La rama extractiva del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) convocó para este miércoles a un paro con movilización en defensa de Ancap, las empresas públicas y el pórtland, bajo las consignas “Sí al trabajo, sí a la soberanía - Los trabajadores tenemos propuestas”.
La medida afectará solamente a cuatro plantas: parará desde las 6.00 hasta la misma hora del jueves la planta de cemento pórtland de Lavalleja y lo harán desde las 22.00 de este martes hasta la misma hora del miércoles las de Paysandú, estación Manga (Montevideo) y Cementos del Plata (Treinta y Tres).
Según un comunicado del Sunca emitido este martes, además del paro habrá una concentración en la plaza Primero de Mayo (Montevideo) a partir de las 14.00, en la cual “se estará presentando el documento elaborado con propuestas e informando a la ciudadanía” sobre la plataforma del sindicato. Según pudo saber la diaria, fueron invitados a conocer el documento legisladores de todos los partidos y autoridades.
La propuesta que se va a presentar se denomina “Desarrollo de la industria cementera estatal” y fue elaborada por el Sunca y la Federación Ancap (Fancap), en el marco de la Coordinadora de Sindicatos de Ancap, y el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT.
La iniciativa, que se encuentra “en fase de construcción”, es “un primer esbozo de la propuesta de desarrollo de la industria cementera estatal” por parte de los sindicatos. En el documento, al que accedió la diaria, se consideran “la riqueza natural de piedra caliza”, el “déficit habitacional” y de infraestructura, la “importancia de la inversión pública en la reactivación económica”, “los activos adquiridos (horno 3) necesarios para bajar los costos de producción a niveles competitivos”, las ventajas geográficas de la planta de Paysandú, la política comercial y herramientas de protección a la industria nacional, las “energías renovables”, el coprocesamiento, y las “externalidades sociales y ambientales”.
El documento asegura que existe un déficit de infraestructura y vivienda en el país, que Uruguay “muestra un claro rezago en la región y el mundo en el consumo per cápita de pórtland (indicador que se utiliza para medir el grado de desarrollo del país)”, que “los uruguayos somos dueños de reservas de piedra caliza valuadas en más de 10.000 millones” de dólares “que forman parte del patrimonio nacional” y que “esta riqueza, junto a las ganancias que genere su industrialización, debe volcarse a favor de la ciudadanía”.
Sobre el déficit habitacional de Uruguay se menciona que es de 70.000 viviendas, “y de las que están habitadas, cerca de 30% tienen fallas constructivas riesgosas para la salud de sus habitantes”. Para bajar los costos de vivienda se propone generar mayor oferta “mediante la construcción de importantes planes”, lo que beneficiaría “no sólo a los que accedan a estas, sino a otros hogares con problemas habitacionales, ya que esta nueva oferta debería presionar a la baja el precio de los inmuebles y de los alquileres”.
En cuanto al déficit de infraestructura se plantea como necesidad la implementación por parte del gobierno de “un Plan Nacional de Obra Pública, con especial énfasis en la vivienda”. “Si bien para la realización de este tipo de inversiones se necesita desembolsar importantes cantidades de fondos públicos y esto genera un incremento del déficit fiscal, hoy en día las cuentas públicas de todos los países del mundo se han deteriorado, incluso en aquellos casos donde existían restricciones presupuestarias muy exigentes fueron flexibilizadas para poder dar respuesta a la situación extraordinaria”, se indica, y se agrega que Uruguay “es el país que menos ha gastado como porcentaje del PIB para mitigar los efectos sociales de la crisis” provocada por la emergencia sanitaria derivada de la covid-19.
Importancia de la inversión pública
La propuesta de los sindicatos considera que para la reactivación económica es fundamental la inversión pública y habla de que “la teoría keynesiana plantea que el nivel de producto final depende de la demanda agregada, la que se compone por agentes internos y externos; y donde los agentes internos se integran con agentes privados (empresas y consumidores) y el Estado”. Cuando no hay niveles suficientes de demanda agregada generada por agentes privados, entonces “puede ser compensada por el Estado mediante el uso de la política pública, en particular la política fiscal”.
También se plantea que la capacidad de producción de la industria cementera “supera la demanda”, lo que implica un sobrecosto a las empresas “por amortización unitaria de los costos fijos”, pero a la vez “permite tener facilidades de producir para dar respuesta a planes de obra pública rápidamente y satisfacer esa demanda”.
Sobre el horno 3, de la planta de Paysandú, se sostiene que hubo en los períodos anteriores de gobierno “inversiones que quedaron inconclusas”, y que el “manejo irresponsable de las inversiones de Ancap” hizo que no se pudiera instalar y que, en consecuencia, la sanducera “sea una cementera no rentable”. Para los sindicatos, tras una exposición técnica que detallan en el documento, “la instalación del horno 3 en Paysandú es hoy una necesidad de Ancap para viabilizar la industria cementera”, porque permitirá “reducir los costos alrededor de 60%” y “provocaría por dos años alrededor de 1.000 puestos máximos de trabajos directos e indirectos”, además de un incremento aún mayor a largo plazo.
La propuesta destaca las ventajas geográficas de Paysandú, como su potencial exportador “hacia la mesopotamia Argentina”, entre otras, y propone que se viabilice el proyecto de ley de adquisición de cemento pórtland por parte del Estado y que se establezcan políticas expansivas de posicionamiento en los mercados interno y externo.
Finalmente, plantea que Ancap invierta en energías renovables para abastecer sus plantas de cemento, lo que “le significaría una reducción en sus costos de producción de entre 15% y 25%”, y ponga en marcha programa de coprocesamiento de residuos, que implique integrar de forma “ambientalmente segura” un residuo o subproducto a otro proceso productivo.