En una conferencia de prensa en la que participaron el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y representantes de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), los sindicalistas propusieron una serie de medidas para afrontar el déficit hídrico. El primero en tomar la palabra fue el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, que comentó que FFOSE elaboró informes sobre la situación actual del agua, a la que calificó de “gravísima”, al punto de que “se puede decir que estamos en medio de una emergencia”.
Comentó que en el informe de FFOSE se destaca la necesidad de que “se sepa la verdad” y apuntó que el responsable de eso es el Poder Ejecutivo. Además, afirmó que es “fundamental pensar en soluciones en el corto plazo para un problema gravísimo”. En ese sentido, apuntó que existe una normativa vigente que establece que en estos casos es necesario convocar al Comité de Cuencas, con participación de actores políticos y sociales, de forma “urgente”.
“Hablamos de un ámbito global, un comité de emergencia que, con participación de los distintos actores políticos y sociales, y con participación del movimiento obrero, se pueda reunir de manera urgente para considerar esta situación”, añadió. Apuntó que la emergencia en torno al agua afecta al pueblo, especialmente a “los sectores más carenciados”, que son los que “tienen más dificultades para lidiar con estos problemas”.
Abdala contó que el martes se reunirá la Mesa Representativa del PIT-CNT para tratar esta situación y comentó que no se descarta que la central sindical decida convocar “una gran movilización ciudadana en defensa del agua”. Por esa misma línea, destacó la importancia de tener “una cabeza estratégica” y “desarrollar un consenso popular programático” que establezca una “matriz productiva diferente”.
El siguiente en tomar la palabra fue el presidente de FFOSE, Federico Kreimerman, quien planteó que desde el sindicato le exigen al gobierno que sea más claro con la información que se le da a la población sobre el tema. En ese sentido, manifestó que “cuando se habla de un escenario de 20 a 30 días de disponibilidad de agua dulce no se está siendo claro en decirle a la población qué pasa después”.
Kreimerman marcó que la situación es de “carácter grave” porque “va a haber problemas desde el punto de vista sanitario”. Planteó que el gobierno puede terminar cortando el suministro de agua o bombear solamente agua salada. “Es muy distinto de lo que está pasando hoy, que ya es grave”, valoró.
Aseguró que la situación actual del agua impacta “en la salud, en el uso doméstico del agua en todos los hogares y en el acceso real al agua”, aseguró. Además, planteó que también hay “un impacto económico muy fuerte en muchas ramas de la industria que utilizan el agua de OSE y que no van a poder llevar adelante sus procesos productivos si se pasa a una situación de corte de suministro o de bombeo de agua solamente proveniente del Río de la Plata”. Por eso, insistió en que “el gobierno está en la obligación de explicarle al país cuál es el escenario que se avecina”.
En cuanto a la “política comunicacional del gobierno” sobre el tema, criticó que es “sobre hechos consumados”: “Cada vez que se nos informa que OSE le pidió al Ministerio de Salud Pública un nuevo permiso para elevar los contenidos de cloruro, que viene a ser de sal en el agua, ha sido sobre los hechos ya dados. Lo hacen cuando ya está sucediendo y, sobre todo, se lo explican a la población cuando ya no hay más nada para hacer”, argumentó.
Señaló que el gobierno pudo actuar de forma diferente porque se sabía desde hace meses que había riesgo en el suministro de agua potable. “Sin embargo, se eligió no decir nada y avisar a la población, por ejemplo, que el agua va a venir con sal cuando el agua ya viene con sal”. Con respecto a eso, afirmó que comunicando de otra forma se puede generar que “la población tenga conductas diferentes”.
Calificó de “inadmisible” que en la actual situación de crisis en OSE siga vigente tanto la “reducción de las inversiones como la reducción en el personal”. Por eso, consideró que “resultaría obvio pensar que para salir de la crisis del agua se necesita más gente trabajando en OSE; sin embargo, en plena crisis hídrica, el decreto del Poder Ejecutivo que regula el presupuesto de OSE está vigente y sigue indicando la eliminación de 67% de las vacantes”. Incluso, planteó que, “al día de hoy, el directorio de OSE sigue eliminando vacantes y sin realizar concursos”, aunque, “si tuviera voluntad política”, el gobierno podría “habilitar más ingreso de personal de manera extraordinaria”.
También se refirió al proyecto Neptuno, que según él “jamás hubiera podido solucionar esta situación” ya que la planta de Arazatí “no tiene proceso de salinización, a pesar de que utiliza agua del Río de la Plata”. Planteó al gobierno que suspenda el proceso del proyecto Neptuno, “al menos para reestudiarlo”, porque “resulta improcedente que se gaste cientos de millones de dólares en una obra que no traería solución a la presente crisis”.
“Esto requiere que el gobierno cite espacios de emergencia rápido e informe bien a la población”, señaló, y pidió que “se decrete la emergencia, porque las soluciones de corto plazo, lamentablemente, son difíciles de pensar. Pero lo que podemos afirmar es que no hay forma de encontrar soluciones si no se gasta dinero”.