El lunes la Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, y dejó firme la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La causa por la que se juzgó a la expresidenta argentina investigó una trama de sobrefacturación de obra pública y desvío de fondos derivados de licitaciones de infraestructura vial en la provincia de Santa Cruz.
Este derrotero comenzó en 2013, a partir de una denuncia televisiva del periodista Jorge Lanata en el programa Periodismo para todos, cuyo informe acusaba al empresario Lázaro Báez de ser el adjudicatario de licitaciones de obra pública en Santa Cruz con sobreprecios y una asociación para favorecerlo. Esta fue luego recogida por la entonces legisladora de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic, para llevarla a la Justicia.
La ratificación de la condena llegó pocos días después de que Fernández presentara su candidatura a la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas de setiembre, y poco tiempo después de haber asumido la presidencia del Partido Justicialista. Asimismo, fueron varias las voces que cuestionaron la condena por alegar que el proceso estuvo viciado de irregularidades, como el vínculo de varios jueces intervinientes en la causa con el presidente Mauricio Macri, así como faltas de pruebas. Entre los argumentos señalan que el procesamiento no demuestra la participación activa de Fernández, sino que se la condena por “responsabilidad por omisión”.
No obstante, entre el universo de usuarios de redes sociales más alineados con gobiernos regionales progresistas circuló una serie de posteos que señalan que los presidentes Lula da Silva, de Brasil, Gabriel Boric, de Chile, y Claudia Sheinbaum, de México, habrían emitido una declaración conjunta en la que anunciaron que “recurrirán a la Corte de La Haya denunciando al Estado argentino por persecución política”. Sin embargo, esto no es cierto y no existieron comunicados oficiales de ninguno de los países sobre esta medida.
Sobre esta versión, Sheinbaum fue consultada por la prensa por la posibilidad de emitir un comunicado conjunto: “No he estado en contacto en este momento, pero se lo plantearé al secretario de Relaciones Exteriores”. Existe un antecedente de 2022 en el que el entonces presidente mexicano Andrés López Obrador, el boliviano Luis Arce y el colombiano Gustavo Petro firmaran junto al entonces presidente argentino Alberto Fernández una declaración de apoyo a Cristina Fernández.
Lo que sí ocurrió fueron varias muestras de apoyo de otros líderes de la región. En Brasil se difundió una declaración del Instituto Lula, centro de estudios relacionado al mandatario brasileño, que emitió un comunicado en el que manifestó “el repudio a la prisión de la expresidenta, en un contexto que evidencia serias violaciones de los derechos fundamentales y del debido proceso legal”. Además, Da Silva afirmó a través de un posteo de X que llamó a Fernández para manifestarle “toda su solidaridad” y pedirle que se “mantenga firme en este difícil momento”. También reiteraron su apoyo los presidentes Arce y Petro, así como el líder de la izquierda francesa Jean-Luc Mélenchon y el expresidente de Ecuador Rafael Correa, entre otros.
Por otra parte, uno de los integrantes de la defensa legal de la expresidenta, el abogado Gregorio Dalbón, señaló que la causa será llevada ante tribunales y organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo que cuenta con un plazo de seis meses, así como ya fue presentado un escrito ante la Corte Penal Internacional de La Haya.