A pocos días de la Marcha del Silencio, volvieron a circular en redes sociales diferentes publicaciones con desinformación y con contenido negacionista. Entre los principales afectados se encuentran los referentes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, a quienes se les atribuyen versiones falsas sobre el cobro de pensiones reparatorias.
Uno de los casos más señalados es el de Ignacio Errandonea, referente de la organización, quien fue acusado en reiteradas ocasiones de recibir la pensión especial reparatoria (PER), asistencia brindada a aquellas personas que sufrieron prisión ilegal por parte del régimen dictatorial. De acuerdo a una serie de posteos en X, el militante estaría percibiendo la PER, reclamo que habría realizado en base a la prisión sufrida en el año 1972. No obstante, consultado por la diaria Verifica, Errandonea aclaró que no recibe la PER ni ninguna otra prestación brindada por el Banco de Previsión Social (BPS).
El bulo fue divulgado por el usuario @Elinformante_1, cuenta que usualmente difunde desinformación y cuyo titular fuera procesado en dos ocasiones por la Justicia, la segunda con prisión, por el delito de difamación, injurias e incitación al odio. En el posteo presenta un recibo de cobro del BPS, en el que los campos correspondientes a los datos personales se encuentran censurados y cuya titularidad se atribuye a Errandonea.
A la par de este posteo, también se difundió un video por parte del usuario @SeUruguay (Se Tiene Que Saber Uruguay), cuenta desde la que se reclama por la liberación de reclusos procesados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Domingo Arena, a quienes define como “presos políticos”. En el recorte, se observa una charla entre el escritor Álvaro Alfonso y Horacio Lampariello, quienes leen la declaración de Errandonea ante una comisaría en 2011, donde relata los hechos en que fuera detenido por personal policial en 1972, cuando aún era menor de edad.
“¿Pensión terrorista, por la sola voluntad del intere$ado, y sin mostrar ni una sola prueba?” dice el mensaje. No obstante, la afirmación desconoce que la PER, contemplada en la Ley N° 18.033, solamente puede ser solicitada por quienes hayan sido procesados por la Justicia Militar o Civil en el período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Además, pueden quedar comprendidas las personas que hayan partido al exilio por motivos políticos y quienes puedan acreditar haber sido destituidas de su actividad privada por motivaciones políticas.
Las desinformaciones de siempre
A la par de esta desinformación, volvió a divulgarse el relato sobre la madre Inés Aparicio, “la falsa desaparecida” tupamara que habría participado de la causas de los bolsos con dinero provistos por exministro de Obras Públicas argentino, José López, quien figuraría en la lista oficial de detenidos desaparecidos de Uruguay. De acuerdo a alguno de los posteos, Aparicio sería una de las beneficiarias de las PER, motivo por el cual mantendría en secreto su paradero.
“Resultó ser una tupa desaparecida y por arte de magia apareció!” señala el posteo, que retoma parte de las narrativas falsas divulgadas anualmente en fechas próximas al 20 de mayo. Sin embargo, esta versión fue desmentida por Chequeado, medio argentino que confirmó que Aparicio no fue integrante del MLN.
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