“Muchos quieren alimentos orgánicos, que estén en un laboratorio y te pongan el sello. A mí me interesa también si hay justicia social, si hay una perspectiva de género, cómo está la calidad de vida de los que producen los alimentos”, señaló Mariana Achugar, integrante de la Asociación Barrial de Consumo (Asobaco). El grupo integrado por consumidores, que se contactan directamente con productores agroecológicos para abastecerse, organizó una actividad el sábado en la plaza Las Pioneras para “defender” el sistema participativo de garantía.
47 instituciones y organizaciones sociales se adhirieron a un comunicado que emitió la asociación el 9 de octubre. “El consumo es político y nuestro derecho a la participación es una oportunidad de incidir en las formas en que usamos nuestro territorio, en cómo nos relacionamos con otras personas y el ambiente y a qué destinamos nuestros recursos”, se manifiesta en el comunicado.
Los consumidores organizados reclamaron su derecho a saber cómo se producen los alimentos que comen, cómo afecta al ambiente y en qué condiciones trabajan las comunidades que los producen. “Ser parte del proceso de certificación es una oportunidad para aprender sobre la tierra y las formas de cultivo, establecer vínculos de cercanía y confianza con las personas productoras y ofrecer una mirada desde quienes participamos en el proceso consumiendo lo producido”, añade el comunicado.
La Red de Agroecología (RAU), bajo la personería jurídica de la Asociación Certificadora de la Agricultura Ecológica del Uruguay (Acaeu), era la entidad encargada de brindar certificaciones a productores bajo el sello “ecológico” desde 2015. Productores ecológicos, consumidores, distribuidores de alimentos y organizaciones sociales integraban su Programa de Certificación Participativa. Asobaco integra la RAU como grupo de consumidores y participó en las certificaciones orgánicas.
En julio, integrantes de la RAU se reunieron con el titular de la Dirección General de Servicios Agrícolas, Leonardo Olivera, y el titular de la Dirección General de la Granja, Nicolás Chiesa. Se les informó que “hasta la aprobación de nuevas normativas que están siendo discutidas a nivel parlamentario” la responsabilidad de la certificación para la producción “orgánica, ecológica y biológica” sería del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), según contó la RAU en un comunicado.
Gastón Carro, ingeniero agrónomo e integrante del Comité de Ética de la RAU, planteó que el MGAP busca aplicar “sistemas de certificación de tercera parte”. “Hay que contratar una empresa para poder acceder a esa certificación, que es externa al sistema y tiene un costo aproximado de entre 6.000 y 8.000 dólares por año para cada productor”, apuntó. Desde su punto de vista es una “exclusión clara” para los productores familiares, que define como “la base alimentaria” de la sociedad.
“En un período de menos de diez años, los productores agroecológicos familiares aumentaron más de 25%-30% en número, mientras que el sistema hegemónico lo que ha hecho es declinar la cantidad de productores año a año”, expresó el ingeniero agrónomo. Recordó que la agroecología no es “solamente la producción orgánica” y que se está intentando “cooptar un poco el trabajo” del movimiento. “Tenemos que plantear una agricultura sustentable, adaptada climáticamente, que implique un cambio en la forma de relacionarse entre los consumidores”, declaró.
Las razones
En el comunicado emitido por Asobaco se enumera una serie de razones por las que el sistema participativo de garantía (SPG) ‒que incluye a consumidores, técnicos y productores agroecológicos‒ es necesario. “Queremos contribuir a través del consumo responsable a defender un modelo de producción que garantice un territorio sano, libre de fumigaciones dañinas, entendiendo que la salud del territorio y la nuestra es una sola salud”, detalla.
También explica que la organización “fomenta los vínculos y la compra local” a productores familiares, asegurando “precios justos” para las partes. El Plan Nacional de Agroecología es mencionado en el comunicado y se dice que “surgió de la articulación de años entre muchísimas personas y organizaciones” hasta declararse de Interés Nacional en 2018. “En el proceso se acumuló un capital de experiencia y sobre todo confianza entre los múltiples y diversos actores, base necesaria en cualquier proceso de certificación. Suspender hoy el SPG socava los propios fundamentos que han de sostener una certificación orgánica”, plantea.
Achugar participó como consumidora en la certificación. Contó que en el proceso entendió las “dificultades que hay para los productores” que buscan seguir el camino de la agroecología y por esta razón se unificaron para comprar. Aseguró que les da “cierta seguridad”. “Es como un compromiso de asegurarle cierta compra a nivel mensual que les permite planificar; y a nosotros, decir qué queremos consumir. También entender, cuando se producen ciertos alimentos, que no podés comer todo lo que querés siempre, que hay una época en la que crecen ciertos alimentos”, comentó.
La integrante de Asobaco señaló que el sistema participativo de garantía es “un derecho adquirido de los consumidores” y que ahora “lo quieren sacar”. “Nosotros estamos pidiendo, ya que conseguimos este derecho de poder decir y tener un espacio, que nos permitan continuar, que no nos quiten derechos”, agregó.
En el comunicado también se asevera que buscan “defender la construcción de caminos autónomos y colectivos” que garanticen el acceso a “semillas, tierra, agua, conocimiento y saberes”, permitiendo así “la soberanía alimentaria” de la población. Otra razón nombrada es el agua: en las visitas a los predios de los productores aprendieron que “existen distintos modos de cuidarla desde la agroecología”.
Las barreras
Patricia Muñoz es apicultora desde 2006 en la zona de Las Brujas, Canelones, y es una de las productoras que abastecen a Asobaco. Contó que la zona es “bastante frutícola” y ha sufrido mortandad de abejas debido a la aplicación de plaguicidas; incluso han hecho denuncias al respecto. “Para los que producen orgánica o agroecológicamente, o los apicultores todos, es perder-perder. Se te impone el otro modelo y no tenés defensa. Si bien a nivel gremial y con movilizaciones ha habido algunos avances, nunca es suficiente, y se siguen aplicando agrotóxicos que no están permitidos”, relató. Explicó que tener las colmenas “en zonas más aptas para una producción agroecológica” requiere alejarse y “tiene un costo”. No certifican su miel porque “el entorno no lo permitiría”.
A pesar de que entre 90% y 95% de la producción de miel uruguaya se exporta, Muñoz decidió vender su producción en el mercado interno desde hace un par de años. “Siempre vendimos más al mercado interno, fue una fortaleza, porque cuando el precio internacional se desparramó y quedó casi a la par del precio de producción, era imposible sobrevivir; el sector apícola se endeudó mucho”, comentó.
Uno de los criterios de comercialización para la agroecología es potenciar los mercados de cercanía. Para la apicultora “tiene sentido”, porque los costos del traslado se pagan “con un bajo precio del productor o con un sobreprecio al consumidor”, y eso “no se justifica”. Aseguró que su forma de producción para el mercado interno le permite llegar a comercios pequeños y a “barrios más humildes”, a los que muchos proveedores no van porque “compran poco”. “A la larga es beneficioso para todos. Nosotros vendemos el kilo y el vasito de miel. El vasito en realidad no rinde; aparte, los que producimos miel queremos vender miel, no envases”, dijo entre risas. “Pero los barrios más pobres compran vasitos, y el uruguayo promedio consume mucha miel”, agregó.
Muñoz aseguró que las “políticas públicas diferenciadas” tendrían que existir “para toda la producción familiar y especialmente para la agroecológica u orgánica”, si es que “al Estado le importa la salud de la población y los vínculos más justos”. Dijo que si los vínculos comerciales dependen de la escala, “el grande se come al chico y es ley”. Argumentó que “hubo parches” para intentar evitar la situación, pero no cambios que “tuvieran impacto en lo estructural”, y que por esta razón se “siguen perdiendo productores familiares”.
Sostener la vida
Durante la actividad también se hizo un taller a cargo de dos integrantes del colectivo ecofeminista Dafnias: Marcela Rondoni, bióloga que actualmente está cursando una maestría en Ecología Política, y Marta Chiappe, ingeniera agrónoma que se ha dedicado a la sociología rural. “¿De qué depende la vida? Por un lado dependemos de un ecos, de un ambiente. Somos hiperdependientes, porque tenemos cuerpos que son vulnerables, que necesitan ser cuidados y son finitos. Problematizamos que históricamente la mujer se ha encargado mucho más de las tareas del cuidado y de los cuerpos en general”, expresó Rondoni.
La bióloga comentó que está transcurriendo un “momento histórico particular” de “crisis civilizatoria” en que el sistema económico y el modelo de desarrollo están llegando “a un límite”. “En las próximas décadas tenemos que hacer algo o realmente la vida se vuelve inviable, hay un reordenamiento en cómo se sostiene la vida; ahí es cuando surgen más conflictos o alternativas autogestionadas que proponen nuevas formas de participación y que buscan de alguna manera sostener la vida”, señaló. Agregó que la pregunta es cómo se relaciona “la tarea de sostener la vida” con el género.
Chiappe sumó que la agroecología “cuestiona los sistemas agroalimentarios” y propone “la participación de distintos actores”; pero que la mirada del ecofeminismo sobre la agroecología “busca meterse con una lupa en las inequidades que pueden existir entre los distintos géneros”.