De las personas que tienen tierras agrícolas en el mundo, menos de 13% son mujeres, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En Uruguay, la desigualdad de género llegó a superar este porcentaje. El Censo de 2011 indicaba que sólo 11% de las tierras agrícolas eran de mujeres. Por entonces, también equivalía a 11% el número de mujeres que accedían a la titularidad de las tierras que adjudica el Instituto Nacional de Colonización (INC), aunque esta institución tiene la capacidad de determinar quién accede a la tierra, dijo su gerente general, Enrique Arrillaga, durante la conferencia “Transversalidad de género en la institucionalidad agropecuaria. Reflexiones de un proceso interinstitucional”. En ese encuentro, organizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) por el Día de la Mujer Rural, Arrillaga destacó que desde 2011 hubo “un salto” en los números, y el porcentaje de colonas creció de 11% a 26%. “Es poco, es 15%, pero para el instituto es significativo ese cambio”, afirmó.
Este aumento de la presencia de mujeres ocurrió a partir de que se comenzó a aplicar, en 2014, un decreto que establece la cotitularidad de las tierras que adjudica el instituto a los dos integrantes de una pareja, ya se trate de unión de hecho, civil o matrimonio, siempre que esas personas “dediquen la mayor parte de su tiempo de trabajo al hogar, a la explotación productiva directa” y que obtengan de esta actividad la mayoría de sus ingresos. Ese decreto se convirtió en ley en 2019.
Desde 2014, “45% de las adjudicaciones son a mujeres”, dijo Arrillaga. “Dentro de ese 45%, la cotitularidad es la responsable de 84% de las adjudicaciones, lo que quiere decir que esta política está incidiendo en esos grandes números”, agregó.
Una vez en marcha la cotitularidad, las autoridades se plantean “nuevos desafíos”. De acuerdo con Arrillaga, uno de estos consiste en extender la titularidad compartida también a la tenencia de animales, que son “factores de producción”. Otro consiste en contemplar políticas que no sólo abarquen a las “unidades de producción familiar” sino también a los “procesos colectivos de acceso a la tierra”, en los que también pueden participar mujeres, porque hoy no existe una política activa de promoción y estabilidad de las mujeres en esos procesos”, dijo el funcionario.
Por otra parte, “tenemos y estamos a punto de aprobar un protocolo de acción para los procesos de separación o divorcio de esas parejas que acceden en cotitularidad, para saber cómo proceder”, informó Arrillaga. “También debemos tener respuestas a las separaciones por violencia basada en género que sean bien claras, protocolizadas, para que haya una forma de proceder institucional frente a eso”, agregó.
En su opinión, se debe “incorporar la mirada de género en todos los procesos” del INC: al planificar la compra de tierra, planear la propia colonización, al seleccionar a los colonos, en las tareas de capacitación y también en el presupuesto. “Si no le asignamos recursos, no hay ninguna política que se mantenga en el tiempo”, advirtió.
“El instituto tiene hoy más de 900 ‘inmuebles’; algunos se consolidan en colonias pero otros llevan el nombre de ‘inmuebles’”, dijo. Agregó que de esos “inmuebles, sólo dos llevaban el nombre de mujeres rurales”, y que si bien este es un hecho anecdótico, da una idea sobre “de dónde veníamos”. Este año, a 16 de esos inmuebles se les dio el nombre de mujeres uruguayas, entre ellas Alba Roballo, Amalia de la Vega, Paulina Luisi, Elena Quinteros y Luisa Cuesta, repasó el subsecretario del MGAP, Alberto Castelar.
A su vez, José Olascuaga, titular de la Dirección General de Desarrollo Rural, dijo que esta dirección es parte de una nueva institucionalidad que se creó en los últimos años en el MGAP, con la cual se han incorporado también “nuevas miradas, que el ministerio no tenía, en torno al propio concepto de desarrollo, al concepto de agricultura familiar” y también en cuanto a género. Explicó que se trató de un proceso de cambio de enfoque que incluyó pasar de hablar de pequeños productores a hablar de agricultura familiar. También consistió en percibir que para llegar con equidad a toda la población a la que se dirigen las políticas de desarrollo rural, era necesario implementar medidas específicas para algunos sectores a los que no se alcanzaba, incluso con políticas específicas para la agricultura familiar, entre ellos el de las mujeres rurales.
El cambio no es exclusivo de Uruguay. La representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Alejandra Sarquis, que también participó en la conferencia, dijo que la institución que integra ya tiene 77 años, y desde hace 67 cuenta con una oficina en Uruguay, pero recién hace dos años incorporó la igualdad de género a sus plataformas y sus prioridades. “Creo que eso es muy importante recalcarlo, no para juzgarlo, sino porque este es un tema joven que está sobre la mesa”, reflexionó.
El campo y las desigualdades
El Día de la Mujer Rural tuvo como lema este año “Mujeres y niñas rurales construyendo resiliencia climática”. Durante la conferencia convocada por el MGAP el 15 de octubre, el oficial a cargo de la FAO en Uruguay, Vicente Plata, dijo que si bien las mujeres rurales “representan más de un tercio de la población mundial y 43% de la mano de obra agrícola, siguen sufriendo de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza, el hambre y el cambio climático”. Agregó que “pese a que son tan productivas como sus homólogos masculinos, las mujeres no disponen del mismo acceso a la tierra, de créditos en igual medida, de acceso a mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor, y tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos”.
En Uruguay, dijo el representante de la FAO, “las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política del país, sus comunidades e incluso en la toma de decisiones en sus hogares”, y “su labor sigue siendo invisibilizada y no remunerada”.