El Poder Ejecutivo y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) alcanzaron un preacuerdo que para realizar modificaciones al régimen de certificaciones médicas de los funcionarios públicos. El documento fue firmado este martes por el ministro del Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el presidente de COFE, José Lorenzo López.
Si este preacuerdo es refrendado por las asambleas de trabajadores públicos de sindicatos filiales de COFE, el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento en el proyecto de ley de Presupuesto 2025-2029 modificaciones a los artículos 13 y 14 de la Ley 20.075, reglamentada por el decreto 224/23, de la administración anterior.
Este régimen fue suspendido por el actual gobierno en junio en el marco de la Asamblea Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se establecieron negociaciones con COFE.
En diálogo con la diaria, López informó que el preacuerdo se da “en el marco de la conciliación que había planteado la OIT” y ante la reclamación que se había “presentado en su momento desde el PIT-CNT”.
“Lo que surgió ahora y se llegó a este preacuerdo es establecer una serie de modificaciones a la ley que pasan por aumentar los días de colchón, de los días que no llevarían descuento, que en la ley estaban establecidos en nueve y pasarían a ser 12 en el año”, agregó.
López dijo que también se incluyeron “dentro de las enfermedades que están exoneradas de descuentos, que eran básicamente las oncológicas, las enfermedades vinculadas a la salud mental, que de hecho son el paquete más grande de las que generan licencias médicas”. También quedarán excluidas de descuentos las enfermedades durante el embarazo. Además, “se establecería que el ámbito de aplicación se universalice, es decir, que aquello que se discriminaba entre funcionarios y magistrados, funcionarios y fiscales, funcionarios y cargos políticos ya no ocurrirá más, sino que sería para todo el universo de trabajadores”.
López añadió que durante este año no se van a “procesar descuentos de ningún tipo” y si estas modificaciones se aprueban en el Parlamento se empezarán “a aplicar recién el año que viene”.
Como valoración de este preacuerdo, el dirigente manifestó que hubieran “preferido que se derogara la ley, pero eso no fue posible”. “El Poder Ejecutivo planteó una serie de restricciones, pero esto es mucho más de lo que teníamos, por lo tanto, como en cualquier negociación, hay que hacer recíprocas concesiones. Hasta acá podemos llegar. Creemos que es un avance votable como para presentar en nuestras asambleas y por eso llegamos al preacuerdo. Después veremos si mañana en las asambleas de los sindicatos están de acuerdo con esto y se puede ratificar el convenio”, concluyó.
“El espacio de tiempo que necesitábamos para discutir”
Por su parte, en rueda de prensa, Castillo valoró “el trabajo tanto de la asociación sindical como de los propios negociadores, todo lo que fue el esfuerzo que se hizo desde que asumimos, primero dejando en suspenso el decreto, el decreto que le cambiaba las reglas de juegos a todos los funcionarios públicos, y segundo, hacer precisamente caso a lo que la OIT recomendaba como un ámbito de conciliación, que era el espacio de tiempo que necesitábamos para discutir y precisar un poquitito mejor las cuestiones por las cuales habría que descontar o no cuando se trabaja con licencia médica”.
En tercer lugar, el ministro destacó “que se propició a partir de la búsqueda de acuerdos, de iniciativas de distinto tipo, analizar un poquitito más objetivos, no generalizar sobre la situación de la enfermedad de los trabajadores y de las trabajadoras. Esto permite este preacuerdo que ahora va a la elaboración de la ley de Presupuesto y tiene que ser el Parlamento el que termine aprobando definitivamente”.