A menos de una semana para que el pueblo uruguayo deba dirimir el futuro político del país en las urnas, el debate en torno al plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT acaparó gran parte del debate del ciclo electoral hasta el momento.
En este contexto, las manifestaciones de los actores interesados, ya sea a favor o en contra de la implementación de un nuevo régimen, se enfocaron, por el lado de la central sindical, en las percibidas desigualdades del esquema jubilatorio vigente, mientras que desde el bando opositor a la reforma constitucional se advirtió de las supuestas consecuencias macroeconómicas que podría acarrear la eliminación de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), así como de la eventual suba del precio del dólar y de una necesidad de incrementar la carga impositiva. Por su parte, en la construcción existen discrepancias entre el sector empresarial y los gremios de trabajadores respecto de las posibles consecuencias que podría acarrear el plebiscito.
Hoy en día, buena parte de los activos del Fondo de Ahorro Previsional (FAP) administrado por las AFAP, que de acuerdo con la última memoria trimestral consignada por el Banco Central del Uruguay (BCU) alcanzó los 23.331 millones de dólares, se vuelca al sector productivo. Es que, según se establece en el artículo 123 de la Ley de la Seguridad Social, aprobada en 1995 y que les dio origen, las AFAP pueden servirse de seis “categorías de activos” en las que invertir “de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y compatibilidad de plazos”.
En particular, el literal B de esa ley permite a las AFAP invertir en “empresas públicas o privadas uruguayas” mediante títulos de deuda, certificados de participación y fideicomisos o “títulos emitidos bajo patrimonios de afectación de análoga naturaleza uruguayos”, ya sea en pesos uruguayos, valores reajustables como las unidades indexadas (UI) y las unidades previsionales (UP) o en moneda extranjera.
Es así que pueden participar en sectores como el de la construcción, aunque con determinadas limitaciones: tal y como establece el artículo 123-Bis, adicionado tras la aprobación de la Ley de Reforma de la Seguridad Social en 2023, las AFAP no pueden invertir más de un 50% del valor total de los subfondos que componen los FAP a su cargo. De acuerdo con el BCU, hacia fines de agosto dicha cifra se encontraba lejos del límite, con un 20,51% del total de las inversiones comprometidas al literal B, es decir, poco más de 4.785 millones de dólares. De mantenerse las proyecciones para este año, así como los montos invertidos, esto representaría el 6% del producto interno bruto (PIB) nacional.
Sin embargo, y a pesar de que el BCU proporciona reportes mensuales relacionados con el mercado de activos de las AFAP y los diferentes literales e instrumentos en los que se reparte el FAP, estos no desagregan las inversiones según el sector productivo al que fueron asignadas, lo que dificulta determinar su distribución final.
Al respecto, el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Alejandro Ruibal, había declarado a mediados de año que, durante los últimos diez años, aproximadamente la mitad de la inversión del mercado de valores local, en el que participan las AFAP y cuyo monto total estimó en 5.500 millones de dólares, “fueron para obras de construcciones de infraestructuras”. En ese entonces, Ruibal advirtió su posible “destrucción” ante un eventual escenario de “eliminación de las AFAP”, así como la posible pérdida de 15.000 puestos de trabajo, en una rueda de prensa meses más tarde.
Ruibal: “Es un escenario tan catastrófico que no lo podés proyectar”
En diálogo con la diaria, Ruibal reafirmó sus dichos, aunque matizó que la intención no fue en ningún momento “hacer una campaña de publicidad en contra del plebiscito”, sino dar a conocer los “efectos nocivos” que entienden que podría tener sobre la industria.
Según explicó, desde un principio el objetivo de sus manifestaciones fue “analizar” el potencial “escenario de eliminación de las AFAP”, en torno a un instrumento que en los últimos 15 años se ha utilizado muchísimo para financiar distintos tipos de inversiones, algo que, dijo, “no es un invento uruguayo”.
Ruibal enumeró una serie de emprendimientos de infraestructura. Entre ellos, los fideicomisos CAF-AM, emitidos por el Banco de Desarrollo de la Corporación Andina de Fomento y financiados en conjunto con las AFAP, que permitieron la concreción de proyectos de participación público-privada (PPP) en torno al Ferrocarril Central, obras de infraestructura vial e incluso la construcción de centros CAIF, recordó.
También se refirió al “círculo virtuoso” que representa la inversión realizada por las AFAP en el sector, que, según argumentó, facilitan el financiamiento de obras de infraestructura en monedas locales, que permiten reducir los riesgos y que, consideró, el plebiscito “mata de raíz”. “Nos tiramos un tiro en el pie sin esa herramienta”, consideró.
Según dijo, la herramienta “está madura a este punto”, por eso cuestionó la necesidad de “tirar por la borda” ese proceso, al tiempo que llamó a mejorarla a partir del diálogo con todos los actores que intervienen en el financiamiento de proyectos. “Todo este andamiaje que se armó se pierde”, advirtió, para también recordar que antes del surgimiento de dichos mecanismos, nuestro país “no contaba con herramientas modernas de financiamiento”.
En esta línea, y consultado acerca de si la aprobación del plebiscito podría llevar a la desaceleración del sector, el presidente de la CCU respondió que “sin lugar a dudas”, en tanto “el sector ya tomó como propio” el mecanismo.
También recordó que este depende no sólo de inversión pública, sino también privada, y alertó así ante una posible “corrida de privados que se van a ir del país o que no van a invertir” si triunfa el plebiscito. En este sentido, apuntó a la subida del valor del dólar como indicio de ese escenario, si bien reconoció que, una vez que se registró un “retroceso” del voto afirmativo en las encuestas, el proceso “se estabilizó”, pero “no mejoró”. De todos modos, mencionó la eventual necesidad de incrementar la carga impositiva, que, según dijo, podría llevar a “perder inversiones”, así como la eventual desmejora del “clima de negocios” y el “acceso al financiamiento”.
Sin embargo, consultado acerca de si cuenta con un plan de contingencia ante una eventual aprobación del plebiscito de reforma constitucional, Ruibal dijo desconocer “por dónde empezar” y subrayó que, en primer lugar, sería necesario conocer “cómo el gobierno [electo] encare el tema”. “Es un escenario tan catastrófico que no lo podés proyectar hasta que no se sepa qué elige el país”, valoró.
Díaz: “El problema de la industria de la construcción” no es “la papeleta blanca del Sí”
Por su parte, el secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Javier Díaz, manifestó a la diaria su descontento con lo que llamó “campañas del miedo” en torno al plebiscito, que dicen que “si mañana triunfa la papeleta blanca del Sí todo el mundo se va a quedar sin trabajo [y] se va a generar una catástrofe”.
El secretario general del Sunca tildó la postura de la CCU y otros detractores de la propuesta como “muy irresponsable” y, en respuesta a las preocupaciones en torno al cumplimiento de obras, remarcó que “lo que se está financiando con los recursos de las AFAP va a continuar hasta que termine”, por lo que “se van a cumplir todos los compromisos”. “No es que se corta el contrato y los trabajadores van para la calle; esa obra va a continuar hasta que termine”, sintetizó.
Según dijo, manifestaciones como las de Ruibal no son nuevas, y recordó que cuando su sindicato promovió la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, hace una década, “se decía que al otro día las cárceles se iban a llenar de empresarios”, cuando “lo que pasó fue todo lo contrario”: hubo un descenso de siniestros en la construcción y un incremento de las consultas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social “en materia de seguridad laboral”.
Díaz subrayó que el mecanismo a través del cual las AFAP invierten en el sector “no es la única fuente de financiación”, dado que “hay otros” e incluso “puede haber otros también”. “Yo no creo que la Cámara de la Construcción esté pensando solamente en los recursos de los trabajadores como la principal fuente de financiación, a futuro, en la industria de la construcción”, afirmó.
En su opinión, “el problema de la industria de la construcción desde la perspectiva del problema de la financiación”, que calificó de “muy importante”, no es “la papeleta blanca del Sí”, sino que “el gobierno no es capaz de dar certeza de qué va a pasar” con ella en un contexto en el que se han perdido “cerca de 11.000 puestos de trabajo directo” en el último trimestre, que “en su mayoría no se han podido recomponer”, acusó Díaz. Dijo, a su vez, que no existen “certezas claras” respecto de “dónde se va a invertir en la construcción, más allá de dónde surja el financiamiento”.
En este sentido, consultado sobre la posibilidad de instalar mecanismos de inversión alternativos a las AFAP, el dirigente sindical recordó que, de aprobarse el plebiscito, “al otro día se abre un proceso de 24 meses de diálogo social”, en el que “después se va a legislar” en torno a “las posibles incertidumbres”.
De esta manera, y en contraste con Ruibal, quien consideró que un mecanismo de inversión alternativo con origen en el sector público probablemente “no sería lo suficientemente eficiente” respecto del modelo de financiación vigente, Díaz no se mostró contrario a su eventual concreción. “Es posible un pilar de ahorro colectivo y es posible que quizás se pueda capitalizar mañana ese pilar de ahorro colectivo: será una discusión del Parlamento, que va a ser quien va a tener que legislar”, consideró.