En las últimas semanas la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) estuvo envuelta en polémicas por la resolución del organismo con respecto a la situación de Andrés Danza, presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, al que eximió de responsabilidad por la acumulación de empleos. Danza tenía siete empleos, algunos de ellos en prestadores de servicios que mantienen contratos con la institución que dirige, por lo que fue acusado por dirigentes opositores. El caso incluso derivó en que la propia ministra de Salud, Cristina Lustemberg, sea interpelada esta jornada en el parlamento.
La resolución de la Jutep fue aprobada por los integrantes del directorio de mayoría oficialista y contó sólo con el voto contrario de Luis Calabria, representante de la oposición. Esto generó críticas por parte de diversos actores de la Coalición Republicana, lo que motivó respuestas desde el oficialismo, como la del expresidente de la Jutep entre 2017 y 2020 en representación del Frente Amplio y actual asesor de la Senaclaft, Ricardo Gil Iribarne. En conversación con la diaria Radio, señaló que la postura del directorio de la Jutep durante el período anterior le quita “seriedad” y que está “totalmente desprestigiado”.
“La Jutep no publicó un solo informe en cinco años referido a todas las cosas que pasaron en ese período en el oficialismo y [por las] que debió haberse expedido”, afirmó Iribarne, y recordó casos como el pase en comisión de la hermana de Beatriz Argimón a su despacho durante su ejercicio como vicepresidenta de la República, la emisión del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset o los hechos relacionados al “caso Astesiano”.
Evolución de la Junta “Anticorrupción”
En 1996 los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) organizaron la Convención Interamericana contra la Corrupción en Caracas, lo que significó el primer convenio internacional en la temática. Esto llevó a que se promulgara la Ley 17.008 en 1998, cuyo texto ratificó el acuerdo y comprometió a Uruguay a promover y fortalecer el desarrollo de “mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción” tanto del ámbito privado como aquellos relacionados con la función pública.
Al año siguiente se materializó la Ley Cristal (17.060), que creó la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, precursora de la Jutep, y que estableció el diseño organizacional actual: un directorio compuesto de tres integrantes designados por el Poder Ejecutivo, que deben contar con la venia de tres quintos de la Cámara de Senadores. Entre sus cometidos exclusivos estaba el “asesoramiento a los órganos judiciales con competencia penal, emitiendo opinión dentro del marco de su materia, cuando la Justicia o el Ministerio Público lo dispongan”.
No obstante, fue a partir del artículo 99 de la ley de presupuesto de 2005 que la Junta pasó a tener potestad sancionatoria, con la posibilidad de retener el 50% del salario de los funcionarios que no presentaran la declaración jurada ante el organismo. En 2010, mediante la Ley 18.362, la institución adoptó su actual denominación y amplió el listado de quienes deben realizar la declaración. Este contingente atravesó una nueva modificación en 2013, cuando se incluyó a la totalidad de los funcionarios del Ministerio del Interior, aunque esta disposición se derogó en 2019 al quedar solamente contemplado el personal policial con grado de comisario o superior, así como el funcionariado administrativo que sea ordenador de gastos o de pagos.
Casos célebres durante gobiernos del FA
El estreno de la Jutep como organismo asesor se dio en septiembre de 2017 en el marco de las denuncias contra el exvicepresidente, Raúl Sendic, cuando el directorio debió pronunciarse sobre el uso de tarjetas corporativas de Ancap para la compra de artículos de uso personal. El directorio del organismo, entonces presidido por Gil Iribarne, decidió por unanimidad aprobar una resolución en la que determina que existieron “omisiones e irregularidades” en un “número importante de adquisiciones”, aunque “no implicaron un incremento significativo del patrimonio”. Asimismo, consideró satisfactorias las explicaciones en sólo 11 de las 46 compras realizadas.
A la par de este caso, el organismo debió pronunciarse por la administración de Agustín Bascou al frente del gobierno departamental de Soriano. La intendencia adquirió combustible para su flota vehicular en estaciones de servicio pertenecientes al propio jerarca, por lo que la Jutep emitió una resolución por unanimidad en la que señaló que Bascou no cumplió con los principios de “rectitud, probidad, legalidad y transparencia en la gestión pública”, dispuestos en el artículo 21 de la Ley 17.060. Esto generó la reacción de quien se presentaba como precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, al afirmar que Bascou debía dar “un paso al costado”.
La siguiente resolución también recayó sobre un intendente departamental, Carlos Moreira, de Colonia, por el otorgamiento discrecional de pasantías y puestos de trabajo, mecanismo conocido luego de que se filtraran una serie de audios que daban cuenta de los hechos. En febrero de 2020, el directorio de la Jutep aprobó por unanimidad una resolución en la que se determinaba la violación de la “probidad e imparcialidad” de los procesos de selección de personal.
La Jutep entre 2020 y 2025
Luego del cambio de administración, en 2020, fue designado un nuevo directorio integrado por Susana Signorino en la presidencia y Guillermo Ortiz como representantes del oficialismo, y Jorge Castro como vocal propuesto por el Frente Amplio, ya en el rol de oposición. El primer caso de estudio de las nuevas autoridades giró en torno a la administración de los recursos financieros destinados a la construcción del Antel Arena, de la que la Jutep emitió una resolución por unanimidad en la que se cuestionó la “buena administración” así como señaló apartamientos de los procedimientos de contratación de obra pública.
Esto derivó en cuestionamientos por parte del FA a su correligionario en el directorio, Castro, quien finalmente renunció a su puesto. La vacancia obligó al organismo a emitir las siguientes resoluciones en noviembre de 2021 con sólo dos integrantes. Esto ocurrió en la resolución referente al caso de Gas Sayago, en la que se determinó que la gestión general del proyecto fue “deficiente” e implicó “transgresión a las normas y principios éticos”.
No obstante, durante el resto del mandato del directorio que ocupó la Jutep hasta 2025 no se emitieron resoluciones sobre casos de posibles corrupción que estuvieron en debate por la opinión pública.
Falta de recursos y poco acuerdo en el sistema político
En 2015 el organismo dejó de depender del Ministerio de Educación y Cultura para pasar a ser un servicio descentralizado. Esto buscó brindarle una mayor independencia del ejecutivo, si bien en los hechos no implicó grandes cambios en los mecanismos de funcionamiento. Asimismo, fueron varias las discusiones sobre la delimitación de las potestades y el área de actuación de la institución, así como la dotación del presupuesto necesario para un óptimo funcionamiento.
Durante toda la última década la Jutep funcionó con un puñado de funcionarios. En la actualidad son apenas 14 presupuestados para distintas responsabilidades y otros cinco provenientes de pases en comisión. Esto complica la atención de las denuncias, además del análisis de las declaraciones juradas. De acuerdo al balance presupuestal de 2024, el organismo recibió apenas 60.500.000 pesos, de los cuales 81% fue destinado a remuneraciones. Del crédito recibido para salarios, solamente fue ejecutado un 65,9%.
Estos debates se reavivaron en la última discusión parlamentaria por la ley de presupuesto del próximo quinquenio, en la que tanto exautoridades como jerarcas actuales de la Jutep plantearon la necesidad de mayor cantidad de recursos. En abril de este año la presidenta del organismo, Ana Ferraris, anunció la creación de un “Observatorio Anticorrupción”, que estaría acompañado de una reglamentación para la aplicación de multas, transparencia de los datos y la recepción de denuncias ante el organismo.