La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) emitió un comunicado el martes para expresar “su preocupación” y rechazo por las declaraciones realizadas por parte del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Ariel Sánchez, “respecto a la implementación del nuevo régimen de certificaciones médicas que se está ejecutando en algunos organismos públicos”.
El jerarca había expresado el lunes en una entrevista con radio Carve que “si un trabajador es funcionario público y también trabaja en la actividad privada, si está con licencia médica, eso no es compatible, desde el lado de la administración pública, y desembocaría en un sumario, a los efectos de terminar y saber cómo en un lugar estoy enfermo y en el otro estoy activo y puedo trabajar”.
Sánchez agregó que “antes no se relacionaba” lo que sucedía en la órbita pública con la privada, y agregó que por intermedio de la ONSC “muchas veces llegan expedientes donde a nivel de la administración pública se comprueba que la persona sigue desempeñándose en la actividad privada, lo que se constata con documentación”, y que en la pública no está trabajando.
COFE expresa que los funcionarios públicos deben desarrollar su “actuación y conducta” ajustándose “a las normas y principios que rigen la ética pública, tales como la probidad, imparcialidad, rectitud, idoneidad y transparencia, principios que también abarcan a quienes ocupan cargos políticos”.
Agrega que “parece absolutamente irresponsable que se afirme que, como consecuencia de la aplicación de este régimen arbitrario e injusto, los funcionarios públicos que están certificados estén retornando a sus lugares de trabajo, insinuando que este comportamiento justificaría el argumento infundado del gobierno al proponer esta norma bajo la suposición de que los trabajadores estatales abusaban del régimen anterior de certificaciones médicas”.
Para COFE, “estas afirmaciones, además de ser absolutamente falsas”, “carecen de cualquier rigurosidad estadística, debido, entre otras razones, a que en algunos servicios recién se cumplió el primer mes de aplicación”.
En ese sentido, el sindicato sostiene que “lo único que se ha constatado es que, en algún lugar específico, algún trabajador resolvió reintegrarse a trabajar enfermo, porque, si se le aplicaba el descuento, no podría pagar el alquiler ni los servicios básicos”.
La confederación solicita que “se fundamenten estas afirmaciones con información respaldada jurídica y académicamente”, y acota que “el gobierno no ha podido comprobar su prejuicio por el simple pero no menos importante hecho de que incumple con la normativa internacional y nacional sobre el deber de protección, prevención y vigilancia de la salud de los trabajadores”.
“Estas afirmaciones, dadas a la prensa, injurian y tergiversan ante la opinión pública la imagen del funcionario público y el valor de su función, que está al servicio de las garantías que otorga al conjunto de ciudadanos que conforman nuestro país. Imagen que, en lugar de ser distorsionada, debería ser fortalecida por el gobierno en su discurso y en su accionar”, concluye COFE.