Este jueves finalizó el tercer congreso de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI). Por unanimidad en todos los casos, los delegados de los sindicatos industriales que la integran aprobaron la conformación de su nueva directiva por los próximos tres años, una declaración final y un documento que incluye balance y perspectivas.
En lo que respecta a la dirección, Danilo Dárdano, de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines, continuará en la presidencia, acompañado por Ana Rodríguez, de la Mesa del Pan, como vicepresidenta y Álvaro Macedo, de la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (Foemya), como secretario general. Además, Luis Echeverría, de la Mesa del Pan, ocupará la secretaría de Organización; Mario Hernández, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, la de Finanzas, y Gastón Toledo, de la Unión de Trabajadores del Aceite, encabezará tanto la de Propaganda como la de Actas.
También integrarán la directiva Magela Menezes de la Organización Nacional de Obreros del Dulce y Ramas Afines, en la secretaría de Género; Diego Valarino, de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, en Educación Sindical; Carlos Bico, de la Unión de Obreros Curtidores, en Industria; Gustavo García, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, en Salud Laboral; Gastón Alaniz, de la Foemya, en la Tesorería; Santiago Méndez, del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera y Afines, en Interior; Adrián Galván, del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, en Conflictos, y Richard Ferreira, de la Federación de Obreros Papeleros y Cartoneros del Uruguay, en Internacionales.
Por otro lado, se aprobó una declaración final en la que la CSI se expresó “en defensa de la industria y la mano de obra nacional”, con la idea de que “no hay soberanía sin industria ni industria sin trabajo nacional calificado y con derechos”. Según el mensaje, una serie de años de “apertura indiscriminada y reprimarización” afectaron negativamente las cadenas productivas, por lo que reivindicó que la Estrategia Nacional de Desarrollo que impulsa el Poder Ejecutivo coloque a la “industria en el centro” a través de iniciativas como “compras públicas con preferencia nacional, financiamiento productivo, política tecnológica, agregado de valor a nuestras materias primas y negociación colectiva fuerte”.
El congreso de trabajadores afirmó recibir “con beneplácito”el anuncio del Poder Ejecutivo de que habrá inversiones en parques fotovoltaicos, especialmente por “el compromiso de agregar valor y componentes nacionales en la infraestructura”. No obstante, ratificó su postura contraria al proceso de adhesión de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que comenzó en noviembre de 2025, ya que entiende que “limita” la capacidad del Estado para hacer política industrial, condiciona las compras y empresas públicas, endurece la propiedad intelectual y expone a la industria uruguaya a competir con “economías de escala incomparable”.
“Adherir a un acuerdo ya escrito, sin posibilidad de redactar sus reglas, es renunciar a decidir nuestro modelo de desarrollo. Exigimos que ninguna decisión se tome sin un debate nacional amplio, con participación de los trabajadores, y advertimos que la clase obrera industrial se movilizará en defensa de las fuentes de trabajo”, se lee en la misiva.
Finalmente, el mensaje de cierre tras la instancia también se explayó sobre diversos asuntos del plano internacional en el marco de lo que analizan como una “etapa de reordenamiento del sistema mundial marcada por la disputa entre potencias, la guerra comercial y el uso de la fuerza por parte del imperialismo norteamericano como herramienta de política exterior”, frente a lo que subrayan los principios de no injerencia y de autodeterminación de los pueblos para que América Latina sea “una zona de paz, soberanía e integración solidaria”, y no el “patio trasero de ninguna potencia”.
En esa línea, el mensaje condenó el genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y la ocupación de sus territorios por parte de Israel, por lo que pidió que los responsables rindan cuentas ante la justicia internacional y que el gobierno de Uruguay sea “coherente con su tradición de defensa del derecho internacional”. Además, rechazó el bloqueo “económico, comercial y financiero” impuesto a Cuba y respaldó que “los médicos cubanos no sean expulsados por la presión” de Washington, al tiempo que denunció la “ofensiva” del gobierno panameño ante los sindicatos, sobre todo el de la construcción, a través del “cierre de sus cuentas bancarias, el intento judicial de disolverlo, la detención y el procesamiento de sus dirigentes y la persecución que ha forzado al asilo”.
Tercer Congreso de la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay, el 14 de octubre en la sede del PIT-CNT
Foto: Gianni Schiaffarino
Una “contradicción” entre las instancias de intercambio y los avances en inserción económica
El congreso de la CSI también aprobó un documento de balance y perspectivas. Aunque aún está en elaboración, Dárdano resumió algunos de sus ejes principales para la diaria y dijo que, más allá de consideraciones geopolíticas en una línea similar a la de la declaración final, también repara en “la importancia de un triunfo de Lula” durante el balotaje brasileño del 25 de octubre, ya que una eventual victoria de Flávio Bolsonaro “implicaría concretar esa alianza que se viene formando entre Argentina y Brasil atentando contra el Mercosur”.
Según Dárdano, la declaración también contiene aspectos críticos con el gobierno uruguayo. Si bien desde la CSI valoran los avances en cuanto a los salarios y la existencia de ámbitos de discusión, advierten una “contradicción” entre iniciativas como la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Consejo de Industria y Núcleos Productivos, por un lado, y el avance sobre acuerdos de inserción económica, por otro, ya que dichos tratados “siguen abriendo más mercados para los mismos productos, en vez de diversificar la canasta exportadora”.
Por otro lado, el congreso también respaldó priorizar un “colchón social para una transición productiva industrial” hacia una que definió como “de nuevo tipo”, ya que no consideran adecuado que quede “humanidad sobrante” cuando, ante el cierre de una empresa, los trabajadores “quedan por el camino a los seis meses o al año”. “Si bien reconocemos que hay más empleo, lo cierto también es que el empleo que se viene logrando es menor en calidad que el que se ha perdido, por lo menos en la industria”, señaló el dirigente.
Con todo, los delegados sindicales consideraron necesario continuar promoviendo la inserción en cadenas globales y regionales de valor, además de que los trabajadores participen activamente en esa discusión para “no solamente ser actores pasivos”. Por último, remarcó el rechazo al CPTPP, uno de “los hechos más negativos que podría tomar Uruguay”, ante el que seguirán movilizados en las calles, pero también a nivel del Poder Ejecutivo y parlamentario. “Todas estas resoluciones se tomaron por unanimidad, y eso implica un trabajo previo de convencimiento, de análisis colectivo, que nos permitió llegar a esos consensos necesarios para llegar a un muy buen congreso”, cerró.
