La Intergremial Marítima del Uruguay emitió este lunes una declaración en la que “condena en todos sus términos” que en la obra del dragado del canal Martín García “no se esté contemplando la participación de trabajadores marítimos uruguayos”. La intergremial, que nuclea al Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, al Centro de Maquinistas Navales y al Sindicato Único de Patrones de Pesca y Tráfico Cabotaje, “observa con gran preocupación la situación y reclama a las autoridades competentes que se analice el marco jurídico aplicable a la participación de trabajadores uruguayos y argentinos en esta obra binacional”.
“Estamos hablando de 66 millones de dólares [Uruguay invirtió 33 millones] en una vía de navegación estratégica para ambas naciones. Sin embargo, mientras que la obra es binacional, la totalidad de los trabajadores embarcados serían argentinos”, denuncia la intergremial.
La declaración informa que la inquietud “ya fue elevada” al presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Daniel Montiel, y a los empresarios y que este martes “será planteada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no descartándose llevar el tema a otros organismos, inclusive internacionales, como así también desarrollar las medidas de lucha que sean necesarias”.
“Los trabajadores uruguayos queremos trabajar. Tenemos la formación, la experiencia y la capacidad para participar en estas obras. No pedimos privilegios, sino oportunidades laborales justas. Desde la Intergremial Marítima reclamamos que la tripulación se integre en partes iguales: 50% de trabajadores uruguayos y 50% de trabajadores argentinos. Entendemos que esta es una forma justa de distribuir las oportunidades de empleo en una obra que involucra a ambos países”, agrega la declaración.
Para la intergremial, el país tiene normas que regulan la actividad marítima y “contemplan la participación de trabajadores nacionales”, como la Ley 19.078, que regula el llamado a licitaciones de obras nacionales o binacionales o por convenios nacionales e internacionales, por lo que “corresponde” aclarar “las condiciones de contratación y garantizar que se respete la normativa aplicable”.
“No podemos hablar de integración y cooperación entre ambos países si, a la hora de generar trabajo, nuestros trabajadores quedan relegados. Una obra financiada también con recursos uruguayos debe contemplar a los trabajadores de nuestro país. Reclamamos a las autoridades competentes y a la CARP que den respuestas y consideren nuestra propuesta”, concluye la declaración.
