El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), en el marco de las resoluciones adoptadas por medio de su asamblea, declaró que este viernes desde las 00.00 implementará un paro nacional de 24 horas, con una movilización en las puertas del edificio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
La medida es en reclamo de que se regularice el pago de la totalidad de los salarios adeudados como así también que se dé soluciones estructurales para “poner fin a la precariedad laboral crónica”.
En un comunicado, la organización sindical observa “con extrema preocupación” una “situación de inestabilidad laboral”, más la “incertidumbre generada por los atrasos del Mides y de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que bajo su órbita persisten mes a mes, convirtiéndose en un problema que el Estado no termina de resolver”.
El texto agrega que “si bien con el inicio de la nueva administración, durante el año pasado, se mantuvo un diálogo sobre esta problemática y otras formas de precarización —e incluso el ministro anunció un préstamo para aliviar a las OSC y destrabar la burocracia—, el tiempo de las palabras ya se agotó. Es imperioso que lo prometido empiece a materializarse”.
La organización sindical explica también que, “lejos de solucionar el problema, el nuevo instrumento diseñado por el ministro del Mides, Gonzalo Civila -para pagar los salarios de los trabajadores-, ha bloqueado las partidas salariales en el Tribunal de Cuentas”. Destaca que el préstamo canalizado por medio de República Microfinanzas (en la órbita de la Agencia Nacional de Desarrollo) “no está concebido para operaciones de esta magnitud, y muchas OSC enfrentan serias dificultades para acceder a él”.
La presidenta de Sutiga, Anabela Espino, dijo a la diaria este viernes que la asamblea fue el jueves y que los trabajadores analizaron la posibilidad de llevar adelante una medida por tiempo indeterminado, pero que esta por el momento no fue aprobada. Agregó que “algunos salarios se pagaron, pero la solución de Microfinanzas no fue tal, y que durante este mes ya hubo trabajadores que no pudieron recibir sus ingresos, y si esto no se soluciona, ya sabemos que en marzo habrá nuevos atrasos en los pagos”.
Sostuvo que “es una desesperación que se tiene, porque es un tema de nunca acabar. Se espera que por parte del gobierno se tome una medida definitiva para que el pago de los salarios se resuelva, y en fecha”.
“Somos los que hacemos posible la atención a las poblaciones más vulnerables”, reivindica el sindicato
En el comunicado emitido después de la asamblea de trabajadores, el gremio expresó que el trabajo que desarrolla “sostiene políticas públicas” y que quienes integran Sutiga “somos los que hacemos posible la atención a las poblaciones más vulnerables en refugios nocturnos, refugios 24 horas, servicios de atención en Violencia Basada en Género, refugios para Mujeres con Niñas, Niños y Adolescentes, vales habitacionales y dispositivos de cuidados en discapacidad”.
El sindicato afirma además que, “cuando no se garantiza el pago de los salarios, no solo se vulneran derechos laborales básicos, sino que se debilita el trabajo en territorio, y se pone en riesgo la intervención social en cada uno de estos dispositivos”. Asimismo, señala que “no puede hablarse de políticas públicas efectivas mientras quienes las ejecutamos lo hacemos en condiciones de precariedad”.
A modo de recordatorio, desde el gremio se explica que se han presentado “infinidad de soluciones de fondo”, desde la creación de un fideicomiso hasta la estatización de los servicios, pasando por un ente contratante que evite depositar en las OSC el rol de “fusible descartable” ante los reclamos salariales y los incumplimientos de la legislación laboral y de los derechos humanos. Al respecto, expresa que “ninguna de estas propuestas ha sido recogida”.
“Nos resulta repetitivo redactar una y otra vez el mismo comunicado. Nos parece increíble que la crisis de este modelo no sea una prioridad para el gobierno de Yamandú Orsi ni para el ministro del Mides, Gonzalo Civila. Su preocupación parece centrarse únicamente en las cifras de personas alojadas en lugares sin condiciones mínimas para un trabajo saludable, que realmente impacte en las trayectorias de quienes más lo necesitan. Trabajar sin cobrar también es una forma de violencia”, concluye el texto.