El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) reafirmó su posición institucional de cara al proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida que el gobierno presentó ante el Parlamento en junio; fue aprobado por unanimidad en el Senado a finales de agosto y se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados desde el 1° de setiembre.
El mensaje del INIA, al que accedió la diaria, plantea que el articulado busca “modernizar” su marco legal pero sin modificar “su naturaleza, objetivos, organización y financiación”, al tiempo que prevé resolver el “problema” que representa el hecho de que el INIA genere tecnología pero tenga dificultades para “capturar y reinvertir su valor”, con lo que termina “subaprovechado o en manos de terceros”. Con esos objetivos, el proyecto prevé “habilitar vehículos instrumentales de transferencia, viabilizar la participación del INIA en proyectos asociativos del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) sin percibir fondos, y establecer un régimen acotado de participación del personal en empresas derivadas, previa autorización de la junta directiva y bajo ciertas condiciones a reglamentar”.
El documento remarcó que estas disposiciones no modifican la “naturaleza jurídica, la integración de la junta directiva ni las fuentes básicas de financiamiento” del INIA, sino que habilitan herramientas actualmente sin soporte legal. Además, señaló que las referencias al Poder Ejecutivo (PE) en las disposiciones “no crean una relación de dependencia jerárquica ni afectan la independencia técnica o la autonomía institucional actual” y, aunque no existen plazos para la aprobación del proyecto de ley, reconocen que “una deliberación específica de las normas referidas al INIA es valiosa y así está ocurriendo”.
Punto a punto
Sobre la habilitación a crear sociedades instrumentales, la misiva remarcó que no es una excepción para el INIA sino “una política para toda la investigación pública” y que la propuesta “procura regular de forma específica ese instrumento” para la institución. En ese sentido, remarcó que la iniciativa “no convierte al INIA en empresa ni en fondo de riesgo”, y señaló que, en contraposición, busca “habilitar vehículos instrumentales para que la tecnología llegue mejor al productor y su valor retorne al sistema”.
El mensaje repara en que la decisión de crear o integrar estas sociedades es exclusiva de la junta directiva, y que la exigencia de un “asesoramiento favorable” previo por parte del Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria (CCTA), que se incluyó, pretende “garantizar coherencia con la política nacional y respaldo sectorial”. La propia junta directiva también puede disponer desvinculaciones, pero el articulado prevé que las actividades de la sociedad “sean afines a los lineamientos institucionales” y que el PE también “pueda exigir la desvinculación del INIA en caso de disconformidad”.
Respecto a las eventuales utilidades, planteó que “vuelven al INIA como recurso propio” para asegurar que se reinviertan, con lo que su modelo de financiamiento permanece “idéntico”, pero agrega un nuevo recurso, al tiempo que la referencia en cuanto a que el PE establezca “criterios, prioridades y directrices” para utilizarlas “no desnaturaliza la condición como recurso propio”. Finalmente, reparó en que la exoneración tributaria se proyectó para extender a estas entidades “el beneficio de que goza el INIA desde su origen, siempre que su capital estuviera íntegramente integrado por la institución”, pero en la discusión parlamentaria se extendió a aquellas donde tenga más del 50% y ven necesario analizarlo para volver atrás o “buscar alternativas que no afecten la competencia con terceros”.
En otra línea, el texto también contiene consideraciones sobre la posibilidad de que los investigadores participen en empresas spin-off. Planteó que el objetivo de este tipo de empresas es desarrollar tecnología desde conocimientos ya generados por el INIA, pero imposibilitados de potenciarse en su estructura actual y, por eso, es “un instrumento de excepción” con aspectos pendientes de reglamentar en el marco de un régimen “sin remuneración y autorizado caso a caso”.
La alternativa busca que investigadores formados con recursos públicos “se queden en Uruguay”. Señaló que aprobar spin-offs es “potestad exclusiva” de la junta directiva y que el proyecto le exige evaluar aspectos que van desde su pertinencia tecnológica hasta la ausencia de conflictos de interés, al tiempo que el investigador que lo solicite deberá “cumplir ciertas condiciones” que reglamentará la junta directiva vinculadas a su formación, antigüedad y rol. Además, remarcó que se prevé un período de tres años para evaluar la viabilidad de una spin-off y, al finalizar, “cesa la compatibilidad legal para ser funcionario del INIA y participar en la spin-off”, por lo que el trabajador deberá optar entre ambas opciones.
Finalmente, el proyecto permite que terceros beneficiarios del FPTA puedan “generar figuras asociativas con el INIA a través de programas o proyectos financiados por el FPTA” y habilita al instituto a participar “sin afectar sus recursos financieros operativos, sin recibir retribución económica del FPTA y manteniendo una evaluación independiente”. “Este aspecto atiende una realidad e inquietud existente desde diversos sectores y, en ese sentido, no ha sido objeto de cuestionamiento, al margen de formularse sugerencias en cuanto a la revisión de reservar fijamente el 10% de recursos INIA para FPTA en el escenario institucional actual y del mayor aporte del productor actualmente”, cerró.
El INIA está abierto a “promover ajustes” y asumió tres compromisos
En su mensaje final, la institución remarcó que el “acuerdo amplio” que le dio origen aún es el “punto de partida” y las disposiciones no pretenden modificarlo, pero identifica cambios en “el mundo en el que el conocimiento se transforma en desarrollo”, donde la innovación alcanza a los productores “a través de empresas de base tecnológica, fondos de inversión y alianzas público-privadas”, realidad que entienden contemplada por el proyecto.
“Compartimos sus preocupaciones de fondo: que el conocimiento generado con recursos públicos conserve su carácter de bien público, que los recursos de los productores estén protegidos, que la credibilidad y reputación del instituto y de sus resultados de investigación no se pongan en duda y que los conflictos de interés se prevengan. No vemos en esas preocupaciones un obstáculo, sino la agenda de las salvaguardas que esta reforma necesita”, indicó.
Con todo, indicaron estar “abiertos a promover ajustes que mejoren la propuesta bajo estudio” y, de aprobarse, asumieron tres compromisos concretos: “reglamentar la norma con consulta a Apuinia, Fefuinia, a las gremiales agropecuarias, a los CAR y al CCTA; aprobar en la junta una política de inversiones con límites de exposición, el reglamento de spin-offs que manda la ley y un protocolo de integridad científica, y rendir cuentas públicamente cada año de dichos instrumentos que eventualmente se crearán”.