El antecedente más remoto de sindicalización en Uruguay se remonta a 1872, año en el que se constituye la Sociedad Tipográfica Montevideana, organización conformada exclusivamente por trabajadores del sector gráfico. En los siguientes años la consolidación del movimiento sindical avanza, con mayor o menor suceso, según la rama de actividad en la que se desempeñaban aquellos asalariados que pretendían organizarse.
Las primeras huelgas por mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y reconocimiento de su organización fueron las que llevaron adelante los trabajadores del Hospital de Caridad, hoy hospital Maciel (1873); la de los Carpinteros de la Ribera (1876); la de los Mineros de Cuñapirú (1880), protagonizadas por unos 200 trabajadores que, a la postre, debieron enfrentar la dura represión policial y militar de la época, que incluyó muertes y desapariciones, y la de los obreros de la industria elaboradora de fideos (1884), considerada la primera realizada por todo un gremio, es decir, por la totalidad de los trabajadores de un mismo rubro, de todas las empresas del sector. Cabe recordar también que en 1890 se conmemora por primera vez en Montevideo el 1° de Mayo, en homenaje a los mártires de Chicago.
Durante sus primeros 60 años de vida el movimiento sindical fue netamente urbano –integrado fundamentalmente por obreros y trabajadores de la industria, el comercio y servicios como el transporte, por ejemplo- y montevideano, salvo escasas excepciones.
Según Diego Piñeiro y Emilio Fernández, “el desarrollo de las relaciones de producción capitalista en el campo que se inicia hacia 1870 (…) generó la expulsión de la población rural. De esta manera, trabajadores, agregados y ocupantes fueron expulsados de las estancias, al mismo tiempo que se imponía la estructuración del esquema productivo agropecuario en base al trabajo asalariado. Las características de la mayoría de las actividades rurales, así como las condiciones de la explotación agropecuaria (explotación extensiva, baja densidad de habitantes por kilómetro cuadrado), escasos vínculos sociales, zafralidad y discontinuidad anual de la mayoría de los trabajos rurales, y fuerte segmentación de los mercados laborales, son elementos que han incidido en la formación y actividad de organizaciones de los asalariados rurales. Estos han enfrentado, y enfrentan, trabas que explican sus bajos y dificultosos niveles de organización”.
En este escenario surgen las primeras organizaciones de las patronales agropecuarias: la Asociación Rural del Uruguay (1871), la Federación Rural del Uruguay, y la Comisión Nacional de Fomento Rural (1915), y la Asociación Nacional de Productores de Leche (1932), con un fuerte grado de incidencia en el sistema político y en el Estado.
Recién en 1932 se registra la formación del primer sindicato en los arrozales de Treinta y Tres, dando inicio al proceso de sindicalización de los asalariados rurales en Uruguay y llevando adelante ese año lo que se considera la primera huelga en el sector agropecuario, que pudo mantenerse por cinco días, a pesar de la intensa represión militar. Desde la patronal se responde con la aplicación de despidos, “listas negras” y desconocimiento de los derechos laborales.
De acuerdo con las cronologías de Piñeiro y Fernández, y de González Sierra, a inicios de 1940 se crea el primer sindicato de peones de tambo en el departamento de Florida.
En 1943 ya se habían conformado el Sindicato Obrero Agrario de Salto, el Sindicato Agrario de San Javier (Río Negro), el Sindicato de Obreros de Oficios Varios de Nuevo Berlín (Río Negro) y el Sindicato Agrario del Semillero Nacional de La Estanzuela (Colonia). A partir de la década del 40 se desarrolla la sindicalización en los tambos vinculada a los sindicatos de oficios varios en algunas localidades del sur del país, siendo el primero el Sindicato de Peones de Tambo de Mendoza (Florida), ya funcionando en 1943. En 1944 se organizan los peones remolacheros de Paysandú. Un año después, en 1945, los esquiladores se organizan en alianza con el apoyo de la FOL (Federación de Obreros en Lanas) y plantean acciones de huelga en estancias que llevan a la sanción de leyes especiales sobre salarios mínimos. En 1946 se crea la Federación de la Industria de la Leche cuyos trabajadores asalariados realizan varias huelgas y logran así incidir en el proceso legislativo de la organización de la industria láctea.
Sin embargo, la difusión del sindicalismo ocurre a mediados de los 50, siendo sus organizaciones más importantes las que se fundan en los cultivos de la remolacha azucarera (Paysandú), en las arroceras (Treinta y Tres) y en las plantaciones de caña de azúcar de El Espinillar (Salto). Entre 1956 y 1957 mantienen huelgas y marchas a Montevideo el Sindicato Único de Peones de Tambos (SUPT), el Sindicato Único de Arroceros (SUDA) y el Sindicato Único de Obreros Remolacheros (Sudor), con fuerte impacto en la sociedad, al punto que las huelgas de los peones de los arrozales deciden un paro general parcial de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de varios gremios autónomos. En 1959 se forma la Unión de Regadores y Destajistas de El Espinillar (URDE), perteneciente a la empresa estatal Ancap. Dos años después se funda la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) en las plantaciones de caña que rodean la localidad de Bella Unión, interviniendo en su fundación asalariados que se habían formado en sindicatos de la remolacha y de la caña de El Espinillar.
Vínculos con el movimiento obrero urbano
La sindicalización continúa a inicio de 1960 con los peones de quintas próximas a Montevideo, en viñedos de bodegas de Río Negro, en tambos pertenecientes al Frigorífico Modelo (Tacuarembó), y posteriormente se forma un sindicato en las plantaciones de tabaco de ese departamento. Los esquiladores se organizan durante varios años y en otros tantos departamentos el último registrado fue en Pueblo del Carmen, departamento de Durazno, en 1964. A mediados de los 60 se constatan infructuosos intentos de sindicalización entre peones de estancia.
El registro indica que se fundaron unos 30 sindicatos entre 1956 y 1973. Sin embargo, y contraviniendo el más elemental sentido de justicia, las organizaciones de asalariados rurales no fueron incluidas en los Consejos de Salarios, creados por ley en 1943, “en el marco de las políticas de integración social y una fuerte regulación de la economía por parte del Estado. Esto fue, sin dudas, uno de los mayores golpes que recibió el sindicalismo rural, y marcó el retroceso más notorio en el marco normativo, ya que consolidó las desigualdades entre los asalariados urbanos y los rurales. Se impuso el fuerte peso político de las clases dominantes del agro, que utilizaron todas sus fuerzas para bloquear este cambio que se consideraba que lesionaba los intereses de los ganaderos (Frega, Maronna y Trochón). En vez de incluirlos [en los Consejos de Salarios] como al resto de los trabajadores, se creó un Estatuto específico del Trabajador Rural aprobado en 1946, en el que se limitan las capacidades de acción del sindicalismo en el campo”.
El golpe de Estado cívico-militar del 27 de junio de 1973 puso un ignominioso cierre a este período. El sindicalismo rural comienza a resurgir en las postrimerías de la dictadura, con un ritmo superior al de cualquier etapa anterior, al punto que en diciembre de 1985 agrupaba a casi 5.000 afiliados en 12 sindicatos, más dos en formación. En esta época se crea la Federación Nacional de Asalariados Rurales, que nuclea a ocho sindicatos en su origen, congregando a 11 en su mejor momento.
Desde su formación, estos sindicatos establecen vínculos con el movimiento obrero urbano y su central única, el PIT-CNT. A partir de la restauración democrática –o a pesar de ella– se imponen importantes transformaciones en la relación Estado-sociedad civil, tendientes a asignarle al mercado el papel de regulador de la vida económica y social, lo que instaura un ambiente poco propicio para el desarrollo de organizaciones sociales representantes de los intereses de los trabajadores, especialmente de los del ámbito rural.
Recién en 2005 el escenario para el desarrollo del “sindicalismo rural cambiará sustantivamente, ya que se iniciaría un proceso de reconocimiento de sus derechos laborales y sus organizaciones sindicales, lo que otorgaría un respaldo inusitado a la acción colectiva de los asalariados en el campo. Una de las primeras medidas del gobierno, anunciada durante el discurso de asunción del presidente Vázquez, fue la convocatoria a los Consejos de Salarios, esta vez incluyendo a los trabajadores rurales (Alberto Riella, Paola Mascheroni).
Afirman los autores citados que “a inicios de 2005 se recrea una central nacional de asalariados agrarios, la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), en la ciudad de Bella Unión, conformada por seis sindicatos. La Unatra está afiliada al PIT-CNT y reúne una diversidad de sindicatos y asalariados rurales nucleados en torno a un rubro, una región o una empresa, sindicatos con historias y trayectorias muy disímiles”.
En 2007 cuenta ya con 16 organizaciones, la mayoría de reciente formación, a impulso de la convocatoria a los Consejos de Salarios (Mascheroni). Una década después, estos sindicatos continúan funcionando, mostrando una estabilidad en el tiempo no frecuente en épocas anteriores.
También en esta década, la fuerza de los movimientos feministas en el país fue un estímulo para la participación de las mujeres en los sindicatos rurales, y dio lugar a algunos liderazgos femeninos que han sido muy relevantes para dar continuidad a varios sindicatos. La discusión de género estuvo presente en los sindicatos rurales y se trataron de incorporar en la agenda de los Consejos de Salarios ciertas consideraciones al respecto, por ejemplo, la no discriminación laboral femenina y una jornada semanal menor para las mujeres con pago equivalente.
Riella y Mascheroni concluyen que “Uruguay se diferencia de la mayoría de las estructuras agrarias del continente donde la tradición campesina, indígena y comunitaria constituye parte indisoluble de la ruralidad y la cuestión agraria. En nuestro país la ruralidad está determinada por el fuerte peso de los asalariados en la población económicamente activa del agro, que alcanza a casi el 70%… Este escenario abre nuevos desafíos para la consolidación y crecimiento de los sindicatos existentes en los próximos años. El sindicalismo rural en Uruguay se desarrolla en un espacio social donde se produce el enfrentamiento de uno de los grupos más poderosos del país contra uno de los más débiles. Por tanto, la experiencia muestra que es imprescindible la mediación estatal para corregir estas enormes asimetrías y permitir un desarrollo mínimo de la acción sindical en el campo. Sin una intervención decidida en esta dirección es muy difícil la consolidación de organizaciones que representen los intereses de los asalariados del campo y la conquista de derechos fundamentales consagrados para el resto de los trabajadores”.