El directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) resolvió el 4 de marzo pronunciarse sobre los artículos 313 y 314 del borrador del anteproyecto de la ley de urgente consideración (LUC). De aprobarse estos artículos, para el INC se “modificarán aspectos sustanciales” de la ley orgánica del instituto (Ley 11.029), ya que otorga una nueva redacción al artículo 61, estableciendo que el colono debe “trabajar el predio bajo su dirección y supervisión directa y habitarlo con su familia, salvo, en este último caso, que se trate de colonos propietarios, o que la adjudicación expresamente establezca la excepción, o que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados, o por razones justificadas de salud, estudio o trabajo de algunos de sus integrantes”.
Si bien ya había asumido el presidente Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) cuando se votó esta resolución, el directorio del INC sigue teniendo la misma integración que le otorgó la anterior administración frenteamplista, porque el nuevo gobierno no ha designado autoridades.
El INC opina que las modificaciones introducidas por la LUC eliminan las obligaciones de los colonos “en cuanto a la residencia en el predio adjudicado y su explotación directa”, y resultan contrarias a la Ley 11.029, que “establece la residencia como una de las obligaciones principales de los colonos, en función del interés general, así como de la Ley 18.187, denominada de Repoblamiento de la Campaña. “Las excepciones propuestas en la LUC a la obligación de residencia no se encuentran debidamente fundamentadas y contarían el interés general, en la medida en que propenden al uso inadecuado de los recursos públicos, promueven que los recursos invertidos en infraestructura por la sociedad uruguaya –vivienda, instalaciones productivas, caminería, electrificación, etcétera– no sean utilizados por las familias productoras del medio, desprotege los territorios de la producción familiar y quita oportunidades a las más de 1.700 personas que se presentan a los llamados a interesados en adjudicación de tierras del INC, las cuales están dispuestas a vivir y trabajar en el medio rural”, expresa la resolución a la que accedió la diaria.
La resolución, que fue votada en contra por el representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Rodrigo Herrero (Partido Nacional), agrega que “la colonización, como toda política pública, otorga un conjunto de derechos e impone obligaciones a los beneficiarios de la misma, máxime cuando se transfieren recursos, se subsidia una actividad y se otorgan condiciones para que las familias beneficiarias de la política pública puedan desarrollar su proyecto de vida y productivo”.
La resolución añade que los artículos citados de la LUC “promueven el despoblamiento de la campaña, la desprotección de los territorios de la producción familiar, vulneran la articulación de las colonias y desestimulan el relevo generacional, quitan posibilidades a aspirantes a colonos que aspiran a residir en el campo y suponen una pérdida patrimonial para el INC y para la sociedad uruguaya”, por lo que finalmente se declara que “los textos propuestos no tienen como base el interés general, sino que propenden a defender el interés particular”.
Me afinco
En el mismo sentido, también se pronunció en rechazo de estos artículos la Asociación de Funcionarios de Colonización (Afinco), en el entendido de que “toman definiciones políticas de extrema relevancia respecto de la propiedad y uso de la tierra”. Para Afinco, los cambios propuestos en la LUC “ponen en cuestión y redefinen la naturaleza” del INC, “en particular, el fin social del uso de la tierra y la población objetivo a atender con la política pública”. “Asimismo, se volcarían al mercado de tierra importantes superficies que la sociedad uruguaya resguardó por varias generaciones y que tienen valor tanto en la dimensión económica-productiva como social, ambiental, cultural y comunitaria”, agrega la declaración fechada el 12 de marzo.
El sindicato encuentra preocupante “que en los discursos electorales político-partidarios se plantee como problemático el despoblamiento del medio rural pero luego se tomen iniciativas que van en contra de asegurar las condiciones de vida en el campo”, y recuerda que los problemas sociales y de acceso a servicios que tiene la población del medio rural “no se resuelven fomentando el éxodo de algunas familias elegidas a las ciudades”.
“En Afinco queremos construir juntos un instituto que brinde igualdad de oportunidades y donde el respeto mutuo sea el camino que transitemos quienes trabajamos en esta hermosa tarea que es afincar familias en el campo”, concluye la declaración.