El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, participó este viernes en la Conferencia de Ministras y Ministros del Trabajo de América Latina y el Caribe sobre Migración Laboral, que se desarrolló en Bogotá, Colombia. El encuentro reunió a autoridades de 17 países de la región, con el propósito de “fortalecer la cooperación en materia de empleo, movilidad laboral y protección de derechos”, según informó la cartera.
Durante su intervención, Castillo destacó la necesidad de avanzar “hacia políticas regionales coordinadas que garanticen inclusión, derechos y condiciones laborales dignas para las personas migrantes”. Señaló que “la movilidad humana constituye actualmente uno de los principales desafíos sociales, económicos y laborales de la región”.
El ministro reafirmó el compromiso de Uruguay “con los principios recogidos en la Declaración de Bogotá, sustentados en la justicia social, la igualdad de género, la no discriminación y la protección de los derechos humanos y laborales”. En ese marco, llamó a fortalecer la cooperación “para enfrentar las situaciones de vulnerabilidad e informalidad que afectan a una parte significativa de la población migrante”.
Castillo también mencionó algunas de las políticas propuestas por Uruguay para favorecer la integración laboral y social de las personas migrantes, como el Plan Nacional de Integración para Personas Migrantes, Solicitantes de Refugio y Refugiadas y la creación de un ámbito tripartito de diálogo sobre migración y trabajo.
El ministro destacó el aporte de la población migrante “al mercado laboral y al desarrollo económico del país”, si bien advirtió que persisten desafíos vinculados a la inserción laboral de las mujeres migrantes, la informalidad y las desigualdades estructurales que aún afectan al mercado de trabajo.
La conferencia contó con la participación de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), así como también de representantes de organizaciones sindicales y empresariales.
