En una rueda de prensa convocada apenas se conoció la decisión de archivar la causa, el extitular de Antel y actual precandidato presidencial por el Partido Colorado Gabriel Gurméndez sostuvo que la construcción del Antel Arena “costó 120 millones de dólares, tres veces más de lo que se pensaba. Se hizo casi en secreto, con contratos confidenciales, a dedo, sin licitación, con un gran descontrol presupuestal y financiero”.
Sin embargo, el fiscal de delitos económicos Alejandro Machado decidió archivar el caso al determinar que no hubo irregularidades en la construcción y cuestionar algunos criterios utilizados por la empresa auditora para determinar el supuesto sobrecosto de algunos insumos. También descartó que hubiesen contrataciones amañadas, aunque sí admitió falta de planificación que atribuyó a que se trataba de una obra relativamente menor para Antel.
Según los datos disponibles, la afirmación de Gurméndez resulta falsa. Desde la diaria Verifica intentamos contactar en reiteradas oportunidades al precandidato presidencial, pero hasta el momento de la publicación no hemos recibido respuestas.
Según se desprende de su escrito, y respecto al costo de la obra, el fiscal señala en su escrito que los 40 millones de dólares mentados por los denunciantes como el supuesto número que debió costar la obra siempre refirieron a la obra civil previa al alhajamiento y equipamiento. Incluso destaca “que el propio G.D. (Gustavo Delgado), quien integró el Directorio de Antel por la oposición -Partido Nacional- en el período comprendido entre junio de 2015 y abril de 2020, manifestó que sabía que los 40 milllones de dólares referían a una parte de la obra -la obra civil- y no a la totalidad de los costos del complejo”.
Ante la duda de cuánto habría costado finalmente el estadio, el fiscal en su dictamen pregunta: “¿Costó los 120 millones de dólares que señala el informe de E. (Ecovis) o costó los 65 millones que establece el Ec. L (Daniel Larrosa) en su informe presentado ante Fiscalía?”. Ante esto, el fiscal descarta ambas cifras y establece como más acertada la de 86 millones de dólares, brindada por el Tribunal de Cuentas en su respuesta del 6 de marzo de 2019 al pedido de informes del senador Pablo Mieres.
“Testigos calificados que participaron en la ejecución de la obra, algunos de ellos incluso propuestos por el propio denunciante, manifestaron que la obra terminó costando alrededor de 88 millones de dólares o 90 millones de dólares”, manifiesta el escrito. Asimismo, también señala que “se asemeja al tercer escenario del Plan de Negocios del Antel Arena que preveía una inversión de 66 millones de dólares más los tributos legales correspondientes”.
Además, descarta la resolución de la Jutep, ya que se basa únicamente en el informe realizado por la auditoría externa de Ecovis. Finalmente, el fiscal afirma que “ha quedado claro que el costo del Antel Arena no fue de 119 millones de dólares, tal como afirma el denunciante”.
La denuncia del organismo en 2021 estaba amparada en una supuesta auditoría de la empresa Ecovis. Sin embargo, el fiscal Machado advierte en su escrito que la propia consultora ya había reconocido que no se trataba de una auditoría con la rigurosidad de esta, sino de “un Informe de aseguramiento independiente, el cual se rige por la Norma Internacional de Encargos de 53 Aseguramiento 3.000 emitida por la Federación Internacional de Contadores, norma distinta a la que rige las auditorías”. La licitación otorgada a Ecovis en 2020 solicitaba explícitamente una “auditoría”.
Con relación a la pertinencia o no de que Antel realizara un estadio o si esta obra escapaba a sus funciones constitucionalmente avaladas, que es otro de los focos a los que se refirió Gurméndez al valorar que “Antel no se debió meter en esta obra”, el fiscal cita los informes solicitados por el Departamento de Asesoría Jurídica del ente, en los que se recogen las opiniones de constitucionalistas que en la totalidad de los casos dan una opinión positiva al involucramiento del organismo en este proyecto, por entenderse que está dentro del giro comercial de la empresa.
Una de las opiniones establece que, “en la medida en que se trata de actividades en las que Antel concurre en régimen de libre competencia con empresas privadas, en particular con poderosas empresas transnacionales, negar a Antel la posibilidad de concretar un convenio de esta índole, mientras que para sus competidoras estaría permitido, configuraría una indebida e ilegal discriminación”.
Asimismo, el fiscal en otro pasaje agrega: “Por tanto, no resulta admisible sostener -tal como lo hace el ente denunciante- que las autoridades de Antel de la época que suscribieron el multicitado convenio hayan actuado arbitrariamente o, lo que es aún peor, de forma ilícita”.
Un poco de contexto
Desde que fue anunciado el inicio de la construcción de un “complejo multiuso” en 2013 por las entonces autoridades de Antel, la obra no estuvo exenta de debate. Comenzó en mayo de 2014 con el costo de la televisada demolición de los despojos del antiguo Cilindro Municipal, afectado por un incendio tres años antes, y que se llevó los primeros 700.000 dólares invertidos en el proyecto. Luego siguió con la pertinencia o no de una obra de ese tenor para una empresa cuyo rubro son las telecomunicaciones.
La obra fue anunciada con un costo inicial de 40 millones de dólares, cifra que fue cuestionada por primera vez a comienzos de 2015 por el legislador Pedro Bordaberry luego de solicitar información del proyecto a la empresa estatal. De acuerdo a un documento reservado entre Antel y la constructora Teyma, cabeza del consorcio que llevaba adelante el proyecto, la cifra rondaba los 55 millones de dólares, que sólo incluían la obra civil.
En julio de ese año y en plenas negociaciones de cara a la rendición de cuentas, bajo un contexto de estancamiento de la economía y de conflicto con los gremios de la educación, el expresidente Tabaré Vázquez ordenó la suspensión de las obras y la redistribución de los recursos a áreas que se consideraron más prioritarias. Para entonces, el exministro de Economía Danilo Astori ya situaba la cifra en el entorno de los 80 millones de dólares.
En enero de 2016 iniciaron las obras luego de que Antel fuera autorizado por el Poder Ejecutivo a concretar un fideicomiso por 58 millones de dólares y la estructura comenzó a destacarse por sobre los techos de Villa Española. Finalmente, el recinto fue inaugurado el 18 de noviembre de 2018 con un espectáculo que convocó a las autoridades de gobierno y, de nuevo, generó polémica por el costo: 200.000 dólares.
Esta disparidad en las cifras abrió un frente de batalla entre el oficialismo y la oposición, especialmente luego de que Carolina Cosse, impulsora del proyecto bajo su presidencia en Antel y luego como ministra de Industria, lanzara su precandidatura a la Presidencia. Incluso Tabaré Vázquez tomó la posta en la defensa de la obra y realizó allí su última rendición de cuentas el 1° de marzo de 2019 en un acto público, transmitido en cadena nacional y con gran cobertura de las instalaciones.
Una semana más tarde, el Tribunal de Cuentas respondió a un pedido de informes realizado por el legislador Pablo Mieres y cifró el costo total en 85.995.517 dólares. Del total, casi 49.166.510 dólares correspondían a la demolición del Cilindro, movimientos de suelo y la obra de ingeniería civil; 17.267.482 dólares al equipamiento y acondicionamiento técnico; y 2.523.030 dólares a asesorías. Los 17.038.495 dólares restantes correspondieron a obras complementarias derivadas del convenio firmado con la Intendencia de Montevideo para cesión del terreno y que incluían el parque público circundante, una guardería, un polideportivo y la renovación del anfiteatro Canario Luna.
En el segundo semestre de 2020, cambio de gobierno mediante, la coalición impulsó una serie de auditorías en varios organismos estatales con el objetivo de encontrar posibles irregularidades bajo los gobiernos del Frente Amplio. En ese contexto Antel llamó a licitación abreviada a empresas auditoras interesadas en echar lupa a los balances del proyecto del Arena y el 24 de setiembre de ese año la empresa estatal adjudicó la licitación entre siete oferentes a Ecovis por 1.700.000 dólares.
Esto dio lugar a especulaciones sobre el posible interés electoral de esta auditoría, cuya licitación se efectuó en plena campaña para las elecciones departamentales en las que Carolina Cosse ya era favorita para ganar los comicios en Montevideo. Asimismo, el Sindicato Único de Telecomunicaciones manifestó que el titular de la empresa, Marcelo Caiafa, es un empresario vinculado al Partido Nacional.
Finalmente y en tiempo récord, a mediados de diciembre de 2020, Ecovis presentó los resultados primarios de su auditoría: 119.721.147 dólares. Con base en este resultado, en junio de 2021 el directorio de Antel, ya encabezado por Gabriel Gurméndez, derivó las actuaciones a la Junta de Transparencia requiriendo asesoramiento jurídico. El organismo de contralor determinó que “no puede sino concluirse que la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines, estuvo ausente en este proyecto, conforme la evidencia lograda por el Auditor Externo”.
Con toda la información disponible, la frase de Gurméndez sobre el costo de 120 millones de dólares es falsa.