Daniel Claverie, psicólogo que cumplió tareas durante nueve años para el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) -organismo especializado en infancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Montevideo-, denunció ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la justicia laboral una serie de irregularidades y, tras ganar el correspondiente juicio, no recibió respuestas ni el pago correspondiente.
La directora de la entidad es la paraguaya María Julia Garcete, quien asumió funciones en mayo pasado. El cargo antes era ocupado por el psicólogo y expresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) Víctor Giorgi.
Claverie, especialista en derechos de la infancia y políticas públicas, trabajó desde 2011 hasta diciembre de 2020 en el IIN. Al finalizar ese año, condicionado por la pandemia, fue informado que era cesado de su cargo por cuestiones vinculadas a dificultades con los fondos con los que contaba la entidad para hacer frente al pago del personal contratado. Su horario era de ocho horas diarias, de lunes a viernes, y era su único ingreso laboral. Fue el único trabajador despedido en ese momento. No contaba con sanciones, suspensiones ni advertencias en su legajo.
Tiempo después, en diálogo con la oficina Ombudsperson de la OEA, tuvo conocimiento de que el organismo había tomado una decisión, y era la de no cesar a ningún trabajador durante la pandemia, ni en Uruguay ni en ningún otro país del continente.
En declaraciones a la diaria, Claverie dijo que no tenía un trato directo con niños, niñas y adolescentes. Explicó que en diversas ocasiones debía cumplir con misiones en el exterior -promedio de cinco viajes anuales- en toda América. Comentó que el tenor de las misiones variaba, y que más allá de la precariedad de su contrato, debió reunirse en varias oportunidades con ministros y autoridades de infancia en diferentes Estados, coordinar encuentros regionales en temáticas de relevancia, exponer, capacitar, y representar en reiteradas ocasiones al IIN.
Además dijo que “el instituto lo que hace es apoyar a los Estados en sus políticas públicas dirigidas a la promoción, protección y restauración de derechos. Por ejemplo, me tocó participar en la revisión, efectuar comentarios y apoyar la capacitación del personal en el programa de primera infancia de la República Argentina, así como al programa Sipiav [Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia] de Uruguay. En una sola frase, se trabajaba en proyectos dirigidos a las infancias de las Américas”.
Explicó que dada la estructura del Estado, y la fortaleza del mismo, “Uruguay es de los países que menos demanda asesoría técnica”. Acotó que en su etapa trabajó mucho en proyectos para países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, y en contraposición a eso, mencionó que “el cono sur es para donde menos trabajábamos porque cuentan con capacidades técnicas e institucionales instaladas”.
En la actualidad, hay unas 20 personas que trabajan en Uruguay para el instituto. De esa cantidad, unos 12 puestos son en su mayoría consultores externos, entre ellos psicólogos, sociólogos, abogados y trabajadores sociales.
La particularidad, contó Claverie, está en el vínculo de la entidad con los profesionales. Señaló que la OEA estila ofrecer a los trabajadores un contrato por tres meses, el cual automáticamente se va renovando. Aclaró que hay al menos tres tipos de contratos. En su caso, dijo que cuando fue cesado, de los seis sueldos que debía recibir por el despido le propusieron pagarle tres, y fue por ello que se asesoró con un abogado, pues consideró que “algo estaba mal”.
Agregó que mientras trabajaba para el organismo, y con el paso de los años, lo que siempre le resultó extraño era el por qué los contratos duraban tres meses, y no tenían una extensión mayor a la hora de llevarlo a los papeles. “Nunca quedabas sin contrato, pero se terminaba un contrato y comenzaba otro. Siempre todo a los tres meses. Era una sensación rara porque incluso se trabajaba para proyectos de uno o dos años de duración, pero siempre estaba el tema de si a los tres meses te renovaban o no”, dijo.
Resolución final e inapelable
Sobre su vínculo, el abogado que lo asesoró le informó que no debería haber ingresado a la entidad bajo la categoría de consultor externo. “Tenía que trabajar en el instituto, tenía una oficina propia, con un jefe. Tenía horarios que cumplir. Eso es ser trabajador dependiente, no es consultor externo. El consultor externo tiene un contrato, con un proyecto o un producto, pero no tiene que estar en el formato antes explicado. Eso yo nunca lo supe. En mi caso, ingresé en la época de Víctor Giorgi, exdecano de la Facultad de Psicología, que es de donde ya lo conocía y fue quien me convocó”, detalló Claverie.
Resaltó que tras su cese primero fue al MTSS a una fallida audiencia de conciliación, y posteriormente a la justicia. Hizo dos juicios al IIN, uno que terminó en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al cual el instituto no se presentó. Posteriormente, la SCJ trasladó el caso a la justicia laboral, donde el proceso avanzó (sentencia número 348/2021 del 14/09/2021), y en esa órbita tampoco se presentaron. “Hemos solicitado entrevistas a la directora del instituto para saber su postura o decisión, pero no hay respuesta”, aseguró el psicólogo.
En abril de 2022, la justicia laboral falló a favor de Claverie, en una resolución final e inapelable, pero después de eso el denunciante no ha recibido respuestas de ningún tipo, y no ha logrado que ni el IIN ni la OEA cumplan con el monto en dólares que le deben por indemnización.
“La justicia laboral en Uruguay funcionó bien. Falló e intimó, pero a la vista está que no logró el cometido”, dijo el psicólogo, y agregó que “el IIN de la OEA fue intimado varias veces a indemnizar, pero no responden y no se presentan, no dialogan ni nada. Todo bajo una postura de desconocer a la Suprema Corte y al Poder Judicial de Uruguay, que a esta altura es incomprensible. Es un silencio y un vacío deshumanizado”.
Durante el proceso judicial, el profesional comentó que el instituto interamericano envió una carta a la jueza que atendió su caso en la Justicia por intermedio de la cancillería, en ese entonces a cargo de Francisco Bustillo, expresándole que no debía haberse llegado a un juicio por esta situación.
Al respecto, comentó que la jueza Adriana Morosini emitió posteriormente un decreto señalando que el IIN “no ha comparecido en autos a contestar la demanda incoada sino que en un intento de desaplicación de la normativa uruguaya compareció por medio de una nota enviada al Sr. Canciller y que es remitida por correo electrónico a la suscrita”. Es decir, que el IIN había “utilizado canales no procedentes, inadecuados y transgresores de la normativa uruguaya” para hacer llegar su versión y posición sobre el tema.
Sobre cómo ha transcurrido el tiempo y su proceso, el psicólogo entiende que ha transitado todos los caminos que debía en lo legal, pero a la vez observa que “hay un vacío en los mecanismos y apoyos para lograr ejecutar la sentencia y para que el organismo cumpla con lo concluido por la Justicia. Si fuera un supermercado ya estaría embargado, pero siendo como es, uno se enfrenta a la falta de herramientas. Es una cosa de locos porque me cesaron sin tener problemas con nadie. Me cortaron el contrato y listo”. Agregó, además, que dos meses después de su salida contrataron a otro profesional para ocupar la vacante generada con su despido.
También el tema lo presentó ante el Banco de Previsión Social (BPS), el 7 de octubre del 2022, tras descubrir que en los últimos tres años de trabajo sus aportes no habían sido realizados como corresponde. Tampoco se realizaron los respectivos aportes a la AFAP. En marzo del presente año tuvo una audiencia, a la que concurrieron representantes del IIN, pero sólo fueron a repetir que no deberían haber sido convocados pues poseen inmunidades y pueden aportar lo que decidan o incluso no aportar cuando el instituto lo defina. Transcurridos nueve meses, no ha tenido noticias. Sólo sabe que el caso se encuentra en el departamento de jurídica del BPS.