En un comunicado de prensa firmado por el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y el secretario general, Marcelo Abdala, ambos dirigentes se pronuncian sobre la resolución del Poder Ejecutivo del 15 de julio que “establece algunas modalidades especiales en las relaciones laborales enmarcadas en la inversión de UPM”. Para Pereira y Abdala, “los eventuales mecanismos de prevención de conflictos en general, y también para el caso de UPM, tienen naturaleza convencional y no corresponde que los mismos estén mencionados en una resolución del Poder Ejecutivo”. Además, consideran que en Uruguay “es tradición del movimiento obrero que hay negociación colectiva y por tanto, de haber acuerdo, hay convenio, recién cuando está constituido el sujeto de la negociación (los trabajadores en el lugar de trabajo)”. “A nivel de rama de actividad, siempre está constituido el sujeto, en una obra particular recién se constituye cuando hay trabajadores en la obra. Recién en ese momento -si se desarrolla un acuerdo- pueden convenirse mecanismos de prevención de conflictos en el marco general de un convenio colectivo”, agregan.
Sin embargo, aclaran que lo expresado “no va en desmedro de la opinión general, favorable a promover mecanismos que den garantías a las partes, y de lo que esté establecido, de ser el caso, en los convenios colectivos de rama de actividad que correspondan”. En el comunicado, los dirigentes también consideran que en general “existe una opinión negativa del movimiento sindical” sobre los “mecanismos de arbitraje” y que se prefiere la “participación directa” de los trabajadores a través de la negociación colectiva “a la hora de resolver los diferendos laborales que se puedan presentar”. Luego, opinan que la central de trabajadores solo participa “en los asuntos vinculados a las relaciones laborales, de estricto protagonismo de sus filiales, exclusivamente en el caso de que esto sea solicitado por sus filiales”, y que no se reconoce “lo establecido en la ley 13.720 artículo 3, literal f del gobierno de Jorge Pacheco Areco”. Dicha ley crea una Comisión de Productividad, Precios e Ingresos para la actividad privada y en el literal referido establece que tendrá entre otros cometidos: “Actuar como órgano de conciliación respecto de situaciones conflictuales colectivas de carácter laboral a que le sean planteadas. Ninguna medida de huelga o 'lock out' será considerada lícita si el problema que la origina y la decisión de recurrir a tales medidas no han sido planteadas con no menos de siete días de anticipación a la Comisión”.
Finalmente sostienen que lo expresado en el comunicado “no va en desmedro de considerar que la inversión de UPM es una buena noticia para el empleo de los uruguayos y para la descentralización territorial de las actividades”, y dejan constancia de la voluntad del PIT-CNT de “actuar según lo establecido en el Acuerdo Marco Área Laboral debidamente firmado el 12 de setiembre de 2017, por el gobierno, UPM, la Cámara de la Construcción, la Cámara Metalúrgica y las autoridades” de la central obrera.