas empresas que solicitan tener en cuenta la heterogeneidad que existe dentro de una misma rama de actividad, según cuál sea el tamaño de la empresa, su ubicación geográfica y otros factores que afectan su funcionamiento”, ya que sostiene que “no todas las empresas están en condiciones de asumir los mismos compromisos”. Asimismo, menciona el Decreto 165 de 2006, que considera las ocupaciones de los lugares de trabajo como una extensión del derecho de huelga, concepto que el nacionalista considera que “vulnera libertades y derechos protegidos por nuestra Constitución, como la libertad de trabajo, de empresa, de circulación, e igualdad ante la ley”. El precandidato por el Partido Nacional sostiene que “el gobierno debe mantener su neutralidad” y propone que el Consejo Superior Tripartito “elabore y apruebe un procedimiento general que otorgue certeza y seguridad jurídica en materia de prevención y solución de conflictos colectivos”. Dice que va a impulsar la creación de un Consejo Técnico de carácter permanente, cuyos integrantes sean propuestos por el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT y las cámaras empresariales, y que a este se le encomendará la elaboración de un “marco general para el desarrollo de negociaciones colectivas, que incluya factores tales como el grado de competitividad de cada sector de actividad, la heterogeneidad de las empresas involucradas, los niveles de productividad y los datos macroeconómicos correspondientes”, que “servirá como referencia para activar los mecanismos de descuelgue respecto del convenio firmado por la respectiva rama de actividad”.
En cuanto a seguridad social, sostiene que es un tema “demasiado delicado como para convertirlo en campo de batalla electoral” y propone crear una “comisión de expertos de primer nivel” que serían designados por los partidos políticos, a los que “se les dé un año para realizar una evaluación cuidadosa de la situación, identificar posibles escenarios de mediano plazo y definir un menú de estrategias” para una eventual reforma. Mientras, dice que impulsará “varias medidas”, como la revisión de la normativa que restringe la posibilidad de seguir en actividad después de haberse jubilado y la “mejora de la gestión” del Banco de Previsión Social, así como de su recaudación, mediante “una serie de medidas que favorezcan la formalización y no castiguen a quienes realizan aportes”.
Partido Colorado - Ernesto Talvi
Para este economista, lo que hay que priorizar en este momento en materia de empleo es “la creación de puestos de trabajo”: “para que aquellos que lo buscan por primera vez lo encuentren y para que aquellos que perdieron su trabajo lo recuperen cuanto antes”. Dice que en los últimos cuatro años se perdieron 60.000 puestos de trabajo y establece que “se deberían haber generado unos 18.000 puestos por año para mantener la tasa de empleo de 2014”.
Talvi declara que mantendría los Consejos de Salarios, ya que tanto estos como la negociación colectiva “cumplen un rol fundamental en la organización de las relaciones laborales”. No obstante, advierte que “hay que modernizarlas”, y, en este sentido, que los acuerdos por sector “no contemplan la realidad de muchas empresas”. “Es un solo talle que no a todos les cabe por igual”, ilustra, y hace referencia “muy especialmente a las empresas pequeñas y a las empresas del interior del país”, lo cual establece que “termina redundando en cierres y en pérdida de puestos de trabajo”. “Lo que pensamos es que si los trabajadores y la empresa quieren negociar condiciones distintas a lo que se establece a nivel de rama eso tiene que prevalecer, siempre teniendo la posibilidad de acogerse al contrato definido a nivel rama si no hay acuerdo entre los trabajadores y la empresa” agrega.
Desde Ciudadanos, Talvi dice que se está planteando “una puesta a punto del sistema de protección social que asegure su viabilidad financiera” y que “el punto de entrada para esta modernización no puede ser estrictamente fiscalista ni centrarse en la edad de retiro, sino que tiene que tener un enfoque integral”. Bajo este marco, establece que lo primero es que “la edad de retiro tiene que dejar de ser una decisión política, y pasar a basarse en una fórmula que depende de la expectativa de vida y que será evaluada periódicamente por técnicos independientes”, y también que “hay que aumentar los incentivos a prolongar la vida activa, para así desmitificar la idea de que las personas son productivas a los 60 años menos un día y dejan de serlo a los 60 más un día”. “El sistema actual tiene estos incentivos, pero la realidad es que tres cuartos de las personas se retiran antes de los 65 años”, afirma. Por último, dice que mantendrá el sistema de ahorro individual y apuesta también a “modernizarlo para que pueda contemplar la enorme variedad que han adquirido las relaciones laborales”. “Los trabajadores deben tener los incentivos a ahorrar en sus cuentas individuales más allá de si están en una relación de dependencia con su empleador, y además tienen que poder elegir qué hacer con sus ahorros individuales de acuerdo al perfil de la persona y a sus decisiones de vida”, afirma el economista.
La Alternativa - Pablo Mieres
Para el candidato por el Partido Independiente, que hoy integra la agrupación La Alternativa, el principal problema en términos de empleo es la “falta de creación de puestos de trabajo”. Sostiene que estamos en un “momento de crisis” y ata esto directamente con la “baja competitividad” del sector productivo, a la que le atribuye dos causas: una mundial, relativa al cambio tecnológico, que “no puede revertirse, sino buscarle alternativas” que enumera en “formación y reconversión”. “El país tiene que tener la capacidad de generar un sistema educativo que forme los roles nuevos”, afirma. Una segunda causa para Mieres es local y refiere a “un problema nuestro que se ha agudizado en los últimos años”: “un exceso de gasto público, que genera déficit fiscal, aumento de impuestos y tarifas públicas caras”. Ante esto, sostiene que es necesaria una “profunda reforma del Estado” y “buscar más eficiencia”.
Mieres dice que los Consejos de Salarios son un instrumento “necesario” que se compromete a mantener, pero advierte que “el Estado tiene que ser garante de las dos partes, generando confianza y garantía, para trabajadores y empleadores”. En esta línea, dice que “hay que tener capacidad de adaptación”, y si bien reconoce que en los últimos años el gobierno tuvo “algún proceso de adaptación”, considera que “hay que ser más específicos aun” y, en particular, “lograr acuerdos a nivel empresa y no sector”.
En cuanto a la seguridad social, dice que es “absolutamente imprescindible” una reforma, ya que la propia estructura demográfica del país “nos obliga”. Sostiene que esto implica “un ámbito de diálogo de todo el sistema político y de los actores trabajadores y empleadores” para llegar a un acuerdo general. “Hay que tener la cabeza abierta y pensar cosas novedosas, como retiros parciales, incentivos que promuevan retiro tardío y cambiar la edad de retiro, no para los que están cerca, sino para los más jóvenes” ejemplifica. En otro orden, Mieres es proclive a mantener un sistema mixto, ya que considera que el ahorro individual “equilibra” el sistema.
Unidad Popular - Gustavo López, candidato a vicepresidente
Desde Unidad Popular, las prioridades en materia de empleo redundan en “55.000 puestos de trabajo perdidos”. López establece que muchos de estos provienen de la rama industrial y bajo este preconcepto considera que Uruguay debería apostar a un “cambio de matriz productiva” que priorice “un fuerte desarrollo industrial propio”. “Uruguay no puede insertarse en el mundo aceptando la división de trabajo, sino que debe resolver la industria por sí mismo”, afirma, y agrega que en un país donde hay un promedio de cinco hectáreas por persona, es impensable que no esté resuelto el problema de la alimentación. Al mismo tiempo, considera que la clase obrera se encuentra “fragmentada” y que hay “una fuerte ofensiva contra ella” por medio de un proceso que define como de “tercerización, precarización y desregularización”.
López sostuvo que los Consejos de Salarios son una herramienta “útil”, pero, contrario a lo que proponen otros, “el Estado no puede jugar un papel de neutralidad”; establece que “en el conflicto de clase, [debe estar] a favor de los más vulnerables”. Dice que, de ganar, mantendrá el ámbito de negociación colectiva porque se trata de uno “imprescindible”, y agrega que también ampliará los “radios de acción y alcance” de este espacio a otras materias, como inspección, salud y seguridad laboral, puntos en los que establece que el Estado no es neutral.
En cuanto a la seguridad social, dice que “naturalmente se necesita una reforma” pero que esta no debería seguir la “tendencia mundial de arrebatar derechos” y en cambio apuesta a “aumentar la base jubilatoria, que el hombre trabaje menos, porque en definitiva está disponible la tecnología para que así sea”, y también a eliminar las AFAP “para que el dinero vuelva a la fuente”. En este sentido y de la mano de la industrialización propuesta, considera que “generar empleo genuino aumentará el nivel de aportación y de formalización” que se necesitaría para bajar el déficit actual.