la diaria Falso

(Archivo, 2021)

Foto: Ernesto Ryan

Es falso que descendientes de charrúas reclaman una subvención monetaria por parte del Estado uruguayo como afirma posteo viral

Organizaciones indígenas reclaman reconocimiento, restitución territorial y reparación por daños sufridos por sus antepasados, pero no hay evidencia de que exista un pedido generalizado de compensaciones económicas individuales.

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En las últimas semanas, el legado indígena en Uruguay tuvo una fuerte presencia en los medios de comunicación y en distintas actividades públicas, en el marco de las conmemoraciones del Día del Patrimonio, para el que este año el Poder Ejecutivo definió como consigna “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro”.

En ese contexto, en los últimos días se viralizaron publicaciones en redes sociales que afirman que representantes del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) reclaman subvenciones económicas por parte del Estado como forma de reparación por los actos perpetrados contra los pueblos originarios.

La desinformación se originó en una publicación de la cuenta @El Informante_10 en X, que afirma que “falsos charrúas quieren cobrar”. “Este país es joda. Apareció un grupo de hippies roñosos que se autoperciben ‘descendientes de charrúas’, y exigen una ‘reparación del Estado’”, sostiene el mensaje, que se viralizó ampliamente en esa red social.

El posteo incluye un fragmento de una entrevista realizada en el programa La Colmena, de la diaria Radio, a integrantes del Conacha. En el extracto, Mónica Michelena, integrante de la organización, relata la herencia cultural que recibió de su familia y las tradiciones que le fueron transmitidas. Sin embargo, en ese fragmento no se menciona ningún reclamo de reparación económica. Tampoco en el resto de la entrevista se plantean exigencias de compensaciones monetarias al Estado.

Qué se reclama y quiénes lo reclaman

En una entrevista publicada por Montevideo Portal en julio de 2019, Michelena había señalado que los principales reclamos eran el reconocimiento de la existencia de población indígena en Uruguay, la realización de un estudio sociodemográfico sobre las personas con ascendencia indígena y el reconocimiento de la matanza de Salsipuedes como genocidio.

Consultada sobre la reparación histórica, la referente había explicado que “el Estado debería hacer una reparación histórica respecto del genocidio y del ocultamiento, una reparación simbólica. Nosotros no exigimos dinero, exigimos una reparación a través de la educación y a través de los discursos oficiales”.

Por otra parte, el sitio web del Conacha menciona una serie de principios y objetivos en los que no se incluyen reclamos de reparaciones materiales. Entre los principios se mencionan la recuperación, revitalización y sistematización de la cultura charrúa; la protección y defensa de su legado ancestral; protección y “preservación de la Madre Tierra”; y el rechazo, condena y denuncia de discursos racistas y discriminatorios.

Asimismo, señalan nueve objetivos, entre los que se destacan la promoción de “estudios de investigación histórica, lingüística, arqueológica y antropológica” y el “revisionismo histórico”; así como el “reconocimiento del aporte de los Pueblos Originarios en la construcción de una sociedad pluricultural”.

El reclamo de tierras

En octubre de 2015, el diario El País informó que Martín Delgado Cultelli, entonces vocero del Conacha, había reclamado al Estado la propiedad de unas 2.000 hectáreas de campo y el control de cementerios indígenas. Según la nota, el dirigente consideraba que estas medidas permitirían resolver los problemas entre el Estado y los descendientes de charrúas.

El planteo generó diferencias dentro del movimiento indígena. En marzo de 2016, la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa (Adench) explicó públicamente su decisión de abandonar el Conacha y señaló que las declaraciones sobre la entrega de tierras habían sido uno de los motivos que desencadenaron la ruptura. Por lo tanto, entre quienes se declaran descendientes de charrúas no existía una posición unificada sobre las prioridades y las formas de reparación.

Anteriormente, en 2013, el Conacha presentó una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en la que argumenta que las comunidades indígenas fueron despojadas de sus territorios y plantea la necesidad de aplicar instrumentos internacionales de protección de sus derechos.

Entre ellos se encuentra la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Su artículo 28 establece el derecho a la reparación por tierras, territorios y recursos confiscados, ocupados o dañados sin consentimiento libre, previo e informado. La norma contempla distintas modalidades, como la restitución y, cuando esta no sea posible, una indemnización justa y equitativa. Salvo acuerdo diferente, la reparación puede consistir en tierras, territorios y recursos de calidad, extensión y condición jurídica equivalentes, o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.

En su presentación, el Conacha sostuvo que la restitución territorial era necesaria para el desarrollo de su cultura y reclamó tierras para la colectividad. Sin embargo, si bien existe un antecedente documentado de reivindicaciones materiales vinculadas a la reparación histórica, la solicitud no incluye la demanda de pagos individuales para todas las personas descendientes de charrúas.

La huella indígena en Uruguay

El Censo 2023 del Instituto Nacional de Estadística registró que el 6,4% de la población uruguaya declaró tener ascendencia indígena, frente al 5,1% registrado en el censo de 2011. Se trata de una respuesta de autoidentificación sobre la ascendencia étnico-racial, y no de un registro exclusivo de personas que se identifican como charrúas ni de un recuento de integrantes de organizaciones indígenas.

Los estudios genéticos, por su parte, muestran que la huella indígena en la población uruguaya es mayor que la que suele sugerir la imagen histórica de Uruguay como un país de ascendencia casi exclusivamente europea. Una investigación publicada en 2021 en la revista Frontiers in Genetics, basada en una muestra de población uruguaya, estimó un promedio de aproximadamente 14% de ancestría indígena a nivel autosómico. Este indicador analiza material genético heredado de ambas ramas familiares y no equivale al porcentaje de personas que se identifican como indígenas.

Otro indicador es el ADN mitocondrial, que se transmite por vía materna y permite rastrear una sola línea de ascendencia entre las múltiples ramas del árbol genealógico. Las investigaciones de la genetista Mónica Sans señalan que aproximadamente el 40% de los linajes maternos analizados en el marco de investigaciones recientes tiene origen indígena.

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