La Intergremial Marítima –integrada por el Centro de Maquinistas Navales (CMN), el Sindicato Único de Patrones de Pesca y el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines– difundió este jueves un comunicado en el que reclama al gobierno que “considere caducados” y por lo tanto “se retiren” los permisos de pesca a “aquellas embarcaciones que detuvieron su actividad por más de 180 días hasta el presente” y también a aquellas que “alcanzarán próximamente los 180 días de detención”.
Según detalló a la diaria Facundo Montaña, secretario de CMN, este mensaje fue entregado presencialmente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. A su vez, agregó que en los próximos días también se remitirá a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados.
El reclamo se hace en línea con la Ley 19.175, que establece que la “inactividad de una embarcación en pesquerías” no puede “exceder 180 días”, y en ese caso “conllevará la caducidad del permiso”. Como excepción, se plantea sólo “la ocurrencia de caso fortuito, fuerza mayor u otra razón fundada, debidamente comprobados, y sus sucesivas modificaciones”.
“No puede el gobierno mantener activos los permisos de pesca de barcos parados, en la medida en que el lock out no es una justa causa o un motivo fundado para modificar el plazo claro de 180 días”, reafirmó el comunicado apoyándose en la norma. El concepto de “lock out” en ese caso se menciona en referencia a la detención de actividades iniciada en diciembre de 2023 por la Cámara de Industrias Pesqueras y la Cámara de Armadores de Embarcaciones Pesqueras del Uruguay, con el argumento de la falta de rentabilidad de la pesca.
“Los empresarios tomaron de rehenes a los trabajadores, haciendo medidas de presión al gobierno, con un listado de exigencias de exoneraciones y prebendas para su provecho”, reafirma el comunicado en esa línea. También agrega que si “consideran que la pesca no es rentable”, corresponde que “den de baja los permisos y se otorguen estos a quienes siguen teniendo interés en explotar los recursos acuáticos de nuestro país”.
“Entendemos que de no cumplirse con el deber legal que conlleva la caducidad de los permisos de pesca, el Estado [en la gestión del actual gobierno] se está coaliando con los empleadores en un largo conflicto, en que desde el mes de diciembre son rehenes nuestros trabajadores”, concluyó el mensaje.
“Hay empresas que firmaron convenios colectivos con aumento, se contradicen notoriamente”
“El cambio que ha habido es que cuatro empresas que tienen 11 barcos firmaron convenios colectivos con aumento salarial y se pusieron en actividad”, detalló Montaña. Esto, según comentó, se dio sobre finales de mayo y en las primeras semanas de junio. Según el representante sindical, estas empresas deben hacer los mismos aportes que las otras empresas, e incluso señala que también forman parte de las cámaras que siguen reclamando.
“No tienen una justificación para decir que están parados, no pueden decir que no es rentable porque hay empresas que firmaron convenios colectivos con aumento, se contradicen notoriamente”, apuntó Montaña. “Si no le es rentable, que cierren y vengan empresas como las que están trabajando; hay quienes quieren más permisos y no hay”, detalló el secretario de CMN.
Más allá de los 11 barcos que retomaron la actividad, se estima que todavía 700 trabajadores del mar permanecen sin trabajo, explicó Montaña. Agregó que a estos se suman otros trabajadores que se encargan de la carga y la descarga de los barcos –que retomaron su actividad parcialmente– y los que desarrollan labores en las plantas industriales que aún permanecen detenidas. En este escenario, el representante sindical apuntó contra el MTSS por la falta de respuestas y un seguro de paro que después de siete meses no ha llegado.